Gustavo Petro defendió la transparencia del empalme y cuestionó la ausencia del gobierno entrante: “No hay nada que temer”

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, respondió al pedido del gobernador de Quindío, Juan Miguel Galvis, sobre la continuidad del proceso de empalme con el equipo del mandato entrante Abelardo de la Espriella.

El jefe de Estado aseguró que su administración cumple con la obligación legal de entregar informes públicos de gestión en todas las entidades. Además, enfatizó que el equipo del gobierno entrante no ha estado presente en estas sesiones porque las presentaciones se transmiten por televisión.

“El Gobierno entrante no asiste porque son transmitidas por televisión y no sé qué les asustó”, escribió en X.

Petro recalcó que no puede exigir la asistencia de personas que aún no forman parte oficialmente del gobierno, aunque podrían asumir funciones a partir del 7 de agosto. Además, afirmó que sigue esperando la presentación de pruebas sobre supuestas irregularidades en su administración: “Me quedé esperando cuáles eran las enormes irregularidades que decían que había en mi administración. Seguiré esperando”.

El presidente comparó este proceso con el traspaso que vivió al inicio de su mandato tras la gestión de Iván Duque. Dijo que entonces no recurrió a insultos ni a amenazas y reiteró que no ha adoptado medidas represivas contra la oposición. También manifestó que presencia a “un futuro presidente amenazando al presidente que sale”, lo que, según su criterio, constituye un irrespeto a una parte relevante del país.

Gustavo Petro defendió la publicación de los informes de los 70.000 testigos digitales de las elecciones. Aseguró que la verdad sobre estos hechos será conocida tanto en Colombia como en Estados Unidos.

El mandatario colombiano defendió la exposición pública de los informes y que no deberían generar preocupación: “Si no hay nada que ocultar, entonces no hay nada que temer”.

El presidente Gustavo Petro también utilizó su cuenta oficial en la red social X para defender que decir la verdad no implica desconocer la Constitución. Sostuvo que este principio está consagrado como un derecho fundamental, junto con la paz. Según Petro, quienes faltan a la verdad en el ámbito público son quienes realmente vulneran la Carta Magna.

El mandatario también afirmó que la elección de Abelardo de la Espriella carece de legitimidad, apoyándose en declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien habría confirmado la fecha de finalización del mandato presidencial de Petro el 6 de agosto de 2026. Petro subrayó que su salida está prevista para esa fecha y que el nuevo gobierno asumirá el 7 de agosto, siguiendo la voluntad popular.

“Jamás decir la verdad desconoce la Constitución. La constitución establece el derecho fundamental a la Verdad y a la Paz (sic)”, señaló.

En respuesta a comentarios del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien insinuó en una entrevista que Petro podría desconocer los resultados de las elecciones del 21 de junio de 2026 o incluso promover un golpe de Estado, el presidente rechazó categóricamente esas acusaciones.

Petro advirtió que sugerir la extradición o detención de un presidente sin proceso judicial constituye, en sí mismo, una amenaza para el Estado social de derecho y los principios democráticos.

Petro también se refirió a recientes denuncias sobre presunto fraude electoral. Sostuvo que la Fiscalía General ya cuenta con pruebas sobre estos hechos y prometió que tanto la ciudadanía colombiana como la comunidad internacional conocerán esa información, aunque no especificó detalles sobre la evidencia reunida.

“El que habla de extraditar y encarcelar al presidente sin que tenga caso judicial alguno ni en Colombia ni en el exterior es el que da el golpe de Estado contra el Estado social de derecho”, escribió Petro.

El presidente defendió que denunciar posibles irregularidades electorales forma parte de sus obligaciones como jefe de Estado, y no representa un intento de alterar el orden constitucional. Según Petro, exponer estos hechos es una acción democrática, orientada a proteger la transparencia y la legalidad en el sistema político colombiano.