Gobierno Petro publicó decreto para evitar nuevos aranceles de Estados Unidos por trabajo forzoso

A menos de 20 días para culminar su mandato, el Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, publicó un borrador de resolución para evitar que Estados Unidos imponga nuevos aranceles contra los productos provenientes del país sudamericano.

Según el documento, revelado por Caracol Radio, la medida respondería a la propuesta del Representante Comercial de Estados Unidos (Ustr) en la que solicitó la imposición de las cargas tributarias a más de 60 países, por cuenta de la falta de medidas contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

La iniciativa, en las que están incluidas China, la Unión Europea, México y Ecuador, entre otros, busca imponer tasas entre el 10 y el 12,5 por ciento, pero que aún es una propuesta que está siendo sometida a un período de comentarios públicos antes de que se oficialice.

Ante esta situación, el Ejecutivo colombiano, por medio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, anunció la formalización de esta resolución para que los operadores de comercio exterior identifiquen, evalúen y gestionen riesgos de trabajo forzoso en sus cadenas de suministro.

La propuesta fija un enfoque preventivo dentro de los instrumentos y procedimientos administrativos de comercio exterior que están bajo competencia de esa cartera. El objetivo es que las empresas actúen con debida diligencia, trazabilidad y autorresponsabilidad empresarial antes de que los bienes entren en trámites oficiales.

Igualmente, la cartera justificó el borrador tras un diagnóstico sobre el comercio internacional, ante la creciente integración de las cadenas globales de suministro, lo que ha aumentado la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y gestión de riesgos frente a posibles vulneraciones de derechos humanos en actividades empresariales.

Esa necesidad, según el documento, se vuelve más apremiante cuando se trata de la utilización de trabajo forzoso u obligatorio en la producción y comercialización de bienes objeto de comercio internacional. El enfoque del borrador, por lo tanto, se concentra en la detección temprana del riesgo y en la coordinación institucional para enfrentarlo.

Detalles de la resolución

El texto propone que el Ministerio de Comercio, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce), reciba, analice y valore denuncias, reportes, peticiones, comunicaciones e información sobre posibles bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio.

Según el borrador, la sola recepción de esos insumos no acreditará la existencia de trabajo forzoso. “La recepción de denuncias, reportes, peticiones, comunicaciones o información no implicará, por sí sola, la acreditación de la existencia de trabajo forzoso u obligatorio”, se lee en el documento.

El criterio de análisis será el estándar de “motivos razonables”. La resolución lo define como la existencia de información objetiva, verificable y suficiente que permita identificar de manera razonable posibles riesgos de que un bien fue total o parcialmente extraído, cultivado, producido, manufacturado, transformado, ensamblado o transportado con trabajo forzoso en cualquiera de las etapas de la cadena de suministro.

Para aplicar la resolución, el ministerio podrá valorar información suministrada por autoridades nacionales o extranjeras competentes. También podrá acudir a informes, comunicaciones o reportes de organismos internacionales, mecanismos de supervisión de tratados e instancias multilaterales.

El documento también establece que, entre las fuentes previstas, figuran decisiones judiciales o administrativas relacionadas con trabajo forzoso, trata de personas, esclavitud, servidumbre o prácticas análogas.

El borrador suma la información recibida, generada, compartida o gestionada a través de la Vuce o del Sistema Integrado de Gestión del Riesgo. Por el momento, la resolución será sujeta a comentarios antes de que sea publicada de forma oficial.

Antecedente

Vale mencionar que el Gobierno nacional expidió el Decreto 552 de 2026, con lineamientos en materia de Empresas y Derechos Humanos para las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

Ese antecedente es presentado como el soporte normativo de medidas de coordinación institucional, debida diligencia y gestión del riesgo dentro de las competencias de cada entidad.

En esa normativa había fijado criterios para que la gestión pública y empresarial garantice el respeto por los derechos humanos en todas sus actividades, incorpora mecanismos de reparación para personas afectadas por acciones empresariales y crea el Comité Técnico Especializado en Derechos Humanos y Empresas como órgano de apoyo y coordinación.