Corte Suprema avala despido por no justificar $100 millones retirados de cesantías

La Corte Suprema de Justicia avaló el despido con justa causa de un trabajador que no justificó el uso de 100 millones de pesos retirados de manera anticipada por concepto de cesantías. La decisión reitera que esta prestación social no puede utilizarse libremente cuando se solicita antes de tiempo, sino que debe destinarse a los fines autorizados por la ley.

El caso fue estudiado por la Sala de Casación Laboral, que recordó que tanto trabajadores como empleadores tienen responsabilidades frente al retiro anticipado de cesantías. El alto tribunal señaló que el control sobre el destino de esos recursos es una obligación compartida y que su incumplimiento puede generar consecuencias laborales y económicas.

De acuerdo con la información publicada por Semana, el trabajador llevaba 37 años vinculado a una empresa y solicitó el retiro anticipado de sus cesantías. Sin embargo, después de recibir el dinero, no acreditó que los recursos hubieran sido usados para el propósito legal que permitió el desembolso.

La Corte sostuvo que “el control sobre el uso adecuado de las cesantías anticipadas es una responsabilidad obligatoria y de doble vía”. Con esa precisión, el tribunal dejó claro que el empleado debe demostrar el uso correcto del dinero, pero la empresa también debe revisar que se cumplan los requisitos antes de entregar los recursos.

Trabajador debía probar el destino del dinero

La Sala explicó que cuando un trabajador solicita cesantías anticipadas, debe ajustarse a las finalidades previstas por la legislación. Si no demuestra que el dinero fue usado para el fin autorizado, puede enfrentar la terminación del contrato por justa causa.

En este caso, el punto central fue que el empleado no justificó el destino de los 100 millones de pesos recibidos. Para la Corte, esa omisión configuró una falta que permitió al empleador terminar la relación laboral dentro del marco del Código Sustantivo del Trabajo.

El fallo también envía un mensaje preventivo a quienes solicitan cesantías antes de tiempo. Aunque se trata de recursos del trabajador, su retiro anticipado está condicionado por la ley y exige soportes que demuestren la finalidad del uso.

Esto significa que no basta con pedir el desembolso y recibir el dinero. El trabajador debe conservar documentos, facturas, contratos o pruebas que permitan verificar que los recursos fueron destinados al propósito autorizado.

Empresas también pueden asumir consecuencias

La Corte Suprema también advirtió que la responsabilidad no recae únicamente sobre el trabajador. El empleador debe verificar el cumplimiento de los requisitos legales antes de aprobar y entregar el anticipo de cesantías.

Si la empresa desembolsa los recursos sin hacer esa revisión, puede perder las sumas entregadas y no tendrá la posibilidad de exigir posteriormente su devolución al trabajador. Esa precisión refuerza el deber de control interno en los procesos laborales y administrativos.

El fallo abordó además el principio de inmediatez en los procesos disciplinarios. El trabajador alegó que la empresa había tardado varios meses en iniciar el procedimiento después de entregar el dinero, por lo que consideraba vulnerado ese principio.

No obstante, la Sala concluyó que no hubo irregularidad. Según la Corte, “el plazo para convocarlo empieza a correr desde la configuración definitiva de la falta y no desde la entrega de los recursos”. En este caso, la empresa hizo varios requerimientos para que el trabajador explicara el uso de las cesantías antes de citarlo a descargos.

Con esta decisión, el alto tribunal reiteró que las cesantías son una prestación social con finalidades específicas y no un ahorro de libre disposición cuando se piden de forma anticipada. El retiro debe estar respaldado por condiciones legales y por una verificación adecuada de su destino.

La sentencia deja una advertencia para trabajadores y empleadores: quien solicite cesantías anticipadas debe demostrar su uso, y quien las autorice debe revisar los soportes. De lo contrario, el trabajador puede perder su empleo con justa causa y la empresa puede enfrentar consecuencias por falta de control.