Corte Suprema dejó en firme el llamado a juicio contra Arturo Char por presunta compra de votos en el Atlántico

La Sala de Instrucción rechazó el recurso presentado por la defensa del exsenador y confirmó la acusación por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante

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Con la determinación de la Corte, el proceso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia, que será la encargada de adelantar el juicio contra el excongresista - crédito Colprensa
Con la determinación de la Corte, el proceso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia, que será la encargada de adelantar el juicio contra el excongresista - crédito Colprensa

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó el llamado a juicio contra el exsenador Arturo Char Chaljub por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, dentro de la investigación relacionada con un presunto entramado de compra de votos en el departamento del Atlántico.

La decisión se produjo luego de que la defensa del excongresista interpusiera un recurso de reposición contra la determinación adoptada por la Sala en diciembre de 2025. Ahora, el jueves 9 de julio de 2026, los magistrados discutieron y aprobaron la ponencia que rechazó los argumentos de la defensa, con lo cual quedó en firme la acusación y el expediente será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia, que será la encargada de adelantar el juicio.

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La investigación por una presunta red de compra de votos

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, Char es procesado por su presunta participación en una organización dedicada a la compra de votos en el departamento del Atlántico, estructura que estaría relacionada con irregularidades registradas durante el proceso electoral desarrollado en octubre de 2017.

Según el expediente, las actividades investigadas se habrían desplegado desde la sede política conocida como Casa Blanca, ubicada en Barranquilla, lugar que hace parte central de las investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción electoral.

La investigación está relacionada con una presunta organización dedicada a la compra de votos en el departamento del Atlántico durante las elecciones de octubre de 2017 - crédito Colprensa
La investigación está relacionada con una presunta organización dedicada a la compra de votos en el departamento del Atlántico durante las elecciones de octubre de 2017 - crédito Colprensa

Dentro del proceso también aparece mencionada la excongresista Aída Merlano Rebolledo, quien fue condenada en primera y segunda instancia por estos hechos. La investigación tomó fuerza tras el allanamiento realizado a la sede política, donde las autoridades encontraron 18 computadores con listados de personas, números de cédula, letras de cambio y recibos de caja.

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En ese procedimiento también fueron incautados $261 millones en efectivo y una pistola Glock negra, elementos que hacen parte del material probatorio incorporado al expediente sobre la presunta operación de compra y venta de sufragios.

Los elementos del expediente y las personas vinculadas

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El expediente incluye los testimonios de Aída Merlano, Rafael Rocha Salcedo, Vicente Rosania y Edwin Martínez Salas, los cuales, según la Corte, respaldan la hipótesis de la presunta participación de Arturo Char en el entramado investigado - crédito Justicia

La Corte recordó que, tras la condena impuesta a Aída Merlano Rebolledo, consistente en 15 años de prisión, se compulsaron copias para investigar a 17 personas que habrían tenido relación con los hechos.

Según la decisión judicial, Arturo Char Chaljub habría liderado el entramado criminal destinado a la compra de votos con el objetivo de asegurar el éxito electoral de los candidatos vinculados al acuerdo investigado.

De acuerdo con el alto tribunal, ese supuesto acuerdo habría involucrado a Arturo Char, Alejandro Char, el empresario Julio Gerlein —quien para la época era pareja sentimental de Aída Merlano—, la propia excongresista y Lilibeth Llinás.

La corporación judicial sostiene que el propósito del pacto consistía en llevar a Aída Merlano al Senado por decisión de Alejandro Char, con Lilibeth Llinás como fórmula política. Paralelamente, también buscaba impulsar la campaña de Arturo Char para su reelección al Senado.

Según la Corte, este acuerdo entre las familias Char y Gerlein comenzó a gestarse en octubre de 2017 en la residencia de Arturo Char, en Barranquilla, por iniciativa del entonces senador y de su hermano Alejandro Char.

Testimonios y pruebas recopiladas por la Corte

Alex Char aparece mencionado en varias ocasiones en el expediente de Arturo Char - crédito - Redes sociales y Colprensa.
Alejandro Char es mencionado por la Corte Suprema en el proceso que llevará a juicio a Arturo Char por presunta corrupción electoral - crédito X y Colprensa

El expediente reúne distintos elementos probatorios que, según la Sala de Instrucción, sustentan el llamado a juicio contra el excongresista. Entre las pruebas figuran los testimonios de Aída Merlano, Rafael Rocha Salcedo, Vicente Rosania y Edwin Martínez Salas, quienes, de acuerdo con la Corte, acreditan presuntas visitas de Arturo Char a la sede política Casa Blanca entre octubre y diciembre de 2018.

Para la corporación judicial, esos testimonios apuntarían a que el exsenador tenía conocimiento del presunto plan criminal que, según la investigación, fue organizado para asegurar las respectivas curules en disputa durante el proceso electoral.

Según la información recopilada por la Corte, cada uno de los integrantes del presunto entramado habría desempeñado un rol específico dentro de la organización investigada. En ese contexto, el expediente señala que Adalberto Llinás habría ejercido como coordinador político de la estructura investigada, la cual tenía entre sus objetivos conseguir alrededor de 10.000 votos para Arturo Char.

Otro de los antecedentes relevantes del proceso ocurrió en septiembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia libró una orden de captura internacional y emitió una circular roja de Interpol contra Arturo Char, luego de establecer que el exsenador había fijado su lugar de residencia en Estados Unidos, país del cual también posee nacionalidad.

Con la decisión adoptada el 9 de julio, el expediente continuará su trámite ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, escenario en el que se desarrollará el juicio correspondiente dentro de este proceso por presunta corrupción electoral.

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