Gustavo Petro defendió al director de Inravisión Hollman Morris antes de que el Estado le ofrezca excusas públicas: “Perseguido político”

Por disposición del Sistema Interamericano de Justicia, el Estado colombiano presentará disculpas públicas a Hollman Morris, gerente general de Rtvc, y a su familia, en respuesta a las denuncias de persecución, hostigamiento, amenazas, estigmatización y vigilancia ilegal que habrían sufrido entre 2004 y 2009.

La Presidencia de la República confirmó que el acto se realizará este miércoles 15 de julio de 2026 en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño.

Al respecto, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, salió en defensa del periodista y excandidato a la Alcaldía de Bogotá en su cuenta oficial de X.

El mandatario colombiano afirmó que Hollman Morris fue amenazado y considerado un “perseguido político”, y que la justicia le dio la razón. Según Petro, todos los que dicen la verdad en Colombia son amenazados.

“Hollman Morris fue un perseguido político amenazado hasta que la justicia internacional le dio la razón. Todo el que diga verdades en a Colombia es amenazado (sic)“, expresó.

Gustavo Petro recordó a Sócrates y señaló que la tiranía persiste “indefinidamente en medio de la mentira”.

“Cómo bien dijo Sócrates, el parresiasta, es decir el que dice la verdad, o convence al tirano o se retira al ostracismo, entonces la tiranía sigue indefinidamente en medio de la mentira (sic)”, expresó el jefe de Estado.

El mandatario colombiano afirmó que en Colombia existen muchos progresistas, pero indicó que la verdad dura poco cuando llegan al poder porque, según Petro, se prefiere la tiranía o “simplemente la verdad se olvida”.

“Progresistas somos muchos en Colombia, pero la verdad dura poco en el poder porque se prefiere la tiranía, o simplemente la verdad se olvida (sic)”, indicó.

El mandatario colombiano indicó que siguen siendo el pueblo de Cien años de soledad, libro escrito por Gabriel García Márquez.

Seguimos siendo aquel pueblo de “Cien años de Soledad” dónde una enfermedad cayó sobre las gentes que era la enfermedad del olvido", expresó.

Así las cosas, Gustavo Petro aseguró que realizará, en nombre del Estado colombiano, un acto de perdón a Hollman Morris y a su familia, agraviados, según el jefe de Estado, por gobiernos anteriores debido a su defensa de la televisión pública y por decir la verdad.

“Haré, a nombre del Estado, un acto de perdón a la familia de Hollman Morris, agraviada por gobiernos por defender la televisión pública y decir verdades (sic)”, aseveró el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro.

Detalles de la ceremonia

La ceremonia de reconocimiento se realizará en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño, Bogotá, bajo la dirección del presidente Petro. Este acto incluye a Patricia Casas, Daniela Morris Casas y Felipe Morris Casas, quienes fueron vinculados al caso debido a los daños sufridos por los hechos denunciados, según informó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Este evento corresponde al expediente 13.014 que estudia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), resultado de un Acuerdo de Solución Amistosa firmado entre el Estado colombiano y el periodista, con el fin de evitar que el proceso avanzara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que podría haber derivado en una condena contra Colombia.

La defensa de Morris fue asumida por el Colectivo de Abogados en 2009, año en que se presentaron solicitudes de medidas cautelares ante la CIDH y se promovieron acciones legales en Colombia por presuntas actividades de vigilancia ilegal realizadas por el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

El caso se origina en 2004, cuando Patricia Casas recibió llamadas amenazantes entre abril y mayo. Más adelante, Morris fue detenido por miembros de la Fuerza Pública mientras ejercía su labor cerca del río Putumayo y su material periodístico fue incautado.

En mayo de 2005, Morris recibió en su domicilio un ramo de flores fúnebres acompañado de un mensaje de condolencias, hecho que ocurrió tras la emisión de investigaciones periodísticas sobre negociaciones entre el Gobierno y grupos armados, así como la masacre de San José de Apartadó.

La familia debió salir del país por un mes tras esos sucesos, mientras Morris fue señalado públicamente como terrorista, lo que afectó su seguridad y su actividad periodística. En septiembre de 2007, el periodista recibió un correo electrónico con amenazas de muerte atribuidas a un grupo paramilitar.

La CIDH aceptó el caso en 2015, identificando elementos para investigar amenazas, persecución y posibles violaciones a la libertad de expresión, además del estado de las investigaciones penales, que permanecían sin avances sustanciales.