
El excandidato presidencial y ahora líder de la oposición Iván Cepeda advirtió en la mañana del miércoles 8 de julio que el nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella, tendría planeado fortalecer un gobierno con el apoyo paramilitar.
En medio de una rueda de prensa, Cepeda aseguró que su iniciativa de crear los “bloques de defensa para la seguridad ciudadana” daría paso a revivir a grupos no regulados, pero que tendrían el supuesto apoyo del Estado para cometer delitos disfrazados de seguridad.
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El ahora líder de la oposición entregó detalles de las políticas que, a su juicio, configurarían un escenario de reincidencia en prácticas de violencia estatal y criminalidad organizada en Colombia.
Cepeda detalló que la iniciativa implicaría el regreso de estructuras armadas ajenas al control estatal. Estas agrupaciones, formadas por veteranos y reservistas, estarían encargadas de tareas de seguridad y orden, lo que supone —en palabras del senador— una “ruptura del Estado de derecho” y la renuncia estatal al monopolio legítimo de la fuerza.

“Tras conocer anuncios sobre los primeros decretos que él expedirá, hemos llegado a una conclusión grave: en Colombia comienza a configurarse un gobierno paramilitar. No se trata de un calificativo apresurado o alarmista, sino el análisis sereno de las siguientes tres políticas concretas que han sido expuestas en documentos y declaraciones públicas”, señaló Cepeda.
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En su declaración, Cepeda advirtió que las primeras medidas anunciadas por De la Espriella, que incluyen la creación de bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad, son un precedente peligroso.
Según su análisis, el resultado histórico del paramilitarismo ha sido “más violencia, más arbitrariedad y más impunidad”. El senador recordó que la entrega de funciones de seguridad a civiles armados ha traído consecuencias graves en el país en el pasado.
El excandidato presidencial también alertó sobre la intención de criminalizar la protesta social. Aseguró que el nuevo gobierno estaría preparando la disolución de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) y el regreso del Esmad, organismo señalado en el pasado por graves violaciones de derechos humanos y represión contra la juventud y movimientos sociales.
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“desde el pasado 21 de junio, no pasa un día sin que De la Espriella y su entorno, con la complicidad de alcaldes autoritarios como Fico Gutiérrez, en Medellín, o Alejandro Eder, en Cali, alentados por el despotismo beligerante de su nuevo jefe, amenacen con desatar una brutal represión contra quienes osen salir a las calles a protestar”, señaló Cepeda.
Otro punto crítico de la denuncia fue el anuncio de la construcción de “megacárceles privadas”, financiadas con aporte de capital nacional e internacional. Cepeda explicó que la administración y operación de estos centros penitenciarios quedaría en manos de privados y veteranos de fuerzas armadas, reemplazando al actual Inpec.
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Esta medida, según el senador, significaría una “paramilitarización” de la gestión penitenciaria y una vulneración de garantías elementales de los reclusos. “Estos anuncios y proyectos provienen de alguien cuya vida personal y profesional fue puesta al servicio de estructuras paramilitares y narcotraficantes. De la Espriella ha sido reiterativo en afirmar que una de sus aspiraciones, en la época del mayor apogeo de las Autodefensas Unidas de Colombia, era “ser ‘paraco’ con uniforme y con fusil”, señaló.
En su intervención, Cepeda recordó que De la Espriella ha manifestado abiertamente su afinidad con las autodefensas y que enfrenta denuncias penales por supuestos vínculos con estructuras paramilitares y narcotraficantes. El senador insistió en que el proyecto político del presidente electo representa una amenaza para la democracia, la oposición y la libertad política.
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Llamado a la desobediencia civil y vigilancia internacional

Frente al panorama descrito, Cepeda reiteró su llamado a la desobediencia civil pacífica y pidió la acción de organismos nacionales e internacionales. Solicitó a la Defensoría del Pueblo y a entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que mantengan una observación estrecha sobre la evolución política en Colombia y el respeto a los principios constitucionales.
El senador concluyó que la defensa de la vida, la dignidad y la integridad humanas no puede ceder ante proyectos que, según su perspectiva, revitalizan prácticas de terror y criminalidad estatal. La oposición, aseguró, se mantendrá vigilante y activa para defender los principios democráticos y los derechos fundamentales en el país.
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