Galán negó que existan irregularidades en su elección como alcalde tras apertura de indagación del CNE: “Cumplí con los topes”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió en la noche del miércoles 8 de julio y de forma pública a la apertura de una investigación preliminar por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo colegiado que está indagando por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral, que lo llevó al Palacio Liévano como el sucesor de Claudia López para el periodo 2024-2027.

A través de un comunicado de cuatro puntos, el mandatario distrital reiteró que cumplió con los límites económicos para su aspiración e invitó a los miembros del tribunal electoral que revisen los aportes que fueron consignados en la plataforma digital destinada para tal fin. “En la campaña de 2023, como en todas las campañas que he hecho a lo largo de mi vida, cumplí con los topes y límites para las donaciones”, dijo.

En efecto, el burgomaestre insistió que “toda la información es pública y está disponible en el aplicativo Cuentas Claras”, afirmó Galán en su pronunciamiento. Este pronunciamiento del mandatario distrital se produjo después de que el CNE anunció la indagación a raíz de las denuncias presentadas por el concejal Ángelo Schiavenato, que cuestionó la legalidad de ciertos aportes económicos a la campaña del mandatario.

De acuerdo con el auto al que tuvo acceso Infobae Colombia, la investigación preliminar gira en torno a la posible superación de los topes de gasto permitidos por la legislación electoral. Las denuncias sostienen que aportes realizados por el Grupo Bolívar y el Mercantil Colpatria habrían sido fragmentados de forma estratégica para no exceder los límites legales, pese a que Galán negó haber procedido de esa manera.

“Desde mi elección como alcalde de Bogotá, mi instrucción a todas las entidades del Distrito ha sido clara: deben cumplir con total rigurosidad las leyes en materia contractual y de inhabilidades, incluidas las derivadas de financiación electoral”, reiteró el alcalde de la capital de la República, que está bajo la lupa de la magistrada Fabiola Márquez, cercana al Pacto Histórico, y que fue la que determinó abrir indagación.

El proceso por el que Carlos Fernando Galán está bajo la mira del CNE

En el documento, la magistrada Márquez precisó que se abrió indagación para establecer si los aportes de las empresas mencionadas habrían alcanzado un monto cercano al límite máximo permitido sin superarlo de manera formal. En su denuncia, el concejal Schiavenato indicó que Mercantil Colpatria donó 250 millones de pesos a la campaña de Galán, mientras que el Grupo Bolívar entregó aportes por $100 millones.

Con esto, quedaron, según la denuncia, a solo $5 millones del tope máximo para no contratar con dicha Alcaldía. “Al revisar la línea de tiempo de los hechos, era imprescindible hacer un llamado a las autoridades para que revisaran la coincidencia temporal entre estos aportes y la posterior adjudicación de un contrato de gran importancia financiera para el Distrito”, señaló Schiavenato en su pronunciamiento.

Y es que como lo reseñó el cabildante distrital, uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en la adjudicación, pocos meses después de la posesión de Galán, de la administración de cerca de 3 billones de pesos correspondientes a las pensiones y cesantías de los servidores públicos del Distrito al Banco Davivienda, entidad vinculada al Grupo Bolívar; y que desde el 1 de diciembre de 2025 absorbió a Colpatria.

Frente a esto, Galán fue enfático. “Las entidades del Distrito, de acuerdo con su misionalidad, desarrollan su gestión contractual de manera autónoma. En este caso en particular, no soy yo, como alcalde, el ordenador del gasto”, sostuvo el mandatario, que se desmarcó de los señalamientos en su contra y reiteró de esa manera su disposición a colaborar con las autoridades, para “este y cualquier otro requerimiento”, agregó.

La indagación del CNE, según se consignó en el documento, no solo examinará los aportes privados, sino también la relación de estos fondos con la adjudicación de contratos públicos. El órgano electoral solicitó tanto a Galán como al partido Nuevo Liberalismo la entrega de los documentos requeridos, incluidos los informes de ingresos y gastos de campaña y el detalle de los aportes privados y públicos recibidos.

El expediente fue remitido a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que investiguen posibles delitos o afectaciones al patrimonio público. “El monto total de financiación proveniente de este grupo empresarial superaría el umbral del 2% del tope de gastos”, insistió Schiavenato, que espera avance de manera rápida el proceso en el tribunal electoral.