Las excusas públicas del Estado colombiano marcaron un nuevo paso en el caso de María G. (nombre ficticio por efectos de seguridad), sobreviviente de violaciones, torturas, amenazas y desplazamiento forzado en Medellín en 2002. La ceremonia se realizó en San José en el marco de un acuerdo de solución amistosa alcanzado tras el trámite del expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Estado colombiano ofreció excusas públicas a María G. porque su caso, relacionado con violencia sexual y otras agresiones cometidas en noviembre de 2002, llegó al sistema interamericano tras años sin avances en la justicia interna. El expediente incluyó denuncias por violación sexual, tortura, amenazas, desplazamiento y falta de diligencia estatal en la investigación.
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Según información divulgada por El Tiempo, la ceremonia tuvo lugar en el Auditorio de Audiovisuales de la Universidad de Costa Rica y la encabezó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el acto, la víctima estuvo presente, pero resguardó su rostro detrás de un telón.
La escenificación mostró primero su silueta y luego la de otras personas que la tomaron de la mano y la abrazaron. También intervinieron Iris Marín defensora del Pueblo y Óscar Parra magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El ataque y el desplazamiento de María G
El expediente señala que María G. tenía 18 años cuando, en noviembre de 2002, seis hombres encapuchados y armados la interceptaron mientras iba al colegio. Según la denuncia, llevaban prendas militares y brazaletes de las entonces Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Los agresores la vendaron y la obligaron a caminar hacia un lugar desconocido mientras hablaban por radioteléfonos. Allí la interrogaron sobre sus hermanos y sobre su actividad como líder juvenil, y la señalaron como guerrillera.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó consignado que María G. sufrió “cortes con cuchillo, una quemadura de cigarro y golpes”. También indicó que “fue violada por tres sujetos mientras el resto del grupo se reía y alegaba su turno para tener acceso carnal con ella”.
El organismo añadió que la víctima recibió amenazas de muerte y que los atacantes la marcaron en un antebrazo con las letras AUC. Después la obligaron a regresar con un papel que contenía una amenaza para la comunidad de Carpinelo, en la Comuna 1 de Medellín.
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Tras esa agresión, María G. se desplazó de Medellín a Bogotá. Tuvo que dejar sus trabajos y sus estudios.
La impunidad y el contexto del caso
Antes de salir de la ciudad, la víctima denunció los hechos ante la Fiscalía. Desde entonces, el único avance procesal mencionado en el expediente fue el reconocimiento médico legal.
El caso también incorporó el contexto descrito por la denunciante sobre Carpinelo. El expediente recoge que los hechos ocurrieron en medio de la disputa por el control territorial entre los bloques Metro y Cacique Nutibara de las AUC.
Según ese mismo documento, la peticionaria sostuvo que esos grupos mantenían alianzas con miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. El señalamiento aparece como parte de los alegatos reunidos en el expediente.
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La denunciante también expuso que, durante los enfrentamientos en la Comuna 1, la violencia sexual contra mujeres se usó como mecanismo de amedrentamiento y control territorial. Atribuyó esa práctica principalmente a agentes de la Fuerza Pública y a paramilitares.
El trámite ante la Comisión y el acuerdo con el Estado
Ante la falta de respuesta judicial, María G. y su familia acudieron al sistema interamericano. Presentaron sus pruebas en febrero de 2009 y la Comisión aceptó el expediente para estudio en mayo de 2018.
La Comisión concluyó que, si se probaban los alegatos, el caso podría encuadrar en posibles violaciones de los artículos 5, 7, 8, 11, 22, 24 y 25 de la Convención Americana. El análisis incluyó la presunta falta de diligencia en la investigación, el desplazamiento interno y una posible participación o aquiescencia de agentes estatales.
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El expediente seguía bajo estudio y podía llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de ese paso, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado alcanzó un acuerdo de solución amistosa con María G.
Ese entendimiento abrió la puerta al acto público de memoria y al compromiso de reparación para la víctima. Aunque no se conocen los términos completos del acuerdo, el reconocimiento oficial quedó ligado a las fallas que permitieron que el caso pasara años sin una respuesta judicial efectiva.
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