La Contraloría General reportó $33.009 millones en irregularidades en la Unidad para las Víctimas tras detectar bienes entregados sin soportes, sin ubicación física verificada y fuera de los registros contables de la entidad, un hallazgo que el organismo vinculó con un presunto detrimento al patrimonio público en la auditoría sobre la vigencia 2025.
¿Qué es la Unidad para las Víctimas?
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, conocida como “Unidad para las Víctimas”, es una entidad del Estado colombiano encargada de coordinar, orientar y ejecutar las políticas públicas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia.
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Su labor incluye la identificación, registro, atención, asistencia humanitaria y reparación individual y colectiva de quienes han sufrido daños como consecuencia de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto.
También coordina la entrega de ayudas humanitarias, impulsa programas de reparación colectiva, y promueve el acceso a la verdad, justicia y garantías de no repetición para las víctimas. Además, articula acciones entre diferentes entidades del Estado y organizaciones sociales para garantizar los derechos de esta población.
Hallazgo
El dato apareció junto con otro resultado del examen fiscal: la entidad ejecutó apenas el 50,36% de sus obligaciones presupuestales, pese a contar con una apropiación vigente de $4,4 billones, lo que dejó rezagos cercanos a $2 billones, según informó la entidad en un comunicado oficial.
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La revisión se hizo sobre los estados financieros y la información presupuestal con corte al 31 de diciembre de 2025. El organismo también evaluó políticas públicas asociadas con discapacidad, posconflicto, marcador para la paz, equidad de género, rendición de cuentas, participación ciudadana, austeridad del gasto, desarrollo sostenible y valoración de costos ambientales.
La Contraloría señaló que la baja ejecución afectó el cumplimiento de las metas institucionales. Según el comunicado, aunque la entidad adelantó gestiones para impulsar la ejecución y los compromisos misionales, esas acciones no alcanzaron para llevar el gasto al nivel previsto.
El órgano de control afirmó que durante la auditoría encontró fallas en la calidad y confiabilidad de los registros contables. Entre ellas ubicó la falta de reconocimiento de recursos entregados por la Dian en calidad de donaciones.
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Ese punto derivó en tres hallazgos. Uno de ellos tuvo connotación fiscal por $33.009 millones debido a la ausencia de soportes que acreditaran la entrega de bienes a los beneficiarios finales, la imposibilidad de ubicar físicamente las mercancías y la omisión de esos elementos en la contabilidad de la entidad.
La Contraloría sostuvo que esa combinación de fallas configuró un daño cierto de pérdida y un detrimento al patrimonio público. La observación quedó incorporada dentro de la auditoría financiera practicada a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Para la vigencia 2025, la Unidad para las Víctimas tuvo una apropiación total vigente de $4.436.480.318.562. De ese monto, los compromisos ascendieron a $4.341.502.333.045, equivalentes al 97,85% del total del gasto.
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El problema apareció en la ejecución efectiva. Las obligaciones llegaron a $2.234.527.164.750, que representaron el 50,36% del total, una diferencia que para la Contraloría revela una baja ejecución de los recursos apropiados y explica el rezago cercano a $2 billones.
La Contraloría informó que habló de una ejecución insuficiente frente a las necesidades institucionales y los objetivos programados. El organismo vinculó ese resultado con afectaciones en el cumplimiento de las metas de la entidad durante la vigencia auditada.
El balance final del proceso auditor incluyó 23 hallazgos administrativos. De ese total, 18 quedaron con presunta incidencia disciplinaria. La auditoría fue practicada por la Contraloría General de la República y su resultado fue fechado en Bogotá el 15 de julio de 2026.
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