Congresistas pidieron a Abelardo de la Espriella derogar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos creadas por el Gobierno Petro

Los congresistas Daniel Briceño, Sara Castellanos y Carol Stefanny Borda enviaron una carta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al futuro ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, en la que solicitaron la revocatoria directa e inmediata de las resoluciones expedidas por el Ministerio de Agricultura con fundamento en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del Gobierno de Gustavo Petro, mediante las cuales se crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA).

En el documento, fechado el 11 de julio, los congresistas argumentan que estas disposiciones otorgaron al Ministerio de Agricultura facultades para determinar el uso de tierras en distintas regiones del país y sostienen que las medidas han generado restricciones sobre predios rurales, afectando la autonomía de las entidades territoriales, la propiedad privada y la seguridad jurídica para propietarios, productores e inversionistas.

En la comunicación dirigida al gobierno entrante, los firmantes manifestaron que la revocatoria de estas medidas debe realizarse desde el primer día de la nueva administración: “Como congresistas de la República, hacemos un llamado urgente al Gobierno entrante para que, desde el primer día de su administración, ordene la revocatoria directa de todas las resoluciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (...)”.

Los congresistas sostienen que el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo permitió que una disposición con vigencia durante ese cuatrienio se convirtiera en un mecanismo permanente para definir el uso del suelo.

“Esto atropella la autonomía de los concejos municipales, el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa: miles de predios rurales quedan con prohibiciones para el desarrollo de actividades como comercio, industria, turismo, minería o la construcción de vivienda, sin que exista una ley que autorice estas restricciones ni estudios técnicos serios que las respalden", señalaron los congresistas.

La solicitud incluye la revocatoria o derogatoria de resoluciones expedidas para la implementación de las APPA y las ZPPA en diferentes regiones del país. Entre ellas figuran actos administrativos relacionados con Sabana Centro, en Cundinamarca; La Guajira; el Suroeste de Antioquia; Córdoba; Tolima y Santander.

De acuerdo con la carta, las resoluciones cuya revocatoria solicitan corresponden a los siguientes actos administrativos:

• Sabana Centro (Cundinamarca): Resoluciones 507 de 2023, 266 de 2025 y 153 de 2026.
• La Guajira: Resoluciones 230 de 2023, 161 de 2024 y 289 de 2025.
• Suroeste de Antioquia: Resoluciones 377 de 2024; 330, 393 y 394 de 2025; y 11, 12, 18, 63, 64, 116 y 117 de 2026.
• Córdoba: Resoluciones 242 de 2025 y 93 de 2026.
• Tolima: Resoluciones 352 de 2024 y 44, 45 y 52 de 2026.
• Santander: Resolución 269 de 2025.

Además, los legisladores solicitaron revisar el Decreto 1147 de 2024, que faculta a la Agencia Nacional de Tierras para fijar límites a la propiedad privada dentro de las Zonas de Reserva Campesina.

Advertencias de organismos de control

La representante Carol Stefanny Borda también explicó públicamente el contenido de la solicitud presentada al presidente electo y al futuro ministro de Agricultura. “Consideramos que estas medidas terminaron afectando la seguridad jurídica de 1000 de propietarios rurales y limitando la autonomía de los municipios y departamentos sobre el ordenamiento de su propio territorio”, señaló.

La representante agregó que, a su juicio, las restricciones sobre el uso del suelo deben contar con respaldo legal y técnico. “El campo y la producción de los alimentos se defiende, defendiendo el uso del suelo de cualquier restricción y el uso de la propiedad privada. Su intento por limitar el uso del suelo de alguna forma debe tener un sustento legal y técnico, y, sobre todo, respetar las competencias de las autoridades locales”, afirmó.

En la carta, los congresistas también mencionan pronunciamientos de organismos de control relacionados con la implementación de estas figuras. “Los perjuicios de esta política ya son verificables. La Contraloría General de la República advirtió riesgos legales, fiscales y de gobernanza en la forma como se han implementado las APPA. La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible el artículo 32″.