Ocho integrantes del Clan del Golfo se entregaron al Ejército: llegaron con 8 fusiles, 19 proveedores, 1.492 municiones y material de comunicaciones

Ocho integrantes del Clan del Golfo se sometieron voluntariamente al Ejército en Alto Baudó, Chocó, en medio de la crisis de la mesa de Paz Total que ese grupo mantiene con el Gobierno nacional y cuando falta menos de un mes para el fin del mandato de Gustavo Petro, un episodio que golpea a una de las estructuras criminales más extendidas del país.

La entrega incluyó 8 fusiles, 19 proveedores, 1.492 municiones, un radio base, dos radios tipo escuadra y material de intendencia. El grupo al que pertenecían opera en el sur de Chocó y hace parte de una organización que, según el comunicado oficial del Ejército Nacional, tiene cerca de 10.000 integrantes y presencia en 23 departamentos.

La institución informó que los hombres integraban la subestructura Baudó, también identificada como Leónidas de la Rosa Vásquez, y que se presentaron ante tropas del Gaula Militar Chocó, adscritas a la Décima Quinta Brigada y coordinadas con la Policía Nacional. La operación se desarrolló en desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

Entre los desmovilizados está alias Jair, señalado como cabecilla de comisión de subestructura en el Alto Baudó. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó el hecho como “un importante resultado de inteligencia militar”.

De acuerdo con el reporte del Ejército, la entrega ocurrió por la presión sostenida de las operaciones militares en la zona. Los ocho hombres solicitaron garantías para su vida e integridad y manifestaron su intención de acogerse al proceso de sometimiento a la justicia.

La institución sostuvo que el resultado debilita la capacidad delictiva, armada, logística y doctrinal de esa estructura. También señaló que durante el procedimiento las tropas mantuvieron “estricto respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, y garantizaron la vida, la integridad y la dignidad de quienes se sometieron.

Sánchez afirmó en sus redes sociales: “Con este resultado, se evidencia que no vale la pena continuar en el mundo del delito y que la desmovilización es la mejor opción que tienen los integrantes de cualquier estructura criminal”. El ministro añadió que la ofensiva de la Fuerza Pública “doblega la voluntad de los criminales”.

“Mi reconocimiento a nuestros soldados por este contundente resultado. Seguiremos actuando con toda la capacidad del Estado para proteger la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”, añadió el ministro.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se refirió al episodio y escribió: “Son ocho integrantes del clan del Golfo en el Chocó que se acaban de entregar al gobierno Nacional. Seguir con la ofensiva”.

La entrega se produjo mientras atraviesa una crisis la relación entre el Gobierno nacional y el clan del Golfo, que instalaron una mesa de paz en Doha, Catar, en septiembre de 2025. Uno de los acuerdos centrales contemplaba activar tres Zonas de Ubicación Temporal para concentrar combatientes con fines de desmovilización en Tierralta, Córdoba, y en Unguía y Belén de Bajirá, Chocó.

El plan preveía concentrar a los primeros 500 hombres en Tierralta el 25 de junio, pero las delegaciones aplazaron el proceso. A esa incertidumbre se sumó el anuncio de campaña de Abelardo de la Espriella, que planteó desmontar la política de paz total de Petro al inicio de un nuevo mandato.

El Ejército indicó que los ocho sometidos quedaron a disposición de las autoridades competentes y que avanzan los trámites con el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa.

El reporte oficial subrayó que el golpe reduce de manera directa los factores de inestabilidad y riesgo que estos grupos generan sobre la población civil en Chocó.

Este resultado se sumó a otra operación reciente del Ejército en Putumayo, donde fue destruido en Puerto Caicedo un laboratorio para procesar permanganato de potasio atribuido a la estructura 48 de las disidencias Segunda Marquetalia.

Según la institución, en ese procedimiento fueron destruidos 130 kg del químico en estado sólido, más de 1.700 galones en estado líquido, 100 canecas plásticas y la infraestructura usada para esa actividad ilícita, con una afectación financiera calculada en más de $120 millones.