
La transmisión de mando presidencial, que por mandato constitucional tendrá que llevarse a cabo el viernes 7 de agosto, atravesería un por una especie de desafío institucional importante, debido a la falta de interlocución entre el mandatario saliente, Gustavo Petro, y el gobernante entrante, Abelardo de la Espriella: que deberían protagonizar un acto antes de que culmine de manera formal el actual periodo de Gobierno.
Así como en su momento ocurrió con el hoy expresidente Iván Duque Márquez y Petro, cuando el primero invitó al entonces gobernante electo a la Casa de Nariño, pese a las profundas diferencias entre ambos, hay un decreto que obligaría a que se organice un acto en el que ambos acudan para cumplir con el rigor de las normas. Y garanticen uno de los protocolos de la esperada transición del poder Ejecutivo en el país.
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De acuerdo con el numeral 8 del artículo 13 del decreto 770 de 1982, “el señor presidente de la República con anterioridad al término de su período de gobierno, impondrá al Presidente Electo la condecoración ‘Orden de Boyacá’ en el Grado de ‘Gran Collar’”. Así que, por mandato legal, Petro debería organizar este acto, al que tendría que acudir De la Espriella, pues no es un homenaje personal, sino un requisito del gobernante.

Este acto está enfocado en garantizar la continuidad y legitimidad en el traspaso del poder presidencial y es parte de una tradición reglamentada que tiene como finalidad dotar al nuevo mandatario de la investidura necesaria para ejercer como Gran Maestre de las órdenes nacionales. El referido decreto, además, impide que un presidente se autoconceda condecoraciones, por lo que sería Petro el que lo condecore.
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En efecto, solo el mandatario saliente puede imponerlas al sucesor, pues de este modo, la transmisión de las máximas dignidades nacionales se convierte en un símbolo tangible de respeto por la institucionalidad y por el Estado de derecho. Durante el acto de entrega, el presidente electo recibe, además de la Orden de Boyacá, otras distinciones como la Orden de San Carlos y la Orden Nacional al Mérito en sus grados más altos.
Así pues, estas condecoraciones habilitan al nuevo jefe de Estado para otorgar distinciones a otros ciudadanos o integrantes de la fuerza pública en el futuro, y cumplen uno de los deberes formales del cargo. De esta manera, se repetiría la imagen que en su momento se hizo viral: la de Duque poniéndole la orden a Petro en la residencia presidencial, en la antesala de su posesión formal en el cargo.
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Diálogo entre el Gobierno entrante y saliente está roto, tras fallido proceso de empalme
La coyuntura actual está influenciada por la ruptura del proceso de empalme entre las administraciones saliente y entrante. De la Espriella expresó de entrada su negativa a reunirse con Gustavo Petro y, del mismo modo, cuestionó la disposición de la presidencia saliente para facilitar la transición; mientras que Petro, por su parte, ha expresado críticas sobre la legitimidad de los resultados electorales del 21 de junio.
El choque ha generado dudas sobre la viabilidad del acto protocolario tradicional y sobre la posibilidad de que el presidente electo reciba la condecoración antes de asumir. En caso de que la ceremonia no se concrete por la falta de acuerdo político, el marco legal colombiano contemplaría un mecanismo automático que evita vacíos de poder; aunque estaría por fuera de lo que ha acontecido en los últimos periodos presidenciales.
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Según el Decreto 414 de 1974, el presidente electo adquiere la calidad de Gran Maestre de las órdenes nacionales en el mismo instante en que toma posesión ante el Congreso, aunque no se haya efectuado la entrega física de las insignias. Este procedimiento aseguraría que el mandatario pueda ejercer plenamente sus funciones desde el primer momento, sin que la ausencia del acto protocolario afecte su mandato.
Desde presidencia, lo último que se supo es que Petro sí le impondría la Orden de Boyacá a De la Espriella, según una comunicación enviada al jefe de Gabinete del Gobierno entrante, Nicolás Gómez Arenas. De esta forma, se garantizaría a continuidad institucional, más allá de las diferencias ideológicas y crisis políticas que existan entre los contradictores políticos; aunque todavía no existe fecha confirmada para tal fin.
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