Directora de la Unidad de Víctimas respondió al duro recorte de De La Espriella a agencias del Estado: “Será la misma ciudadanía la que se manifieste”

La decisión del presidente electo Abelardo De La Espriella de eliminar varias consejerías presidenciales, incluida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, sigue generando fuertes inquietudes sobre el futuro de la política de víctimas en Colombia.

Desde la Unidad para las Víctimas, su directora Alix Dunieka Aguilar señaló que la articulación interinstitucional es clave para avanzar en la reconciliación, por lo que cualquier cambio en la estructura estatal podría afectar la implementación de los acuerdos de paz y la reparación a quienes han sufrido el conflicto armado.

En una entrevista concedida a El Tiempo, Aguilar expresó respeto por las determinaciones del nuevo gobierno, aunque advirtió que la continuidad de los espacios de diálogo y reconciliación debe estar en manos de la ciudadanía y de las entidades que trabajan con las víctimas.

“Soy respetuosa de las decisiones del nuevo gobierno. Tengo la plena confianza de que van a poder tener estos espacios de diálogo, y que será la misma ciudadanía la que manifieste la necesidad de continuar en esos caminos de reconciliación, fundamentales para el país, que hoy nos permiten, por ejemplo, tener firmantes labrando la tierra y espacios de perdón y reconciliación entre víctimas y victimarios”, sostuvo la funcionaria al diario nacional.

En el cierre del cuatrienio, la Unidad para las Víctimas presentó su balance y advirtió que, aunque el presupuesto de la entidad se duplicó, millones de personas siguen a la espera de ser indemnizadas.

La entidad enfrenta un desafío persistente: cada día, unas 800 personas se declaran víctimas del conflicto armado, lo que refleja la vigencia de la violencia y la dificultad de hablar de posconflicto.

En respuesta directa al estado actual de la reparación, la directora explicó que la persistencia de hechos violentos hace casi imposible cerrar el ciclo de atención, ya que se sigue viviendo un conflicto armado en el país, pese a la firma de los acuerdos de paz en 2016.

“Es un reto gigante, porque nosotros no hablamos de un escenario de posconflicto, estamos hablando de un escenario en el marco del conflicto armado todavía. ¿Cómo reparas lo que todavía se está dañando, lo que se está deteriorando? Es difícil. Tenemos grandes retos. Sin embargo, la resiliencia y la resistencia de las víctimas es el poder más grande que tenemos en esta institución", señaló la directora a El Tiempo.

El rezago en la indemnización y la necesidad de recursos

Entretanto, las proyecciones de la Contraloría indican que, con el ritmo y los fondos actuales, serían necesarios por lo menos 62 años para indemnizar a todas las víctimas. Aguilar identificó la falta de recursos como el mayor obstáculo e insistió en que la cooperación internacional debe transformar su papel y enfocarse en financiar acciones concretas, no solo estudios.

“Eso nos ayudaría mucho a disminuir este gran rezago que tenemos”, afirmó la directora, quien explicó que la cooperación debe priorizar la reparación colectiva, los retornos, las reubicaciones y las indemnizaciones.

Asimismo, durante los últimos cuatro años, la Unidad destacó su llegada a regiones históricamente marginadas como Chocó y el Pacífico colombiano, adecuando la atención a las particularidades de las comunidades locales. Para Aguilar, la cercanía con las víctimas y la llegada a territorios apartados constituyen uno de los mayores logros de la administración saliente.

Aun así, la funcionaria reconoció que la tarea está lejos de concluirse. La legislación vigente requiere una política pública respaldada por presupuestos multiplicados, pues los recursos actuales no alcanzan para cubrir el universo de necesidades de las víctimas.

“El reto es de recursos. Definitivamente, en la Ley 1448 y en la Ley 2421 el reto gigante es la asignación de recursos. Todo lo que llega del Ministerio de Hacienda lo entregamos, pero es insuficiente. Es una ley que necesita una política pública, que necesita recursos triplicados y cuadriplicados para poder atender más rápidamente las necesidades de las víctimas”, señaló Aguilar a El Tiempo.

La gestión que termina deja un avance en la cobertura y en la asignación de recursos, pero enfrenta el reto estructural de un conflicto sin resolver y de una reparación integral que, por ahora, sigue siendo una meta distante para el Estado colombiano y sus instituciones.