Falla contrato de $80.000 millones: Ejército sigue sin equipos antidrones en el Catatumbo pese a crisis por ataques

Casi un año después de la firma de un contrato millonario, el Ejército Nacional no tiene en funcionamiento los 19 equipos antidrones previstos para el uso en la región del Catatumbo, una de las zonas más golpeadas por ataques con estos dispositivos, porque los sistemas fallaron en las pruebas técnicas y fueron devueltos

Según reveló Semana, el trasfondo operativo es crítico: en lo corrido del año se han registrado 172 ataques con drones cargados con explosivos, una modalidad que dejó 6 militares muertos, 5 civiles fallecidos y 141 heridos. Ese cambio en la guerra llevó al sector de defensa a priorizar la compra de tecnología para neutralizar esas amenazas.

De acuerdo con la publicación, el contrato se adjudicó en 2025, durante la administración del entonces segundo comandante del Ejército, el general retirado Erick Rodríguez, por un valor superior a $80.000 millones. El plan consistía en adquirir tres equipos fijos y 16 semifijos para Norte de Santander.

Fuentes militares citadas por el medio de comunicación, los 19 sistemas debían entrar en operación en diciembre de 2025. El contratista pidió una prórroga, que fue concedida, y el nuevo plazo quedó para febrero de 2026.

Las pruebas técnicas fallaron y el contrato entró en revisión por incumplimiento

El punto central del caso es que los equipos no superaron las pruebas técnicas. Las fuentes del sector de defensa consultadas señalaron que los sistemas “no detectaban los equipos enemigos”, por lo que fueron devueltos.

Tras ese incumplimiento, el contrato pasó a una fase de debido proceso. Esa etapa implica una revisión detallada de las fallas, un intento de conciliación y, si no hay acuerdo, la activación de las pólizas y de posibles sanciones contra el contratista.

Una fuente militar explicó al diario que la situación es más grave de lo que parece por una razón concreta: la fuerza sigue sin el sistema mientras los ataques continúan. La consecuencia no es solo contractual, sino operativa, en una zona donde los drones con explosivos ya tienen impacto directo sobre infraestructura y población civil.

El mismo escenario abre un riesgo presupuestario. Si el proceso escala hasta las últimas consecuencias contra el contratista, los cerca de 80.000 millones de pesos asignados al Ejército podrían regresar al tesoro nacional y quedar a disposición del próximo Gobierno para una destinación distinta.

Codaltec concentró la compra y tercerizó un sistema australiano

Consultado por la revista, el general (r) Erick Rodríguez sostuvo que “en el mes de agosto del año pasado el ministerio (a cargo del jefe de cartera, Pedro Arnulfo Sánchez) emitió una directiva ordenando que todas las compras antidrones las debía hacer Codaltec”.

Según las fuentes militares, como esa empresa no tenía capacidad para producir los equipos, optó por tercerizar la adquisición. Para eso escogió a un comercializador colombiano que ofreció un sistema antidrones australiano que, hasta ahora, no ha funcionado para las necesidades del Catatumbo.

Las mismas fuentes añadieron que desde la institución castrense se definió la ficha técnica del sistema y que esas condiciones fueron entregadas a Codaltec para ejecutar la compra. La empresa, agregaron, es la que tiene el control sobre el contrato millonario.

La falla del sistema deja sin respuesta una necesidad inmediata en el terreno. En Tibú, parte del aeropuerto fue destruido recientemente por un explosivo lanzado desde un dron, un ataque que dejó tres civiles heridos.

La falta de funcionamiento de los equipos antidrones adquiridos para el Catatumbo evidencia una brecha entre la respuesta institucional y la urgencia de la situación en la zona. Mientras el proceso contractual avanza entre revisiones y posibles sanciones, la región permanece vulnerable ante los ataques con drones, que ya han causado víctimas y daños materiales.