Funcionarios del Inpec implicados en salidas de la cárcel de Carlos Mattos en vehículos de la institución serán imputados por la Fiscalía

La Fiscalía formalizará el miércoles 8 de julio la acusación contra los funcionarios implicados en las salidas de Carlos Mattos en vehículos del Inpec cuando debía cumplir condena en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá. El caso avanzó mientras el empresario alcanzó un principio de oportunidad para obtener una rebaja de pena y evitar más años privado de la libertad por hechos de corrupción en la rama judicial.

Sin embargo, en este escándalo por los traslados fuera de prisión, los que terminarán en juicio son los funcionarios que habrían facilitado la salida del empresario. La investigación se concentra en la presunta responsabilidad de servidores que permitieron que Mattos saliera de la cárcel y se movilizara en vehículos oficiales del instituto penitenciario.

La decisión de la Fiscalía llegó después de que esos funcionarios fueran imputados y de que, en esa diligencia, el ente acusador expusiera los elementos de prueba con los que busca demostrar su presunta participación en los hechos.

Entre ese material figuran registros en video en los que se observa al empresario desplazándose por el norte de Bogotá en automotores del sistema penitenciario.

De acuerdo con la Fiscalía, la evidencia reunida permitió establecer la aparente responsabilidad de los implicados en los hechos corruptos que derivaron en la salida de Mattos de La Picota y en su movilización en vehículos del Inpec. La formalización de la acusación es el paso con el que el caso entra a la etapa de juicio contra esos funcionarios.

Así mismo, se señala una asimetría en el avance judicial del escándalo. Mientras los funcionarios que presuntamente se dejaron corromper afrontan el proceso penal por esas salidas, Mattos alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para buscar una rebaja de la sanción.

Entre tanto, el principio de oportunidad firmado por el empresario le permite aspirar a una reducción de pena y a evitar pasar más tiempo en prisión por los escándalos de corrupción en los que ha estado involucrado. Entre esos hechos aparecen los sobornos a jueces y a funcionarios de la rama judicial.

Dentro de la causa por los paseos en vehículos oficiales, el principal testigo contra los funcionarios es el propio Carlos Mattos. El empresario, protagonista del escándalo, pasó de beneficiarse con el acuerdo a colaborar con el ente acusador en un proceso que busca una condena contra quienes habrían facilitado sus salidas irregulares.

El Inpec trasladó a Carlos Mattos a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita por riesgo de fuga

Las salidas de Carlos Mattos desde La Picota y la visita a su oficina en Bogotá, pese a estar detenido por soborno a jueces, provocaron, en marzo de 2022, la destitución del director del Inpec y del director de esa cárcel, además de abrir otro frente en el historial judicial del empresario, que busca un preacuerdo con la Fiscalía para reducir su pena. El entonces presidente Iván Duque calificó el episodio como “vergonzante” y ordenó remover al general Mariano Botero y al coronel retirado Wilmer Valencia.

El caso no se limitó a un desplazamiento irregular. Mattos fue trasladado después a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, un centro reservado para condenados con alto peligro de fuga, mientras las autoridades avanzan en las indagaciones sobre los dragoneantes que lo llevaron en una camioneta oficial y sobre un posible nuevo soborno.

Las salidas se dieron el 2 marzo de 2022, cuando el mandatario vio en televisión que el empresario había aprovechado al menos en dos ocasiones citas médicas para desviarse a reuniones con su hermano Jorge Mattos y con sus abogados Iván Cancino y Laura Kamila Toro. Ellos son sus apoderados en el proceso por el que fue extraditado desde España en noviembre pasado.

Mattos llegó a Colombia para responder por el delito de cohecho por dar u ofrecer dádivas a los jueces Reinaldo Huertas y Ligia del Carmen Hernández. Esos ofrecimientos incluyeron dinero y detalles de lujo a cambio de decisiones que evitaran la caída, en 2015, de su negocio de distribución de carros de Hyundai en Colombia, luego de que la casa matriz en Corea del Sur le retirara esa representación.

El empresario, en un preacuerdo con la Fiscalía ofreció USD 2 millones, equivalentes a cerca de $7 mil millones, para reparar a sus víctimas y cumplir una pena de cuatro años y medio de prisión.

Antes de las escapadas, sus movimientos en prisión los habría hecho junto a Emilio Tapia, con quien compartió celda en la Unidad de Medidas Especiales de La Picota. Allí, ambos habrían decorado el lugar de acuerdo con sus gustos costosos.

Esas comodidades, según El Tiempo, dejaron de serle suficientes porque encontró otras en su propia oficina, a la que llegó escoltado por funcionarios del Inpec. Ese dato amplió el alcance del escándalo y volvió a poner bajo presión a la entidad encargada de la custodia de los presos en Colombia.

La crisis desatada por el caso Mattos se agregó a una cadena de episodios que ya habían golpeado al Inpec. Uno de los más conocidos fue la fuga de Aída Merlano en 2019 desde un consultorio odontológico, una irregularidad por la que el capitán David Álvarez, encargado de vigilarla, fue condenado a 15 años de prisión.