La Fiscalía General de la Nación destapó una operación delictiva que involucra a un mayor y dos patrulleras de la Policía Nacional en el municipio de El Tambo, Cauca.
Los funcionarios, identificados como Ángelo Leonardo Hernández Rubiano, Diana Marcela Leiton Sánchez y Tatiana Alejandra Joaqui Zúñiga, junto con el civil Yecid Castro Rojas, están acusados de apropiarse y comercializar motocicletas previamente reportadas como robadas y recuperadas por la fuerza pública.
De acuerdo con información oficial, el grupo utilizó su posición dentro de la institución para montar un “concesionario” clandestino con vehículos incautados en operativos de seguridad. Según la Fiscalía, los acusados omitieron reportar la recuperación de al menos diez motocicletas y permitieron que particulares accedieran al parqueadero de la estación para retirar los vehículos, los cuales luego eran vendidos de forma ilegal.
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Roles definidos y modus operandi
La investigación señala que el mayor Hernández Rubiano facilitó las omisiones en los registros oficiales y autorizó, en dos ocasiones, el retiro de las motocicletas por parte de terceros.
La patrullera Leiton Sánchez realizó los procedimientos de incautación, pero omitió notificar a las autoridades superiores y coordinó la extracción de varios automotores el 15 de febrero de 2026, junto con el particular Castro Rojas.
Por su parte, la patrullera Joaqui Zúñiga, que cumplía funciones de secretaria en la estación, permitió el ingreso de personas ajenas a la institución el 18 de enero, que sacaron parte de las motocicletas bajo su supervisión. De acuerdo con lo detallado por la Fiscalía General de la Nación, “ese día relevó a los guardias de turno aduciendo que la orden provenía del mayor Hernández Rubiano”.
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La ruta de las motocicletas robadas
La mayoría de las motocicletas involucradas fueron recuperadas tras operativos en la Vía Panamericana, en el sector conocido como Río Blanco, jurisdicción de Popayán (Cauca). Los procedimientos policiales permitieron incautar vehículos reportados como hurtados en distintas regiones del país. Sin embargo, en lugar de ser devueltas a sus propietarios, las motos terminaron en manos de los responsables del esquema delictivo.
Un hecho clave quedó evidenciado cuando, tras un operativo, se incautaron diez motocicletas reportadas como robadas. El procedimiento nunca fue oficializado y se facilitó la entrada de civiles al parqueadero de la estación para retirar los vehículos, según documentó la Fiscalía en la audiencia ante el juez de control de garantías.
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Imputaciones y medidas judiciales
Los cuatro implicados fueron capturados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, durante operativos en Popayán y Tunja (Boyacá). Un fiscal de la Seccional Cauca les imputó los delitos de prevaricato por omisión, peculado por apropiación y hurto calificado y agravado. Ninguno aceptó los cargos.
Por decisión judicial, el mayor Hernández Rubiano y las patrulleras Leiton Sánchez y Joaqui Zúñiga deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que el civil Castro Rojas permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia.
Un golpe a la confianza institucional
Según la Fiscalía General de la Nación, “los procesados omitieron reportar el resultado de los procedimientos y facilitaron que terceras personas se llevaran diez de los automotores del parqueadero de la instalación policial”. El caso ha generado preocupación en la comunidad y pone en entredicho los controles internos para la custodia de bienes recuperados en operativos policiales.
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Las autoridades judiciales avanzan en el proceso, mientras los señalados enfrentan el proceso en medio de una medida de aseguramiento que busca evitar la obstrucción de la investigación y el riesgo de fuga. El caso llamó la atención de la opinión pública, ya que involucra a funcionarios encargados precisamente de combatir el delito de hurto de vehículos en la región.
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