Experto habló sobre los planes de vivienda que tiene Abelardo de la Espriella: “Tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es pobreza”

Antes de que sea posesionado como presidente, una de las propuestas de campaña que más ha llamado la atención de Abelardo de la Espriella es “Casa Milagro”, que deberá ser implementada por el designado ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán.

Antes de los comicios, De la Espriella anunció que el programa plantea la construcción de más de un millón de viviendas durante el periodo presidencial, con el objetivo de reactivar el sector y facilitar el acceso a vivienda propia para familias de bajos y medianos ingresos.

En diálogo con Infobae Colombia, el empresario Óscar Ramírez Acevedo, experto en el área de construcción, habló sobre la viabilidad de la iniciativa y cómo esta podría comenzar a operar con “País de Propietarios”, un modelo que busca articular al Estado, el sistema financiero, los municipios, las familias y el sector constructor, con el objetivo de construir un millón de viviendas mediante cuotas mensuales de 500.000 pesos.

El experto explicó que para ello se tendrían que abordar temas como la financiación, la disponibilidad de suelo, la participación de la banca y la coordinación institucional, puesto que la propuesta parte del modelo Suvs (Sistema Único de Vivienda Subsidiada), para la entrega de viviendas de 100 millones, con pagos comparables o inferiores a los cánones de arrendamiento actuales en el país.

“Tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es pobreza”, afirmó Ramírez, que destacó que la construcción de vivienda no solo resuelve el acceso a la propiedad, sino que también impulsa la economía en múltiples sectores. Según el industrial, cada vivienda construida genera empleo para obreros, ingenieros, arquitectos, transportadores, ferreterías, fabricantes de acero, cementeras y proveedores de insumos.

El planteamiento incluye una reflexión sobre el rol del acero y la construcción en la economía nacional, con la afirmación de que ningún sector productivo se desarrolla sin la infraestructura y los materiales que proporciona la industria de la construcción.

El experto afirmó que, en términos de articulación institucional, el modelo propone la colaboración entre el Gobierno nacional, el Fondo Nacional del Ahorro, el sistema financiero, las entidades territoriales, los propietarios de suelo y los constructores privados, con el propósito de consolidar una política pública que amplíe el acceso a la propiedad y convierta la vivienda en un motor sostenible de desarrollo económico.

Cabe mencionar que, durante los últimos meses, País de Propietarios ha sido discutido en escenarios empresariales, académicos y gremiales, y previamente los promotores han hablado sobre la posibilidad de instalar una mesa técnica con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

El diseño de País de Propietarios contempla la participación activa de las familias beneficiarias, que aportarían cuotas mensuales, lo que, de acuerdo con el empresario, no representa una competencia entre iniciativas, lo que habitualmente se registra en el mercado, sino una oportunidad para sumar enfoques políticos y técnicos en torno a un objetivo común: “ampliar el acceso a la vivienda y fortalecer el sector de la construcción como motor de empleo y productividad”.

Los retos de Beltrán en el Ministerio de Vivienda

Jaime Andrés Beltrán asumirá el Ministerio de Vivienda con el reto de liderar la construcción de más de un millón de viviendas, meta fijada por el nuevo gobierno. Entre sus desafíos principales se encuentra garantizar la financiación suficiente para los programas habitacionales, incluyendo el fortalecimiento de subsidios y la reducción de tasas de interés para facilitar el acceso a crédito hipotecario.

La gestión de suelo urbano y la articulación con alcaldías y gobernaciones para habilitar terrenos en distintas regiones del país representan otro reto clave. Beltrán deberá coordinar la participación de la banca, el sector constructor y las entidades territoriales, además de asegurar la continuidad y ampliación de programas como arriendo con opción de compra y la promoción de alianzas público-privadas para movilizar recursos. También enfrenta el desafío de optimizar la ejecución presupuestal y garantizar transparencia en la adjudicación de subsidios y contratos relacionados con vivienda social.