Campesinos que recibieron tierras que antes pertenecían a narcotraficantes están siendo amenazados por grupos como el Clan del Golfo

Una denuncia de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) puso en manos de la Fiscalía un patrón de violencia contra campesinos beneficiados por la reforma agraria: amenazas, desplazamiento forzado y una tentativa de homicidio en predios que antes estuvieron vinculados a testaferros, narcotraficantes y estructuras armadas que ahora buscan recuperar esas tierras.

El director de la entidad, Juan Felipe Harman, sostuvo ante varios medios de comunicación que la presión no responde a hechos aislados. “Ya hay un patrón de comportamiento en las fincas recuperadas por la reforma agraria. Hay más de seis fincas en las que han llegado a amenazar, amedrentar los campesinos en una semana”, afirmó.

En la investigación publicada por Noticias Uno, la denuncia incluye uno de los episodios más graves en el predio La Primavera, en Meta, donde campesinos fueron torturados, cortados con machete y quemados el 24 de junio. Ese terreno había sido propiedad de Ignacio Álvarez Meyendorf, extraditado a Estados Unidos y condenado por tráfico de drogas.

Harman dijo que detrás de los hechos habría “posibles actores criminales” desplegados en distintas regiones del país para intimidar a los beneficiarios de la adjudicación de tierras. La tesis que expone la ANT es que, una vez entregados los predios a campesinos sin tierra, las antiguas redes de control activaron una campaña para expulsarlos.

La ANT denuncia un patrón de amenazas en fincas recuperadas por el Estado

El caso de Puerto Boyacá concentra varios de los elementos de esa denuncia. El 23 y 24 de junio, personas armadas ingresaron a los predios Los Alpes, La Olguita y Los Alpes La Pulia, y se presentaron ante los ocupantes como abogados y propietarios de los terrenos.

Según el relato citado por el medio, los intrusos les dijeron a los campesinos que iban a recuperar los predios y que debían abandonarlos si no querían sufrir represalias. Los Alpes había sido incautado por la Fiscalía en 2023 y estaba en manos de Agroalpes, empresa del narcotraficante Andrés Mauricio Vélez Hernández, alias Fortuna, extraditado a Estados Unidos en 2021.

La ANT identifica en ese tipo de episodios una disputa por el control material de fincas cuyos títulos ya estaban a favor de la nación, pero que durante décadas siguieron bajo influencia de testaferros de grandes narcotraficantes. La denuncia presentada a la Fiscalía sostiene que esa resistencia se volvió más agresiva cuando los terrenos empezaron a ser entregados en el marco de la reforma agraria.

La denuncia apunta al Clan del Golfo y a antiguos vínculos paramilitares

En Puerto Berrío, en el predio Jamaica, una campesina recibió amenazas por mensaje el martes 23 de junio. De acuerdo con la información divulgada, los responsables serían integrantes de Pacificadores de Samaná, una subestructura criminal del Clan del Golfo que opera bajo las órdenes de Julio Efraín Vega.

Sobre ese caso, Harman mencionó de forma directa a un jefe criminal. “Alias Don Julio o, o Vegachí, presuntamente estaría implicado en este fenómeno de amedrentar campesinos para recuperar las tierras”, declaró.

La denuncia agrega que a los campesinos beneficiarios de Jamaica les advirtieron que dejaran de cultivar porque “van a perder todo”, ya que “el Tigre ya tiene todo arreglado con el patrón para volver el predio”. Esa frase, incorporada al expediente, refuerza la hipótesis de una operación orientada a restablecer antiguos controles sobre la tierra.

En Puerto Triunfo, el miércoles 24 de junio, mujeres campesinas fueron amenazadas en el predio La Perla. Ese terreno había pertenecido a María Georgina, alias La Yina, cónyuge de Ovidio Isaza Gómez, alias Roque, hijo del paramilitar Ramón Isaza.

Harman vinculó ese nombre con la estructura que, según la ANT, aparece en el trasfondo de las intimidaciones. “Alias Yina, que tiene familiaridad con la estructura de Ramón Isaza, la estructura también que está asociada al Clan del Golfo”, dijo.

El director de la Agencia Nacional de Tierras también incluyó otro apellido en la denuncia: “Y también un señor de apellido Meyendorf”. La referencia apunta a Ignacio Álvarez Meyendorf, extraditado a Estados Unidos y condenado por tráfico de drogas.

Según el reporte, Meyendorf fue propietario del predio El Llano, en Córdoba, y de La Primavera, en Meta. En El Llano, hombres armados amenazaron a campesinos el 28 de junio; en La Primavera, el ataque dejó víctimas torturadas, heridas con machete y quemadas cuatro días antes.