
El Tribunal Superior de Pereira declaró en desacato a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, dentro del proceso relacionado con dos menores de edad que salieron de Colombia en febrero de 2025 junto a su padre, un empresario mexicano, y cuyo paradero aún no ha sido establecido con certeza.
La determinación judicial también cobija al Consejo Directivo del Icbf, debido a su condición de superior jerárquico de la funcionaria. El tribunal le concedió a Cáceres un plazo de tres días para entregar explicaciones y aportar las pruebas que considere pertinentes dentro del trámite incidental, en garantía de su derecho de defensa y contradicción, de acuerdo con El Tiempo.
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Como parte del proceso, el despacho judicial solicitó a la oficina de Gestión Humana del instituto información sobre la directora, entre ella su número de identificación y el acto administrativo mediante el cual fue nombrada, con el objetivo de individualizar correctamente a la funcionaria dentro de la actuación.
Además, según información conocida por el medio citado, el Tribunal ordenó remitir copias a la Procuraduría General de la Nación para que, en su papel de autoridad disciplinaria, analice el posible incumplimiento de la decisión judicial.
Madre denuncia salida irregular de las menores

El caso involucra a dos niñas de cinco y 11 años, quienes fueron trasladadas fuera del territorio colombiano junto a su padre, Eduardo Javier Natividad Maqueda, un empresario mexicano. La madre de las menores, Melissa Zuluaga Castro, sostiene que la salida del país ocurrió pese a una orden judicial que impedía separar a las niñas de ella y que garantizaba su derecho de visita.
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La abogada Luz Amanda Avella, representante de Zuluaga, ha señalado que las menores estarían en México y que el caso corresponde a una presunta sustracción internacional de menores. La familia de las niñas ha calificado la situación como un posible secuestro y reclama que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y permitan el regreso de las menores a Pereira.
La defensa asegura que el padre habría sacado a las niñas del país sin autorización y que el traslado se habría realizado incumpliendo las restricciones establecidas dentro del proceso de custodia. Según la versión entregada por la abogada, las menores habrían pasado por otros territorios antes de llegar a México.
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La familia también convocó un plantón frente al Palacio de Justicia de Pereira para exigir respuestas de las autoridades y pedir avances en la investigación.
Tutela frenó decisión de cerrar investigación

La controversia aumentó luego de que la Fiscalía Primera Seccional de Pereira decidiera precluir la investigación que adelantaba por los delitos denunciados por la madre, entre ellos secuestro, sustracción internacional de menores, ejercicio arbitrario de la custodia y fraude a resolución judicial o administrativa.
Ante esa decisión, la defensa de Melissa Zuluaga presentó una acción de tutela argumentando una posible vulneración de derechos fundamentales. La solicitud fue admitida y, como consecuencia, quedó suspendida la audiencia en la que se buscaba avanzar con el cierre del proceso mientras un juez constitucional analiza la actuación de la Fiscalía.
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La abogada Avella afirmó que la disputa ha tenido diferentes etapas: inicialmente buscaban demostrar que las niñas debían permanecer bajo el cuidado de su madre en Pereira; posteriormente intentaron impedir que fueran trasladadas fuera del país y, finalmente, han buscado frenar cualquier decisión de custodia en México que, según la defensa, podría estar sustentada en elementos cuestionables.
Dentro del proceso también se ha discutido la existencia de alertas amarillas de Interpol para intentar ubicar a las menores. La defensa de la madre cuestionó la decisión de cancelar dichas alertas y pidió que se mantengan las acciones encaminadas a establecer dónde se encuentran las niñas.
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Icbf defendió sus actuaciones

Frente al proceso de desacato, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aseguró que ha actuado dentro de las competencias que le corresponden como Autoridad Central para la aplicación del Convenio de La Haya de 1980 sobre restitución internacional de menores.
La entidad explicó que, mediante la Subdirección de Adopciones, ha informado a Melissa Zuluaga sobre el estado del trámite de restitución internacional y aseguró que el pasado 8 de julio respondió al requerimiento previo realizado dentro del incidente de desacato.
Sobre la salida de las niñas del país, el icbf indicó que no es la autoridad encargada de establecer las circunstancias en las que ocurrió el traslado ni de determinar si hubo fallas en los controles migratorios.
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