María Fernanda Cabal respaldó que el presidente electo elimine beneficios a excombatientes de las Farc: “Los procesos de paz de Santos y Petro exacerbaron la violencia”

La exsenadora María Fernanda Cabal alineó su discurso con el del presidente electo Abelardo de la Espriella al celebrar el fin de los procesos de paz con excombatientes y al sostener que esos mecanismos “exacerbaron la violencia” en Colombia.

La definición política que planteó no fue de ajuste, sino de ruptura: respaldó que desde el 7 de agosto de 2026 se cierre el Comisionado para la Paz y que la prioridad pase a ser la seguridad y el desmonte de lo que ambos describen como un esquema de impunidad.

En su cuenta de X, Cabal fijó el eje de esa postura con una secuencia de tres frases: “Los procesos de paz de Santos y Petro exacerbaron la violencia en el país. En mi precampaña le dije a los colombianos que la paz no se negociaba sino que se imponía. Hay que celebrar que se acabe con esos procesos que solo benefician a los criminales”.

El dato que amplió esa señal llegó en el pronunciamiento del fin de semana del presidente electo, que no solo anunció el fin del organismo encargado de la política de paz, sino que además cuestionó las libertades de Rodrigo Londoño y apuntó contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Allí ordenó al futuro comisionado para la Seguridad, al ministro de Justicia y al ministro del Interior designado desmontar “de manera inmediata” la impunidad que, según dijo, se refugia en la “falsa paz”.

Cabal habló para respaldar la decisión de terminar los procesos que, a su juicio, benefician a excombatientes. El presidente electo reveló que eliminará el Comisionado para la Paz y que reemplazará ese enfoque por uno centrado en seguridad. La tensión central está en que el giro no se limita a una crítica política: incluye una ofensiva declarada contra beneficios, libertades y estructuras asociadas a la justicia transicional.

La senadora vinculó su apoyo a una idea que, según dijo, ya venía defendiendo desde su precampaña. “La paz no se negociaba sino que se imponía”, escribió, antes de celebrar el fin de los procesos que, en su lectura, “solo benefician a los criminales”.

Su intervención no agregó medidas nuevas, pero sí fijó la lectura política que acompaña la decisión del mandatario entrante. Para Cabal, los procesos impulsados por los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro no solo fracasaron, sino que agravaron la violencia.

El presidente electo anunció el cierre del Comisionado para la Paz

En su mensaje, el mandatario entrante formuló la decisión como una instrucción directa: “Se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”. En la misma intervención, precisó que el cambio comenzará “a partir del 7 de agosto” y que desde ese momento el objetivo será “la seguridad del pueblo”.

La declaración avanzó un paso más al definir el nuevo andamiaje institucional. “El Comisionado para la Seguridad, el ministro de Justicia y el ministro del Interior designado tienen la orden de desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”, afirmó.

En ese mismo pronunciamiento, el presidente electo puso como ejemplo el caso de Rodrigo Londoño, a quien mencionó por su antiguo alias. “Hoy vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP“, dijo.

La frase siguiente fijó el tono de su posición frente al antiguo jefe de las Farc: “Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello”. La referencia convirtió la crítica general a los acuerdos en una acusación concreta contra los efectos judiciales y políticos de ese modelo.

El pronunciamiento del presidente electo cerró con un cuestionamiento más amplio sobre el funcionamiento del tribunal. “¿Y qué decir de un tribunal que le da refugio al entorno familiar del mal perdedor que se niega a reconocer el resultado en las urnas y promueve una falsa desobediencia civil acudiendo a todas las formas de lucha, precisamente para desestabilizar?”, afirmó.

Esa referencia extendió la crítica más allá de los excombatientes y la conectó con una disputa política en curso sobre legitimidad institucional, reconocimiento electoral y uso de la justicia transicional.