
Alfonso Prada, embajador de Colombia en Francia, se refirió el martes 14 de julio de 2026 a las graves consecuencias institucionales y diplomáticas que tendría para el país el desconocimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz, tras los recientes anuncios del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre la eliminación de entidades clave para la implementación de dichos compromisos.
La declaración de Prada se produjo luego de que De la Espriella confirmó que su Gobierno eliminará la oficina del alto comisionado para la Paz, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la consejería para los Derechos Humanos, y trasladar sus funciones a ministerios y a una nueva figura denominada como el comisionado nacional de Seguridad; en una especie de viraje en la concepción de este asunto vital.
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El diplomático sostuvo que tales decisiones “pretenden desconocer los compromisos constitucionales, legales, convencionales e internacionales, todos vinculantes del Estado colombiano”. Y agregó que el nuevo gobierno “no reta solo a la oposición”, sino que también agrede a la misión de la ONU en Colombia, su Consejo de Seguridad, la Unión Europea, sus fondos económicos y a la Justicia Internacional.

Y todo porque sus decisiones violentan el Tratado de Roma, a los países garantes y acompañantes y “ofenden a la Justicia Colombiana, a las víctimas en proceso de reparación”; y, en el mismo orden, “al pueblo colombiano que no votó por él y a muchos que votaron por múltiples razones por él, pero jamás contra el proceso de paz en Colombia”. Por ello, lanzó una serie de advertencias frente al alcance de la decisión.
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El llamado de Alfonso Prada a Abelardo de la Espriella: “Espero los lleve a razonar con tranquilidad”
La postura del diplomático respondió en consecuencia a las duras afirmaciones del presidente entrante, que comunicó que la decisión de poner fin a la figura del comisionado de Paz se dio porque “no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno”. Además, anunció la reestructuración de la Casa de Nariño con la eliminación de 229 cargos, lo que según sus cuentas le ahorrará cerca de $10.000 millones mensuales.
En ese sentido, el mandatario electo declaró que “cada decisión tiene un mismo propósito: devolverles a los colombianos la seguridad, la confianza, el desarrollo y la esperanza” y ordenó a sus designados ministros de Defensa y del Interior, el general (r) Jorge Mora y el exsenador desmontar “el espejismo de la falsa paz” tan pronto asuma la presidencia el próximo 7 de agosto; un acto que también ha causado polémica.
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En síntesis, Prada hizo un llamado a la reflexión dentro del equipo del presidente electo. “Espero que la sensatez de algunos miembros de ese equipo los lleve a razonar con tranquilidad y a buscar caminos de entendimiento y no de violencia”, expresó el diplomático, que fue ministro del Interior al inicio del Gobierno, como parte de la apuesta plural del presidente Gustavo Petro a tener un gabinete diverso en su conformación.
Y dirigiéndose a los excombatientes firmantes del acuerdo de paz, el embajador en Francia hizo un llamado claro. “También calma, que los acompaña una enorme e influyente institucionalidad y una comunidad nacional e internacional que ha sido garante del cumplimiento de los acuerdos y de la palabra del Estado colombiano”, puntualizó el funcionario, que también hizo parte de la administración de Juan Manuel Santos.
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Fuertes reacciones a los anuncios de Abelardo de la Espriella contra la política de paz
En consecuencia, la eliminación de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y el cargo de comisionado para la Paz generó fuertes posturas entre los sectores políticos y sociales, una de ellas del partido En Marcha, que remarcó que “el Acuerdo de Paz de 2016 es una política de Estado” y rechazó cualquier iniciativa que debilite la institucionalidad creada para su implementación.
“El acuerdo final no es una política pública ordinaria ni un programa exclusivo de un gobierno. Es un acuerdo suscrito por el Estado colombiano, incorporado al ordenamiento jurídico, acompañado por países garantes y respaldado de manera permanente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mediante su mecanismo de verificación", reafirmó la colectividad, liderada por el exministro Juan Fernando Cristo.
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Y es que de acuerdo con esta visión, “su implementación trasciende los ciclos electorales y constituye un compromiso institucional del Estado con las víctimas, los territorios y la comunidad internacional”. A diferencia de De la Espriella, que endureció su discurso en relación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el trato a los exjefes de las Farc, como Rodrigo Londoño, alias Timochenko, excabecilla del grupo.
“Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal: la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida”, afirmó el presidente electo en su tercera alocución. Frente a esto, el exministro Prada fue enfático: “Ya no estamos en campaña, ahora hay que gobernar con la Constitución en la mano”.
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