Fijan fecha para imputación de cargos a Miguel Quintero Calle, hermano del superintendente de Salud Daniel Quintero, y otros tres implicados

La justicia programó para el lunes 3 de agosto la audiencia de imputación contra Miguel Quintero Calle, hermano de Daniel Quintero, en una investigación por presunta corrupción en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y la Fiscalía buscará que el juez ordene una medida de aseguramiento en un centro carcelario junto con otros tres citados por un supuesto esquema de direccionamiento de contratos y cobro de comisiones.

El expediente incluye contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por cerca de $18.000 millones y una hipótesis de comisiones que habrían superado los $3.200 millones, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

La investigación también menciona contratos para el mantenimiento del parque de las Aguas con un valor similar.

La diligencia quedó fijada para las 2:10 p. m. en el Juzgado 21 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín. En esa audiencia, el ente acusador formulará cargos por interés indebido en la celebración de contratos y por peculado por apropiación contra Quintero Calle, Sebastián Ortega Urán, Álvaro Villada García y Vanessa Álvarez Restrepo.

La Fiscalía sostiene que los cuatro habrían participado en un esquema para desviar recursos públicos y favorecer adjudicaciones cuando el Área Metropolitana estaba dirigida por Juan David Palacio Cardona. Para pedir la detención preventiva, argumentará un posible riesgo de obstrucción a la justicia.

Según la investigación, las irregularidades se habrían presentado en convenios suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante el periodo 2020-2022, aunque otra parte del expediente ubica las pesquisas entre 2020 y 2023. El ente investigador afirmó que los convenios habrían servido para direccionar recursos mediante subcontrataciones.

De acuerdo con la Fiscalía, parte de esos dineros habría terminado en actividades políticas. Esa hipótesis ya fue expuesta en audiencias contra exfuncionarios y contratistas vinculados al caso.

El organismo también empezó a mencionar a Miguel Quintero como una persona que habría influido en las decisiones del Área Metropolitana pese a no tener un cargo oficial en la entidad.

Como soporte del caso, reunió testimonios, conversaciones de WhatsApp, audios, fotografías, movimientos bancarios, contratos y otros elementos entregados por cuatro personas con principio de oportunidad. El material probatorio incluye información extraída de celulares.

Dentro del expediente también aparece mencionado el exdirector del Área Metropolitana Juan David Palacio, quien enfrenta otro proceso por estos hechos.

Sebastián Ortega Urán fue identificado en el expediente como un empresario y dirigente cercano al entorno político de Bello, además de hijo del excongresista William Ortega.

Según la investigación, habría participado junto con Miguel Quintero Calle y Álvaro Villada en conversaciones del grupo llamado “Amigos”, en las que se hablaba de hojas de vida y posibles vinculaciones laborales en entidades públicas.

Uno de los mensajes atribuidos a Ortega dice: “Este también puede servir, Miguel, es de confianza”. Un reporte de Semana indica que no hacía parte del Área Metropolitana.

Así mismo, Vanessa Álvarez Restrepo, exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín, también fue citada a la imputación. Su nombramiento se produjo el 11 de mayo de 2022 y su posesión quedó registrada el 17 de mayo de ese año, cuando Daniel Quintero estaba suspendido temporalmente por la Procuraduría.

Una testigo que colabora con la justicia la señaló como una persona cercana al manejo contractual del Área Metropolitana y como enlace entre la subdirección administrativa dirigida por Villada y otras áreas de la entidad.

La misma testigo afirmó que Álvarez “revisaba todos los contratos y daba los vistos buenos”. El texto añade que actualmente estaría vinculada al Fondo Adaptación.

Álvaro Alonso Villada García había trabajado antes en la Gobernación de Luis Pérez Gutiérrez entre 2016 y 2019. Luego llegó en 2020 al Área Metropolitana como subdirector Administrativo y Financiero, con funciones sobre asuntos administrativos, financieros y presupuestales.

La Fiscalía sostiene que, por ese cargo, Villada habría tenido un papel en la gestión interna de los procesos contractuales. El expediente también lo ubica en chats con Miguel Quintero Calle y Sebastián Ortega sobre asuntos administrativos, hojas de vida y temas relacionados con la entidad.

Tras conocerse la fecha de la audiencia, Daniel Quintero reaccionó en su cuenta de X y defendió a su hermano. Escribió: “Continúa la persecución infame, y ahora será peor. La semana pasada Fico exigió en medios a la Fiscalía la captura de mi hermano después de que se iniciara una inspección en su Alcaldía desde la SuperSalud. Hoy la Fiscalía de Medellín le responde con esa imputación. Mi hermano no ha cometido falta alguna. Creo en él. Lo convirtieron en objetivo para atacarme a mí”.

El exalcalde también pidió independencia judicial. Su mensaje cerró con esta frase: “Pido a la justicia de Medellín obrar con independencia, a pesar de las presiones del gobierno local y del nuevo Gobierno nacional”.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez también se pronunció sobre el caso. En X afirmó: “Sebastián Ortega, socio de los hermanitos Quintero, está también vinculado en la venta de la gerencia de Afinia y el lote Carabineros; debe responder ante la justicia en este nuevo caso. Nadie está por encima de la ley”.

La programación de la audiencia se conoció un día después de que la Fiscalía radicara la solicitud de imputación. Miguel Quintero fue vinculado formalmente a la investigación el 13 de octubre de 2025.