El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció un recorte en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) que, según su equipo, permitiría ahorrar $10.000.000.000 al año mediante la eliminación de consejerías, agencias y dependencias que considera duplicadas, una decisión que abrió un choque con la administración saliente por su impacto sobre oficinas ligadas con el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016.
El plan también prevé la supresión de cerca de 229 cargos y el traslado de funciones a ministerios y entidades con mandato legal. La reducción, presentada como una reestructuración de la Presidencia, incluye áreas que hoy operan bajo el Dapre.
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Una de las oficinas alcanzadas por esa decisión es la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, adscrita al Dapre. Desde esa dependencia advirtieron sobre el alcance de la medida y pidieron a los (UIAP) organismos de control vigilar las decisiones que se adopten en la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto de 2026.
La oficina del Acuerdo de Paz advirtió que su desmonte no puede desconocer el blindaje constitucional
La dependencia sostuvo que el acuerdo firmado por el presidente Juan Manuel Santos con la extinta Farc no depende del gobierno de turno, sino que constituye una política de Estado con blindaje constitucional. Bajo esa interpretación, el próximo gobierno está obligado a garantizar su cumplimiento.
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“Ninguna decisión administrativa de reestructuración puede, por sí sola, desconocer este marco constitucional ni desmantelar la institucionalidad creada para hacerlo efectivo. Los anuncios reiterados en ese sentido generan un ambiente de tensión, miedo e incertidumbre, afectan la seguridad jurídica y son propios para ocasionar daños morales y psicológicos, así como riesgos para la integridad personal de los firmantes del acuerdo final”, puntualiza el comunicado oficial.
Ese pronunciamiento fijó la respuesta directa a la decisión del presidente electo: la reestructuración administrativa no puede, según la oficina, desmontar la arquitectura institucional creada para ejecutar lo pactado con la antigua guerrilla. La advertencia quedó asociada tanto a la continuidad de la implementación como a la protección de los firmantes del acuerdo.
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La arquitectura del acuerdo abarca víctimas, seguridad, reforma rural y territorios PDET
La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz defendió el entramado institucional derivado del acuerdo como una estructura estatal ya consolidada. Allí ubicó al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la Reforma Rural Integral, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y los mecanismos de participación política y reincorporación.
De acuerdo con el pronunciamiento, ese conjunto permitió al Estado construir capacidades permanentes para cumplir los compromisos de paz y garantizar derechos de las víctimas. También precisó que el Plan Marco incluye 36 indicadores de resultado orientados a medir transformaciones sociales y territoriales.
La misma hoja de ruta, añadió, asigna 67 de esos instrumentos a municipios Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con prioridad sobre los territorios más afectados por el conflicto armado. La unidad presentó ese dato para mostrar que la implementación no se limita a oficinas en Bogotá, sino que se proyecta sobre zonas específicas del país.
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El llamado se dirige a la Corte, la ONU y la sociedad civil
La UIAP pidió a la Corte Constitucional que mantenga y fortalezca su verificación sobre el cumplimiento del acuerdo. En ese punto citó el seguimiento al Estado de Cosas Institucional declarado en la Sentencia SU-020 de 2022 y las órdenes impartidas en los autos 1417 de 2025, 089 y 599 de 2026.
El pronunciamiento también convocó a los países garantes y acompañantes del proceso, a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Fondo Multidonante para la Paz para que sostengan su acompañamiento y su veeduría sobre el cumplimiento integral de lo pactado.
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En el plano interno, la unidad llamó a organizaciones sociales, de mujeres, víctimas y derechos humanos, además de la ciudadanía, a mantenerse vigilantes en la defensa del derecho a la paz, al que definió como un mandato constitucional y un bien jurídico de la más alta jerarquía.
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