El representante a la Cámara por el Partido Comunes, Carlos Carreño, compareció el viernes 10 de julio ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria dentro de la investigación que se adelanta en su contra por los presuntos delitos relacionados con acoso sexual y violencia de género, denunciados por una integrante de su esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La diligencia judicial se desarrolló luego de que la Corte Suprema de Justicia recibiera una comunicación suscrita por un movimiento de defensores de derechos humanos, en la que se expresó preocupación por el proceso que enfrenta el congresista y se solicitó información oficial sobre las actuaciones adelantadas en su contra.
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El documento plantea la posibilidad de que el caso corresponda a una forma de persecución judicial contra un firmante del acuerdo de paz y pide que el proceso se adelante con garantías de imparcialidad y debido proceso.
La comunicación está firmada por Norma Elena Nolasco Acosta, defensora internacional de los derechos humanos, fundadora y representante legal del Claustro Universal Doctoral por la Paz y los Derechos Humanos, con sede en León, Guanajuato, México.
En la carta, dirigida a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la organización solicita información detallada sobre los procesos judiciales que cursan contra Carlos Alberto Carreño Marín, a quien identifica como firmante del Acuerdo Final de Paz de La Habana, negociador del mismo y actual representante a la Cámara por el Partido Comunes.
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Uno de los apartes del documento señala: “Expresamos nuestra profunda preocupación por la posibilidad de que la reincorporación política de los firmantes del acuerdo esté siendo afectada por formas de persecución judicial que, en diversos contextos de América Latina, han sido utilizadas como un arma para debilitar, desprestigiar y eliminar liderazgos políticos comprometidos con la transformación social y la consolidación de la paz“.
La comunicación también sostiene que “La paz no se construye solo con la firma de acuerdos, sino con garantías reales para el ejercicio político, la participación democrática y el respeto a los derechos humanos. Por ello, consideramos fundamental que la justicia actúe con imparcialidad, transparencia y en estricto apego al debido proceso, evitando que se repitan prácticas que han socavado procesos democráticos en la región”.
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Finalmente, la organización manifestó su confianza en que la Corte Suprema de Justicia actúe conforme a los principios de justicia, verdad y garantías judiciales, al tiempo que agradeció la atención prestada a la solicitud de información sobre el caso.
La investigación por presunto acoso sexual
La investigación formal contra el congresista fue asumida por el despacho del magistrado Héctor Alarcón, luego de la denuncia presentada por una funcionaria de la Unidad Nacional de Protección que integraba el esquema de seguridad asignado al representante a la Cámara.
De acuerdo con el expediente, los hechos investigados ocurrieron durante el mes de febrero de 2026. Según la denuncia, la escolta manifestó que el congresista presuntamente realizó tocamientos de índole sexual y que, después de rechazar esas conductas, fue apartada de sus funciones.
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Con base en esa denuncia, la Sala de Instrucción abrió formalmente la investigación y programó la diligencia de indagatoria realizada este viernes, como parte de las actuaciones orientadas a establecer los hechos denunciados y avanzar en la definición de la situación jurídica del representante a la Cámara.
La comparecencia de Carreño hace parte del procedimiento previsto para los congresistas aforados, cuya competencia corresponde a la Corte Suprema de Justicia.
La otra investigación que enfrentó Carreño
Además del proceso relacionado con la denuncia por presunto acoso sexual y violencia de género, el congresista del Partido Comunes también ha sido mencionado en otra investigación por presuntamente solicitar una parte del salario a trabajadores vinculados a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
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Frente a ese caso, Carreño ha sostenido que las investigaciones en su contra corresponden a una retaliación política, posición que ha reiterado mientras avanzan los distintos procesos judiciales.
El representante ocupa una de las curules asignadas a los excombatientes de las extintas Farc en desarrollo de las disposiciones derivadas del Acuerdo Final de Paz de 2016.
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