La Procuraduría General de la Nación abrió una nueva investigación disciplinaria contra Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Ungrd, por presuntas irregularidades en un contrato de logística de $5.000 millones destinado a atender la emergencia por el fenómeno de La Niña en 2022, en un expediente que se suma al frente penal en el que ya aceptó cargos por el escándalo de corrupción en esa entidad y colabora con la justicia.
La decisión, anunciada el miércoles 15 de julio, también vincula al exsubdirector para el Manejo de Desastres Sneyder Augusto Pinilla Álvarez y al exsubdirector general Víctor Andrés Meza Galván, quien además fue ordenador del gasto delegado del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
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La actuación disciplinaria no implica una sanción, sino el inicio formal de la recolección de pruebas para establecer si hubo faltas y si los tres exfuncionarios tienen responsabilidad.
Según la Procuraduría, el examen se concentrará en la planeación del contrato, en particular en posibles deficiencias previas a su firma. El organismo también busca establecer si el análisis de precios y el estudio de mercado fueron suficientes, razonados y verificables.
El Ministerio Público revisará la legalidad del proceso de selección del contratista y verificará si cumplía con las condiciones de idoneidad exigidas para ejecutar el objeto contractual. También examinará lo ocurrido durante la ejecución del contrato, para determinar si hubo comprobación material del cumplimiento de las obligaciones pactadas.
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Ese mismo análisis incluirá las certificaciones de recibido a satisfacción y la validación de los pagos realizados. En un comunicado, la Segunda Delegada para la Contratación Estatal advirtió que “podrían haberse presentado posibles deficiencias en la planeación del contrato”.
Con esta nueva investigación, la Procuraduría buscará establecer si la contratación usada para atender la emergencia climática de 2022 se ajustó a la ley desde el diseño del negocio hasta el desembolso de los recursos.
El foco está puesto en si el contratista fue escogido conforme a las reglas, si estaba habilitado para cumplir el objeto del acuerdo y si el Estado verificó de manera real lo que pagó.
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El nuevo expediente se suma al caso penal por los carrotanques en La Guajira
Este nuevo frente contra Olmedo López avanza mientras sigue su proceso penal por el caso de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El 23 de junio, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) aceptó responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir dentro del escándalo conocido desde comienzos de 2024.
Ese caso se originó en la compra de 40 carrotanques para transportar agua a comunidades de La Guajira. Según ha detallado la Fiscalía, el contrato fue suscrito por $46.800 millones y habría generado un sobrecosto de $14.163 millones, suma que, de acuerdo con el ente acusador, habría sido apropiada por López, Sneyder Pinilla y el empresario pastuso Luis Eduardo López.
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Por las declaraciones rendidas ante la justicia en ese expediente, hoy están llamados a juicio los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco.
También figuran la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Carlos Ramón González, prófugo en Nicaragua, y el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública César Manrique Soacha.
En el caso de Sneyder Pinilla, el 29 de abril de 2025 fue condenado a cinco años, ocho meses y un día de prisión por el Juzgado 10 Penal Especializado de Bogotá, tras avalar el preacuerdo firmado con la Fiscalía. La condena correspondió a concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado por su participación en la trama de corrupción que operó en la Ungrd entre 2023 y 2024.
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Además de admitir su responsabilidad, Pinilla pasó a ser testigo de la Fiscalía contra al menos 25 personas investigadas por ese caso, entre ellas altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y varios congresistas.
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