Cathy Juvinao criticó al Gobierno Petro por permitir que la ilegalidad se ‘coma’ el Páramo de Santurbán: “Incompetentes”

La representante a la Cámara Catherine “Cathy” Juvinao lanzó una dura crítica contra el gobierno saliente de Gustavo Petro debido a la difícil situación ambiental y de orden público que golpea al Páramo de Santurbán (Santander y Norte de Santander).

La congresista acusó directamente a los sectores de izquierda de haber permitido que la minería ilegal y las organizaciones criminales se apoderaran de este ecosistema estratégico, lo que pone en riesgo el suministro de agua para más de dos millones de personas en la región.

El fuerte pronunciamiento de la legisladora se dio en medio de la transición política que vive el país tras las elecciones presidenciales; Cathy Juvinao advirtió que el sector político que gobernó durante los últimos cuatro años intentará evadir su responsabilidad institucional y culpar de los daños ambientales a la administración entrante de Abelardo de la Espriella, la cual asumirá funciones el próximo 7 de agosto de 2026 en todo el territorio nacional.

La dura denuncia de la congresista en plataformas digitales

A través de su cuenta en la red social X, la representante a la Cámara —que inicialmente apoyó las propuestas del Gobierno nacional pero luego se consolidó como una de sus principales opositoras en el Congreso— compartió su indignación por el contraste entre las promesas ambientales de la campaña presidencial pasada y el panorama actual de abandono que denuncian las veedurías locales en el ecosistema de alta montaña.

“Qué tristeza lo del Páramo de Santurbán. Tanto discurso oficial, tanta promesa, tanta ‘narrativa’ para que al final en el gobierno de izquierda se comieran el páramo los ilegales", escribió.

Juvinao añadió a su post de X que: “Ahora vendrán 4 años en donde reclamarán a otros todo lo que ellos no hicieron. Incompetentes”.

La postura de la representante evidenció el descontento de diversos sectores políticos que consideran que las banderas de la protección del agua y la transición ecológica se quedaron únicamente en el plano retórico desde el primer gobierno de izquierda en Colombia, mientras las mafias del oro avanzaron sin control sobre las áreas protegidas.

Minería ilegal y retrasos en la delimitación territorial: esto es lo que ocurre en el Páramo de Saturbán

El debate por el Páramo de Santurbán se agudizó de manera alarmante debido a los históricos retrasos en su proceso de delimitación territorial definitiva.

Aunque el Ministerio de Ambiente, cartera que actualmente es liderada por Irene Vélez Torres, como ministra encargada, se había fijado la meta de consolidar los acuerdos con las comunidades locales, diferentes factores climáticos y alertas invernales obligaron a aplazar las mesas de concertación técnica en varios municipios clave de Santander.

Esta falta de claridad sobre las fronteras geográficas del páramo fue aprovechada por redes de minería ilegal de oro que operan con total impunidad a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

Diversas investigaciones y registros fotográficos de medios regionales exponen que la apertura de bocaminas ilícitas destruye la vegetación nativa de frailejones y acelera de forma irreversible el deterioro de esta fábrica natural de agua.

Y es que la explotación ilícita del suelo provocó que los organismos de control del Estado encendieran las alarmas institucionales por el inminente riesgo de salud pública que corren los habitantes de los municipios de la región y el área metropolitana de Bucaramanga.

Tanto la Procuraduría General de la Nación como la Defensoría del Pueblo advirtieron que los niveles de contaminación química en algunas fuentes hídricas son alarmantes.

De acuerdo con las muestras técnicas recolectadas por las autoridades, el uso desmedido de insumos químicos para la extracción del metal precioso provocó que los niveles de mercurio en las cuencas que surten a los acueductos locales superen hasta en 40 veces los límites máximos permitidos para el consumo humano seguro.

En el plano estrictamente normativo, el Gobierno nacional optó por mantener las restricciones y prohibiciones sobre la gran minería multinacional mediante la creación de Zonas de Reserva Temporal.

No obstante, las organizaciones ambientalistas denuncian que algunas compañías privadas continúan buscando resquicios jurídicos ante las corporaciones autónomas regionales para tramitar licencias de mediana minería y evadir así las directrices ambientales nacionales.