
El presidente Gustavo Petro afirmó que el salario vital ya fue decretado y es “irreversible”, al responder a la postura del ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, en el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, que anticipó un aumento más moderado del mínimo para 2027 atado a la productividad y la inflación.
“El salario vital es orden de la constitución y ya fue decretado y es irreversible. Es uno de los grandes logros sociales del gobierno de la vida y del cambio”, dice un mensaje publicado por el mandatario en X.
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La discusión se abrió después de que el salario mínimo para 2026 fuera fijado con un alza del 23,7%, mientras el Ministerio del Trabajo calcula que cerca de 2,4 millones de trabajadores en Colombia reciben ese ingreso.
Para el Gobierno saliente, el mínimo quedó en $ 1′750.905 tras un aumento que Petro presentó como parte de su política de salario vital.

El actual jefe de Estado, cuyo mandato termina el 6 de agosto, sostuvo que las organizaciones trabajadoras deben tomar como referencia la línea de la canasta vital familiar fijada por el Dane, dividirla por 1,5 por el promedio de trabajadores por familia y sumar la tasa de incremento de la productividad del trabajo.
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Según dijo, ese resultado debe servir de base para el decreto del año entrante si la nueva administración fija un salario inferior.
“Observar el dato de la línea de la canasta vital familiar fijada por el Dane, y dividir por 1.5 porque ese es el promedio de trabajadores por familia en el país, a esa suma se le agrega la tasa de incremento de la productividad del trabajo y así se obtiene el nuevo salario mínimo vital para el año entrante por el cual hay que luchar si el gobierno entrante establece un salario mínimo más bajo”, se lee en la publicación.
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El mandatario agregó que cualquier valor por debajo de esa fórmula “empieza a desvalorizar el salario vital y deja de ser vital, es decir, no sirve para comprar la canasta mínima vital de una familia en Colombia”. También afirmó que ese criterio responde a una orden de la Constitución.

Por su parte, en entrevista con Caracol Radio, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, dijo que el próximo gobierno no seguirá la misma línea del ajuste decretado para este año y que buscará una política salarial “racional”. No mencionó un porcentaje para 2027, pero dejó claro que la intención es que el aumento sea inferior al aplicado para 2026.
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El funcionario designado sostuvo que el salario debe crecer al ritmo de la productividad. En esa misma conversación afirmó: “Nosotros tenemos que volver a una política de salarios que sea racional, que proteja naturalmente el poder adquisitivo y sobre todo el poder adquisitivo de las personas de menores ingresos”.
Gómez también cuestionó que los últimos incrementos del mínimo durante el gobierno de Petro se hayan ubicado por encima de la productividad y de la inflación certificada por el Dane. Según explicó al medio, elevar el salario “de manera desmedida” aumenta los costos de la economía, reduce las utilidades de las empresas y limita la capacidad de crecimiento.
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Sobre ese punto, añadió otra definición: “El salario debe crecer en la medida en que crece la productividad”. A su juicio, si las empresas producen más con los mismos recursos, la economía puede absorber aumentos salariales sostenibles.
La diferencia central entre ambas posturas está en el punto de partida del cálculo. Petro propone una fórmula basada en la canasta vital familiar y el promedio de 1,5 trabajadores por hogar, más la productividad, mientras que Gómez plantea que el ajuste se defina con base en inflación y productividad, sin ubicarlo muy por encima de esas variables.
El ministro designado señaló que la inflación podría cerrar alrededor de 5,1% y advirtió que el próximo gobierno quiere evitar incrementos que se sitúen varias veces por encima de ese nivel. En esa línea dijo: “Nosotros no podemos aumentar el salario mínimo cuatro o cinco veces por encima de la inflación”.
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Según la explicación del equipo entrante, un aumento mayor al desempeño de la economía puede traducirse en mayores costos laborales, menor capacidad empresarial para generar empleo y presión sobre los precios de bienes y servicios. Gómez sostuvo además que uno de los problemas de Colombia es el bajo crecimiento de la productividad en los últimos años.

Petro, por su parte, defendió el aumento ya decretado al señalar que “permite más ingresos, aumentos en el consumo, crecimiento en la producción y empleos de mayor calidad”. El gobierno saliente define el salario vital como el ingreso que cubre las necesidades esenciales de los trabajadores.
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De acuerdo con el Ministerio de Hacienda saliente de Germán Ávila, esa idea toma como referencia la definición de la Organización Internacional del Trabajo, que entiende el salario vital como “el ingreso necesario para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias”, calculado sobre una jornada laboral normal y según el contexto económico de cada país.
La discusión se da además mientras sigue pendiente una decisión del Consejo de Estado sobre la demanda presentada contra el último aumento decretado. En paralelo, el empalme entre la administración saliente y la de Abelardo De La Espriella ya dejó el primer choque público sobre la fórmula con la que se intentará definir el salario mínimo de 2027.
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