La financiación de las universidades públicas centra un proyecto de decreto que el gobierno de Gustavo Petro tramita con celeridad para dejar reglamentada antes del 7 de agosto de 2026 la nueva fórmula de recursos para las universidades públicas en Colombia.
Según el documento revelado por la revista Cambio, el borrador fija índices, metas y una ruta de gasto que empezaría a operar el 1 de enero de 2027, es decir, cuatro meses después de la entrada de Abelardo de la Espriella al Gobierno nacional.
El decreto busca dejar definida, antes del cambio de gobierno, la aplicación de la Ley 2568 de 2026 sobre la financiación de las universidades públicas. El proyecto no modifica el presupuesto de 2026, pero sí establece la fórmula, los criterios y parte de las condiciones con las que el próximo gobierno calcularía y distribuiría recursos desde 2027.
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La discusión tomó fuerza después de que Viviane Morales, ministra de Educación designada por Abelardo de la Espriella, dijera en una entrevista con Noticias Caracol que existe “asfixia financiera” en las universidades públicas y que al próximo gobierno le corresponderá “reglamentar un nuevo método” de financiación.
Tras las declaraciones, Petro respondió en X y la acusó de querer apagar “la luz del conocimiento” y de preparar un recorte disfrazado de reglamentación. Morales replicó que el propio Ministerio de Educación ya había acelerado el proyecto de decreto que debe desarrollar la reforma.
La ley reformó en marzo de 2026 los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que durante más de tres décadas rigieron la base presupuestal de las universidades públicas. El decreto pendiente debe precisar cómo se aplicará esa reforma, con qué índices, en qué plazos y bajo qué controles.
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El borrador también aclara que sus disposiciones solo entrarían en vigor desde el 1 de enero de 2027. Eso deja intactas las cuentas de este año, pero traza la fórmula que heredaría el primer año fiscal completo del nuevo gobierno.
Cómo cambiaría la fórmula de financiación
La base de funcionamiento de las universidades estatales dejaría de crecer solo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El proyecto ordena que se ajuste con el Índice de Costos de la Educación Superior, que calculará el Dane, con un piso igual al IPC si el nuevo indicador resulta menor.
El cambio responde a un rezago que el propio texto cuantifica. Entre 2000 y 2023, la matrícula de las instituciones públicas aumentó 176%, mientras las transferencias de la Nación crecieron 62% en términos reales.
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Para las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias oficiales, el borrador crea una senda de cinco años para elevar su presupuesto de funcionamiento. La meta es llegar al 0,05% del PIB en el tercer año, unos $927.000 millones, y al 0,07% del PIB en el quinto, cerca de $1,3 billones.
Metas de gasto y condiciones para recibir recursos
El proyecto que pretende ingresar el Gobierno Petro, revelado por Cambio, exige incrementos anuales de al menos 20% sobre lo asignado el año anterior. Esa ruta deja planteada una expansión del gasto para un frente que hasta ahora dependía de decisiones más discrecionales.
Además de la base presupuestal, el decreto regula recursos adicionales para infraestructura, ampliación de cobertura y cierre de brechas territoriales. El Ministerio de Educación deberá construir una metodología específica, aunque la memoria justificativa ya adelanta diez componentes para repartir esos fondos.
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Entre esos criterios figuran acceso y cobertura, permanencia, calidad, investigación, infraestructura, internacionalización, pertinencia, desarrollo docente, costos estructurales y gestión estratégica. El borrador fija esa arquitectura general, pero deja para una etapa posterior el peso exacto de cada componente.
El texto revelado por Cambio también ordena a cada universidad y a cada institución técnica o tecnológica pública elaborar un Plan Indicativo. Ese documento deberá incluir metas sobre cobertura, calidad académica, fortalecimiento institucional, bienestar y permanencia estudiantil e infraestructura física.
La entrega de recursos adicionales no sería automática. El decreto la supedita al cumplimiento de esos planes, al seguimiento periódico del Ministerio de Educación, a la rendición pública de cuentas, al control social de las comunidades educativas y a una evaluación de impacto cada cinco años.
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El costo fiscal y la carrera del Gobierno para dejarlo firmado
La justificación oficial calcula un impacto de $22,1 billones entre 2027 y 2040. Ese horizonte fiscal apunta a elevar la cobertura del 55,4% al 80% en 2040, con 830.000 estudiantes adicionales.
El mismo documento incorpora otro dato sobre la demanda educativa. Según esa proyección, la caída de la natalidad ya provocó el cierre de cerca de 769 colegios entre 2023 y 2024 y afectaría con más fuerza a las universidades privadas que a las públicas en la próxima década.
El borrador añade una meta de largo plazo: que la inversión total de la Nación y las entidades territoriales en universidades públicas alcance el 1% del PIB en 2040. También enumera principios como progresividad, equidad, eficiencia, transparencia, autonomía universitaria, participación, control social y sostenibilidad fiscal.
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La aceleración del trámite quedó registrada el 8 de julio, cuando Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación Superior, y William Felipe Hurtado Quintero, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, pidieron al ministro Daniel Rojas Medellín reducir a siete días el plazo de comentarios ciudadanos. La regla general prevé 15 días calendario para este tipo de proyectos.
El argumento formal fue el vencimiento del plazo legal para reglamentar la ley, fijado para el 19 de agosto. Esa fecha cae después de la posesión del nuevo gobierno, de modo que la administración saliente todavía tenía margen para expedir la norma más adelante.
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El Ministerio de Educación defendió el trámite abreviado con una razón de planeación institucional. “La expedición oportuna del presente decreto resulta indispensable para que las instituciones de educación superior estatales u oficiales inicien el alistamiento institucional requerido para la implementación del nuevo modelo de financiamiento”, sostuvo la cartera al medio nacional.
Si el decreto queda firmado antes del relevo presidencial, la próxima ministra recibirá una reglamentación ya trazada y no solo una ley pendiente de desarrollo. Eso reduciría el margen inicial del nuevo gobierno para redefinir la aplicación de la reforma.
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