Gobierno Petro autorizó el traslado de Santiago Uribe a una guarnición militar para cumplir su condena por el caso de “Los doce apóstoles”

El traslado fue confirmado por el expresidente Álvaro Uribe, quien informó que la autorización fue otorgada por el Gobierno Petro luego de que la defensa alegara razones de seguridad y arraigo familiar

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El 9 de junio, Santiago Uribe se presentó voluntariamente ante las autoridades para cumplir la orden de captura, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la condena - crédito Europa Press
El 9 de junio, Santiago Uribe se presentó voluntariamente ante las autoridades para cumplir la orden de captura, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la condena - crédito Europa Press

Santiago Uribe Vélez, ganadero y hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue trasladado a una guarnición militar para cumplir la condena de 28 años y tres meses de prisión que le fue impuesta por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado dentro del proceso relacionado con la estructura paramilitar conocida como “Los doce apóstoles”.

La información fue confirmada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez a través de su cuenta en la red social X, donde agradeció al Gobierno nacional por autorizar el cambio del lugar de reclusión de su hermano y señaló que la defensa continuará adelantando actuaciones jurídicas para controvertir la sentencia que quedó en firme.

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“Agradezco al Gobierno nacional, en nombre de mi familia, que no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar. El general Pedro Sánchez, Ministro de Defensa, me informó que el presidente Petro aceptó las razones invocadas. Muchas gracias. Los abogados seguirán en la búsqueda de pruebas sobrevinientes para que se corrija la enorme injusticia de su condena”, escribió el exmandatario.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez informó que el presidente Gustavo Petro aceptó las razones expuestas para el traslado - crédito @AlvaroUribeVel/X
El expresidente Álvaro Uribe Vélez informó que el presidente Gustavo Petro aceptó las razones expuestas para el traslado - crédito @AlvaroUribeVel/X

La solicitud de la defensa y el traslado

Antes de conocerse la autorización para el traslado, la defensa de Santiago Uribe había solicitado que la condena fuera cumplida en el Batallón Juan del Corral, ubicado en Rionegro, Antioquia, o en otra instalación especial dentro del departamento.

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La petición fue presentada por el abogado Jaime Enrique Granados Peña, quien argumentó razones de seguridad y de arraigo familiar para solicitar que su cliente permaneciera recluido en una guarnición militar mientras cumple la condena impuesta por la justicia.

La autorización del traslado se produce casi un mes después de que Santiago Uribe se presentara voluntariamente ante las autoridades para hacer efectiva la orden de captura emitida en su contra. El junio, Álvaro Uribe informó en X que su hermano acudió por sus propios medios a las autoridades para cumplir el requerimiento judicial. “Santiago Uribe, mi hermano, llegó por sus medios a una Comisaría de Policía para cumplir con la orden de captura”, escribió entonces el expresidente en su cuenta de X.

La presentación voluntaria ocurrió después de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazara por improcedente el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa, decisión con la que quedó ejecutoriada la condena impuesta por el Tribunal Superior de Antioquia.

Según explicó el alto tribunal, el recurso no cumplía los requisitos para ser estudiado de fondo y la garantía de doble conformidad ya había sido satisfecha durante el trámite judicial, por lo que quedaron agotadas las vías ordinarias para controvertir la sentencia.

La condena por el caso de “Los doce apóstoles”

Santiago Uribe - crédito Colprensa/Verdad Abierta
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena al rechazar el recurso extraordinario de casación, con lo que quedaron agotadas las vías ordinarias de impugnación dentro del proceso - crédito Colprensa y Verdad Abierta

La condena contra Santiago Uribe está relacionada con el caso de la estructura paramilitar conocida como “Los doce apóstoles”, grupo que, según las conclusiones judiciales, operó en el municipio de Yarumal, Antioquia, durante la década de los noventa.

De acuerdo con la decisión judicial, esa organización habría participado en homicidios selectivos contra personas señaladas de tener presuntos vínculos o simpatías con grupos insurgentes. Los jueces concluyeron que esos hechos hicieron parte de un patrón sistemático de persecución desarrollado en varias zonas del norte del departamento.

La Corte Suprema mantuvo la tesis de que los hechos investigados constituyen crímenes de lesa humanidad, condición jurídica que impidió que el proceso prescribiera pese al tiempo transcurrido desde el inicio de las investigaciones.

Aunque el expediente comenzó en 1995, fue archivado cuatro años después por falta de elementos probatorios suficientes y permaneció sin avances durante más de una década. Posteriormente fue reactivada en 2010 tras las declaraciones del mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses, quien afirmó que Santiago Uribe habría ejercido un papel de liderazgo dentro de la organización y aseguró que la hacienda La Carolina habría servido como centro de operaciones del grupo.

A partir de esos testimonios, la Fiscalía General de la Nación reabrió varias líneas investigativas y, posteriormente, ordenó la captura del ganadero. En 2016, Santiago Uribe fue privado de la libertad y permaneció detenido cerca de dos años hasta recuperar la libertad por vencimiento de términos mientras continuaba el proceso.

El fallo definitivo

Cuando el proceso parecía acercarse a su desenlace, un juzgado especializado de Medellín absolvió en primera instancia a Santiago Uribe en noviembre de 2024, al considerar que persistían dudas sobre la credibilidad y el alcance de algunos de los testimonios utilizados por la acusación. Sin embargo, esa decisión fue apelada por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y los representantes de las víctimas.

Tras revisar el expediente, el Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución y concluyó que existían suficientes elementos probatorios para establecer la responsabilidad penal del procesado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

La sentencia impuso una pena de 28 años y tres meses de prisión, tomando como hecho principal el homicidio de Camilo Barrientos, conductor de transporte intermunicipal asesinado en Yarumal, Antioquia, en 1994.

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