
El nuevo ministro de Defensa designado, general (r) Jorge Mora, anunció que el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella buscará derogar decretos clave de la política de Paz Total implementada en los últimos años.
De acuerdo con declaraciones recogidas por Noticias RCN, Mora afirmó que la nueva administración tiene la intención de restablecer plenamente las capacidades de la fuerza pública para garantizar la seguridad y recuperar el control de territorios que, según sus palabras, “hemos perdido” en tres décadas.
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Según indicó el general, la decisión de dejar sin efecto estos decretos responde a una directriz política del presidente. “Es una disposición política del presidente, ya van a cesar”, apuntó Mora durante la entrevista.
El funcionario explicó que entre las normas a derogar figura el decreto 003, que eliminó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y restringió el uso de herramientas por parte de la fuerza pública dentro del proceso de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH). “Seguramente se van a derogar una serie de decretos que también le ataban las manos a los miembros de la fuerza pública”, manifestó.
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El general Mora remarcó que el ejercicio de la fuerza se realizará siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes nacionales e internacionales.
“La fuerza se ejerce dentro del marco de los derechos humanos y del DIH”, sostuvo, reafirmando el compromiso del gobierno con la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales.
Ante inquietudes de sectores jóvenes que temen un posible endurecimiento de las medidas frente a la protesta social, el titular de Defensa diferenció entre manifestaciones pacíficas y actos violentos.
“Una cosa es la protesta social y otra es la manifestación violenta”, aclaró. Mora subrayó que la protesta es un derecho cuando se desarrolla dentro del marco constitucional y sin afectar los derechos de otros ciudadanos. “Hay que permitirla”, expresó en entrevista con Noticias RCN. No obstante, advirtió que las acciones violentas serán enfrentadas con la fuerza pública, siempre bajo los principios del derecho y la protección de las garantías fundamentales.
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El funcionario negó que el regreso del Esmad implique represión indiscriminada. “Aquí no va a haber represión, aquí no va a haber una serie de circunstancias que los enemigos de la autoridad, de la institucionalidad, de la ley y del orden, pues es la excusa que quieren sacar”, señaló.
Insistió en que la misión del Ministerio de Defensa será actuar conforme a la Constitución, la ley y el respeto por los derechos de los colombianos.
Tras lo anterior, la representante electa a la Cámara por el Pacto Histórico, Mafe Carrascal, expresó fuertes críticas tras el anuncio de Espriella sobre la posible derogación del decreto que reemplazó al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) por la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).
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“Este anuncio demuestra su inclinación por la violencia estatal y política contra el pueblo colombiano”, señaló la congresista a través de sus redes sociales.

Carrascal defendió el proceso de transformación institucional que se llevó a cabo durante la administración de Gustavo Petro.
Según la representante, el cambio de enfoque en el manejo de la protesta social y las órdenes claras dadas a la fuerza pública para respetar los derechos ciudadanos “salvaron vidas y fortalecieron el Estado de derecho”.
La parlamentaria argumentó que bajo esta política se priorizó el respeto a la movilización y se reforzaron las garantías constitucionales. Respaldando sus afirmaciones, la congresista citó cifras publicadas por Temblores ONG, organización dedicada al seguimiento de casos de violencia estatal.
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De acuerdo con estos datos, en comparación con el periodo del gobierno de Iván Duque, el uso de la fuerza disminuyó un 58% y las intervenciones contra manifestaciones bajaron un 68%. “Cientos de vidas se salvaron”, enfatizó Carrascal.
En su declaración, la representante alertó que la llegada de la “ultraderecha” al poder puede convertirse en “una nueva fuente de inseguridad y un peligro para los derechos y libertades constitucionales, incluyendo la vida misma”.
Por último, Carrascal subrayó que la protección de la protesta pacífica constituye un pilar fundamental para la democracia y advirtió sobre los riesgos de retroceder en las garantías ciudadanas.
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