El 22 de julio de 2026 comenzará en Bogotá el juicio contra cuatro policías procesados por el caso de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, una causa en la que la Fiscalía General de la Nación busca demostrar cómo operó una red de contrabando y corrupción que, según el ente acusador, recurrió a sobornos, infiltración institucional y agentes encubiertos para mover mercancía ilegal por distintas regiones de Colombia.
La audiencia se realizará en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, informó Caracol Radio. La práctica de pruebas arrancará con el testimonio del mayor Kevin Castaño Flórez, a quien la Fiscalía identifica como investigador líder del caso.
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Los acusados son Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, Mario Andrés Sarmiento Rojas, Alexander Galeano y José Helí Alzate Moncayo, tres oficiales y un suboficial de la Policía Nacional. Enfrentarán juicio por concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo con cohecho por dar u ofrecer.
La acusación del organismo investigativo sostiene que los procesados entregaron cerca de $900.000.000 en vehículos, celulares de alta gama, hospedajes y otros beneficios injustificados a servidores públicos. El objetivo, señala el expediente, era facilitar el paso de mercancía de contrabando y evitar controles aduaneros.
La Fiscalía abrirá el caso con el testimonio del mayor Kevin Castaño Flórez
El mayor Kevin Castaño será el primer testigo del ente acusador. Su declaración está prevista para exponer los fundamentos que justificaron el uso de la figura del agente encubierto, los riesgos de esa operación y la necesidad, utilidad y proporcionalidad de esa estrategia investigativa.
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Cabe recordar que la Fiscalía en carta dirigida a la Policía Nacional advirtió que la participación del oficial era determinante para el avance de los juicios contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, en medio de la preocupación por un eventual traslado del uniformado al departamento de Arauca.
“Al haber fungido como investigador líder, tuvo a cargo la estrategia para la infiltración de la organización criminal y expondrá en cada uno de los juicios el estudio que efectuó”, puntualiza la comunicación citada por Caracol Radio.
La Fiscalía sostiene que ese trabajo permitió la desarticulación de la organización criminal de alto nivel liderada por Diego Marín Buitrago. También anticipó que llevará como testigo al exministro de Comercio Industria y Turismo (CIT) y exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Luis Carlos Reyes, reveló el medio referenciado.
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El ex alto funcionario será clave en el caso, puesto que sostuvo públicamente que la red logró infiltrar entidades como la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera.
La red habría operado entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 en varias ciudades y puertos
El escrito de acusación, al que tuvo acceso la emisora, ubica la operación de la estructura entre septiembre de 2023 y marzo de 2024. Según la Fiscalía, en ese período la organización actuó bajo el liderazgo nacional de Diego Marín Buitrago y contó además con un papel relevante de Juan Francisco Solano Barrero, alias Pacho o Millos, quien coordinaba las operaciones de contrabando en Bolívar.
La red tenía presencia en Bogotá, Cartagena, Cali y Buenaventura. Su finalidad, sostuvo el ente acusador, era introducir ilegalmente al país cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y calzado a través de los puertos, para después transportar y distribuir esa mercancía en distintas regiones de Colombia e incluso hacia Venezuela y Ecuador.
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El documento recoge además esta descripción: “Sarmiento Rojas, Galeano Ardila y Alzate Moncayo contactaron a los nuevos funcionarios, ofreciendo y entregando fuertes sumas de dinero, dádivas como hospedajes en apartamentos pagados por la organización, celulares y vehículos de alta gama, teniendo su operación desplegada en todo el territorio nacional”.
Otro de los hallazgos consignados por la Fiscalía indica que la organización suministraba teléfonos de alta gama a sus integrantes para comunicarse mediante la aplicación Cellcrypt. El expediente agrega que el pago de sobornos a agentes encubiertos, dentro de una operación autorizada por la Policía Nacional, permitió empezar a destapar la red de corrupción.
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