
Las universidades que integran la alianza Cuidar la Democracia hicieron público un comunicado en el que exigieron “el respeto a las reglas constitucionales de la contienda electoral”, como respuesta al turbulento proceso de transición entre la administración de Gustavo Petro y la llegada de Abelardo de la Espriella al Ejecutivo para el periodo 2026-2030.
Según la alianza, el apego a la carta magna “no admite excepciones, sea cual sea el resultado y quienquiera que resulte favorecido por ella”, en especial, tras la insistencia del presidente saliente a desconocer la elección de Abelardo de la Espriella como mandatario electo por un presunto “fraude”.
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En ese orden de ideas, advirtieron la gravedad de las declaraciones del presidente saliente y algunos de sus copartidarios, que han puesto en duda los resultados “sin aportar pruebas de supuestas irregularidades y sin haberlas tramitado por los mecanismos previstos para ello”.

“Esa conducta se sale del cauce constitucional y legal, y es de la mayor gravedad, pues atenta contra los acuerdos democráticos básicos que habilitan la alternancia pacífica en el poder”, afirman las universidades firmantes.
La defensa a la Constitución de 1991 ante los intentos de desconocer el resultado de la segunda vuelta
Pese a que Gustavo Petro alega que existen actores externos que habrían interferido en el resultado de los comicios del 21 de junio de 2026, los académicos aclararon que las autoridades electorales competentes ya ratificaron un resultado que debe respetarse, como parte del proceso tripartito que establece la democracia colombiana para garantizar la victoria electoral.
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El comunicado recordó que la Constitución colombiana establece que son los ciudadanos quienes eligen al presidente, corresponde al Consejo Nacional Electoral certificar al ganador, y al presidente del Senado tomar el juramento del nuevo mandatario.

“La Constitución y la ley establecen mecanismos y múltiples instancias para evaluar y decidir sobre eventuales reclamaciones electorales que presente cualquier ciudadano con el debido soporte. En aplicación de las normas constitucionales y legales, el Consejo Nacional Electoral declaró ganador de las elecciones para elegir al presidente para el período 2026-2030 al doctor Abelardo de la Espriella”, se incluyó en el comunicado.
La alianza de instituciones también puntualizó que la carta magna consolidó una tradición democrática que permite la alternancia y la coexistencia de proyectos políticos opuestos, siempre que sean legales.
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Por tanto, ante las declaraciones de Petro, las instituciones académicas insistieron en que “todo funcionario público tiene el deber de cumplir la Constitución y la ley, de lo cual toma juramento” y resaltaron esta responsabilidad de dar ejemplo especialmente en el presidente y los altos funcionarios salientes.
El pronunciamiento de la asociación académica indicó que “la democracia implica el respeto incondicional a un conjunto de reglas esencial para la vida pacífica en las naciones”, a la vez que reconoció la existencia de múltiples visiones políticas, así como la importancia de las garantías para las minorías.

Las universidades que toman parte de esta alianza son: la Universidad de los Andes, Universidad de La Sabana, Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), Universidad del Norte, Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), Universidad Icesi, Universidad Eafit, Universidad Externado de Colombia, Universidad del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana, Uniminuto (Corporación Universitaria Minuto de Dios), Universidad Militar Nueva Granada y Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab).
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Las instituciones no fueron las únicas que pidieron apego a la ley ante este escenario. Los países que integran el Escudo de las Américas, con Estados Unidos a la cabeza, junto con otras 12 naciones de la región, expresaron su “profunda preocupación” por los intentos de desconocer los resultados oficiales de las recientes elecciones presidenciales en Colombia.

En una carta difundida el viernes 10 de julio de 2026, los firmantes rechazaron “declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente acreditados”, pongan en duda la integridad del proceso electoral y generen incertidumbre sobre la transición institucional.
La alianza advirtió que “ignorar los resultados proclamados oficialmente” por entidades como la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado constituye “un grave desprecio a la voluntad popular y a los principios que sustentan el Estado de Derecho”.
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Asimismo, condenó cualquier intento de deslegitimar el mandato conferido por los votantes, desacreditar a las autoridades electorales sin pruebas u obstaculizar el proceso de empalme.
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