Comerciantes insistieron en su petición de permitir el porte legal de armas: “Vale la pena analizar esta situación”

Fenalco Atlántico propuso revisar el Decreto 2362 de 2018 para permitir el porte legal de armas a comerciantes y civiles con salvoconducto o en trámite, en medio de una crisis de extorsión y violencia que, según su dirigencia, obligó al cierre de pequeños negocios en Barranquilla, Soledad y Malambo.

La discusión no quedó solo en el planteamiento gremial. En un debate citado por Caracol Radio y retomado en Rounds FM de La FM, el senador electo Germán Rodríguez aseguró que en Colombia habría entre cuatro y seis millones de armas ilegales y sostuvo que entre 95% y 98% de los crímenes se cometen con ese tipo de armamento, mientras algunos estudios, según afirmó, ubicarían en apenas 1% los delitos cometidos con armas legales.

Por su parte, Rafael Madero, presidente de la junta directiva de Fenalco en el Atlántico, dijo en 6AM de Caracol Radio que la gravedad del problema quedó expuesta el sábado 4 de julio, cuando numerosos tenderos y pequeños comerciantes cerraron sus negocios por la extorsión.

Madero sostuvo: “Lo considero un grito de impotencia, muchos negocios pequeños, tenderos, tuvieron que cerrar sus negocios en Barranquilla, en Soledad y en Malambo. Esto ante la desbordada extorsión y violencia que existe en estos territorios. Esto es muy crítico, es casi el doble de homicidios de lo que está sucediendo en el Cauca, que consideramos ya zona roja”.

La propuesta del gremio apunta a revisar la norma que restringe el uso de armas en Colombia, incluso para personas con salvoconducto. Madero dijo que recibe de buen agrado la intención del designado ministro de Defensa, el general Mora, de estudiar esa regulación.

El dirigente explicó que la idea no es una autorización indiscriminada, sino permitir que quienes ya tienen salvoconducto puedan usar su arma y agilizar el trámite para quienes busquen obtenerlo.

“Yo creo que, por lo menos, aquellos que tienen el salvoconducto y que se les agilice, aquellos que no lo tienen y pretendan obtenerlo, creo que es necesario que les permitan el uso de su arma. Es un tema que tiene sus pros, sus contras, indudablemente, pero ante las circunstancias, yo creo que vale la pena analizar esta situación”.

Para Fenalco Atlántico, la modificación del decreto no resolvería por sí sola la criminalidad. Madero afirmó que los comerciantes se sienten indefensos frente a atracadores armados “hasta los dientes” y reclamó acompañamiento permanente del Ejército a la Policía, con revisiones periódicas y diarias en las ciudades para devolver sensación de tranquilidad y confianza.

En Rounds FM, el senador electo Germán Rodríguez defendió que el “ciudadano honesto” pueda ejercer la legítima defensa, aunque aclaró que no propone entregar armas sin controles. Señaló que el acceso debería depender de exámenes médicos y psiquiátricos, cursos obligatorios, estudios de idoneidad y verificación de antecedentes.

Rodríguez insistió en que comerciantes, tenderos y pequeños empresarios permanecen expuestos frente a grupos criminales que consiguen armas con facilidad para extorsionar, hurtar y matar.

“Más del 95 al 98% de los crímenes se realizan con armas de fuego ilegales”, dijo el senador electo.

También cuestionó la continuidad del decreto que suspendió la expedición de permisos desde el gobierno de Juan Manuel Santos y afirmó que esa política solo habría reducido cerca del 5% de los delitos con armas de fuego, mientras en algunos años la actividad criminal aumentó.

La posición opuesta la expuso Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, que sostuvo que la experiencia de restricción al porte de armas mostró resultados en la capital.

Según explicó, la ciudad pasó de cerca de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes a una tasa cercana a 23, dentro de una política integral de seguridad y convivencia.

Acero añadió que la idea de que la mayoría de homicidios se cometen exclusivamente con armas ilegales no siempre coincide con los registros oficiales.

Recordó un ejercicio de 1999 basado en información de Medicina Legal sobre 723 armas involucradas en homicidios, y dijo que, tras consultar a la autoridad encargada del control de armas, encontró que 240 tenían salvoconducto vigente.

El exfuncionario sostuvo que ese dato muestra que las armas legales también pueden terminar en hechos de violencia. Sumó otro reparo: quien usa un arma legal en un caso de legítima defensa debe demostrar después que actuó bajo esa figura jurídica, y durante la investigación incluso podría permanecer privado de la libertad.

Acero también mencionó decisiones de la Corte Constitucional que han expresado reparos frente a ampliar el porte de armas entre particulares. A eso agregó que muchos ciudadanos autorizados no cuentan con preparación suficiente para usarlas de manera adecuada, lo que, a su juicio, añade un riesgo.

En la parte final del intercambio, Rodríguez rechazó comparar a Colombia con Estados Unidos como referencia para medir los efectos de la amplia disponibilidad de armas.

Reiteró que en el país los requisitos para acceder legalmente a una son “demasiado fuertes” y defendió el derecho del ciudadano común a la legítima defensa.

Acero respondió que comparte ese derecho, pero insistió en que promover un mayor acceso al armamento civil desde el Estado no es una solución.