Congresistas le enviaron a Abelardo de la Espriella el ‘prontuario’ de investigaciones contra el Gobierno Petro: “Graves irregularidades”

Un grupo de congresistas de oposición entregó al comité de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella un nutrido informe de más de 40 páginas sobre más de 30 presuntas irregularidades en la gestión del gobierno de Gustavo Petro en sectores como salud, defensa, agricultura, relaciones exteriores y minas.

El documento reúne denuncias, hallazgos, inconsistencias y riesgos administrativos, presupuestales, contractuales, financieros e institucionales recopilados entre el 7 de agosto de 2022 y el 6 de agosto de 2026. Los congresistas pidieron que esos casos sean incorporados al proceso de empalme para evaluar el estado real de programas, contratos y proyectos estratégicos, así como las contingencias que asumiría el nuevo Gobierno desde el 7 de agosto.

Los autores del informe son los representantes Carolina Arbeláez, Julio César Triana y Jorge Méndez, de Cambio Radical, junto con Andrés Forero, Hernán Darío Cadavid, Juan Fernando Espinal y Christian Garcés, de Centro Democrático.

“El país merece conocer en qué condiciones recibe el nuevo Gobierno la administración pública. Este informe reúne hechos documentados, respuestas oficiales y actuaciones de control político que constituyen un insumo para que el proceso de empalme se adelante con total transparencia y rigor técnico”, señaló la representante a la Cámara Carolina Arbeláez.

El informe presentado al comité afirma que su contenido proviene de debates de control político, derechos de petición, audiencias, mesas técnicas, revisión documental y respuestas oficiales. Según la carta de remisión, el objetivo es facilitar labores de verificación y auditoría e identificar riesgos que puedan afectar la continuidad institucional y la gestión de los recursos públicos.

Los casos que los congresistas ponen como ejemplo de las irregularidades

En el sector Interior, el informe advierte que entre agosto de 2022 y marzo de 2026 se habrían comprometido $1,9 billones en 1.065 contratos, convenios, transferencias y otros negocios jurídicos con organizaciones indígenas. El documento añade que cinco entidades concentraron cerca del 83% de esos recursos, con el Ministerio del Interior al frente.

En Relaciones Exteriores, el informe señala una expansión de la red consular entre 2025 y 2026 que, según los congresistas, careció de soporte técnico suficiente y elevó cargas fiscales. Entre los ejemplos citados figuran gastos de 419.498 dólares en 2025 para el consulado en Monterrey antes de su apertura oficial en febrero de 2026 y una inversión superior a 223.000 dólares en Estambul para una sede con 293 potenciales votantes.

En Salud, el informe sostiene que el ministerio mostró baja ejecución de la inversión y diferencias entre recursos asignados, comprometidos y ejecutados. Según ese documento, en 2024 la cartera contó con $1,87 billones de presupuesto de inversión, comprometió $1,76 billones y obligó $761.899 millones, por lo que dejó sin ejecutar $996.738 millones; a junio de 2025, de un presupuesto de $1,93 billones, solo había obligado $64.208 millones.

El informe agrega que la EPS Sanitas acumulaba, al 31 de mayo de 2026, obligaciones por $1,9 billones con instituciones prestadoras de salud y que 28 prestadores suspendieron servicios durante 2025 y 2026 por incumplimientos de pago por aproximadamente $17.000 millones. También menciona el programa Equipos Básicos de Salud, sobre el que señala giros por $1,6 billones en 2024, con información de ejecución por solo $317.000 millones.

En Minas y Energía, los congresistas pidieron revisar dos contratos de soluciones solares fotovoltaicas ligados a la estrategia de Comunidades Energéticas. El informe sitúa la operación en un monto cercano a $400.000 millones y sostiene que la ejecución a través de la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. (Dispac) amerita examen por la contratación directa, la escasa concurrencia de oferentes y los tiempos del proceso.

En Defensa, el informe relaciona inconsistencias en el pago de condenas judiciales, auxilios funerarios y mantenimiento de aeronaves, además del caso de los helicópteros MI-17. Según ese documento, entre 2019 y mayo de 2025 el Estado pagó 844 condenas por $1,269 billones, incluidos $639.526 millones en intereses moratorios, y en 2024 se denunció que 10 helicópteros MI-17 estaban fuera de servicio en Tolemaida por falta de mantenimiento y repuestos.

Sobre los auxilios funerarios, el informe afirma que entre 2019 y 2025 hubo 1.219 solicitudes y 8.452 beneficiarios, diferencia que, según los congresistas, el Ministerio de Defensa no explicó. El mismo texto recoge una declaración del actual ministro de Defensa del 18 de septiembre de 2025: “Habla de auxilios de defunción y dice que son mayores a la cifra de militares y policías que han muerto. Sí, porque también son los auxilios que se dan a los pensionados, por ejemplo, le faltó tener en cuenta eso”.

Los sectores donde el informe reporta más rezagos y riesgos

En Agricultura, el informe centra parte de sus señalamientos en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y en la reforma agraria. Allí sostiene que la meta anunciada de tres millones de hectáreas se redujo primero a 1,5 millones y luego a 560.239 hectáreas en la programación interna, mientras apenas 88.346,34 hectáreas de las reportadas como entregadas contaban con registro definitivo ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (Orip).

El documento también señala compras y adjudicaciones de predios que se traslapan con áreas protegidas en Huila y cita un informe preventivo de la Procuraduría de 2024 sobre procesos de compra para la reforma rural. Además, menciona decisiones de política pública sobre el arroz, la financiación de una asamblea cafetera en 2024 y denuncias sobre metas del sector agropecuario con 0% de ejecución, según respuestas oficiales del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

En Educación, el informe ubica uno de los focos en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Con base en información de la Fiduprevisora, sostiene que hasta octubre de 2025 cursaban 14.561 procesos judiciales por sanción moratoria en cesantías, con pretensiones por $199.188 millones, y que los pagos verificados por ese concepto ascendían a $217.433 millones.

El informe también menciona atrasos en pagos de Matrícula Cero a universidades de Antioquia y cuestiona el anuncio del Ministerio de Educación sobre la Universidad Raizal del Caribe. Según el documento, entidades como el DNP, el Ministerio de Hacienda, la Gobernación de San Andrés y el propio ministerio reportaron que el proyecto carecía entonces de registro, viabilidad técnica y financiera, autorización presupuestal y avance precontractual suficiente.

En Vivienda y TIC, el informe habla de rezagos en acceso a agua potable, mejoramientos habitacionales y conectividad regional. Entre sus datos, señala que 5.427.793 personas no contaban con acceso a agua potable en 2024, que varios programas de vivienda rural iban por debajo de sus metas y que departamentos como Chocó, Norte de Santander, Nariño y Cauca perdieron accesos fijos a internet entre 2023 y 2024.

Otro de los apartados con mayor peso presupuestal se refiere al Sistema General de Regalías para ciencia, tecnología e innovación. El informe afirma que en las convocatorias 33 a 43 quedaron sin ejecutar $1.966.124.337.597, cerca de $2 billones, pese a que ya existían procesos de selección adelantados y proyectos elegibles, y atribuye ese resultado a retrasos administrativos y a un cambio de interpretación jurídica del DNP al cierre de 2025.

Los congresistas pidieron que cada asunto documentado sea incorporado a las actividades de análisis y verificación del Comité de Empalme. La carta de remisión reclama que los equipos técnicos evalúen el estado administrativo, financiero, presupuestal, contractual y operativo de los casos, así como el cumplimiento de metas institucionales y las contingencias existentes.