Corte Constitucional convocó mesa técnica para revisar si el nuevo esquema tarifario del aseo protege los derechos de los recicladores

La Corte Constitucional programó para el viernes 17 de julio una mesa técnica dentro del proceso de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003, con el propósito de examinar el impacto que tendría el nuevo marco tarifario del servicio público de aseo sobre los recicladores de oficio.

La convocatoria fue realizada mediante un auto del 2 de julio, suscrito por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, y hace parte del control que mantiene el alto tribunal para verificar que continúen vigentes las medidas de protección ordenadas a favor de esta población.

La reunión se desarrollará en el Palacio de Justicia, en Bogotá, y contará con la participación de representantes de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), el Ministerio de Vivienda, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría Distrital del Hábitat, la Secretaría Jurídica de Bogotá y organizaciones de recicladores como la Asociación Nacional de Recicladores, la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) y Ecoalianza.

Seguimiento a una sentencia que cambió la protección de los recicladores

El expediente que actualmente supervisa la Corte tiene su origen en la Sentencia T-724 de 2003, considerada uno de los principales precedentes sobre la protección de los derechos de los recicladores de oficio. En esa decisión, el alto tribunal concluyó que el entonces Distrito Capital vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al debido proceso de la Asociación de Recicladores de Bogotá al excluirla, en la práctica, de un proceso de contratación relacionado con el servicio público de aseo.

Aunque en ese momento la licitación ya había sido adjudicada y la Corte declaró la existencia de un hecho superado, revocó las decisiones de los jueces de instancia y concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados.

Además, previno a las autoridades distritales para que en futuras contrataciones del servicio de aseo incorporaran acciones afirmativas que permitieran la participación efectiva de los recicladores, al considerar que se trataba de un grupo históricamente marginado y sujeto de especial protección constitucional.

En esa providencia, la Corte recordó que el artículo 13 de la Constitución obliga al Estado a adoptar medidas dirigidas a garantizar una igualdad material para los grupos discriminados o marginados.

Asimismo, sostuvo que la ausencia de acciones afirmativas en procesos de contratación pública puede traducirse en una vulneración del derecho a la igualdad cuando afecta a poblaciones que enfrentan condiciones estructurales de exclusión.

Precisamente por la relevancia de ese precedente, la corporación ha mantenido abierto el seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas hace más de dos décadas, con el fin de verificar que las políticas públicas y las decisiones regulatorias no impliquen retrocesos en la protección alcanzada.

La preocupación por el nuevo marco tarifario

La nueva actuación judicial surge a partir de las inquietudes presentadas por varias organizaciones de recicladores frente al proyecto de marco tarifario que prepara la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Entre ellas, Ecoalianza manifestó que la propuesta regulatoria podría generar cargas económicas y administrativas que afectarían la permanencia de los recicladores en la actividad de aprovechamiento y reducirían sus ingresos. También expresó preocupaciones relacionadas con el acceso a la información técnica durante la elaboración del proyecto y con los espacios de participación ofrecidos para discutir el contenido de la regulación.

Frente a esas solicitudes, la Corte Constitucional aclaró que la convocatoria de la mesa técnica no constituye un pronunciamiento anticipado sobre la legalidad del nuevo esquema tarifario ni reemplaza las competencias regulatorias de la CRA. El objetivo, explicó el alto tribunal, consiste en obtener información técnica suficiente para establecer si las nuevas disposiciones son compatibles con las acciones afirmativas ordenadas en el precedente.

Durante la diligencia, la Comisión de Regulación deberá exponer los principales cambios frente al modelo tarifario vigente, explicar de qué manera impactan la actividad de aprovechamiento de residuos y precisar qué mecanismos contempla para evitar afectaciones sobre las organizaciones de recicladores.

Por su parte, los representantes de estas organizaciones deberán presentar elementos concretos que permitan identificar cuáles disposiciones consideran problemáticas y qué modificaciones estiman necesarias para preservar las medidas de protección que la Corte ha venido supervisando desde hace más de veinte años.