Estas fueron las declaraciones de Jorge Iván Cuervo sobre las disidencias de la Segunda Marquetalia que le costaron su puesto como ministro de Justicia: “No fue correcto”

Que dar estatus político a las disidencias de las Farc no fue correcto, dijo el entonces ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien sostuvo que esa decisión violó el Acuerdo de Paz y que el Consejo de Estado la respaldó en una medida provisional. Horas después, el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia.

Cuervo afirmó que fue un error dar tratamiento político a la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Farc, porque esa decisión contrariaba el Acuerdo de Paz y el marco legal aplicable. Sus palabras coincidieron con una decisión provisional del Consejo de Estado y desataron la controversia que terminó con su salida del Ministerio de Justicia.

El funcionario también confirmó su salida con un mensaje de despedida. “Al señor Presidente, mi gratitud por haberme permitido servirle al pais desde el ministerio. Me voy feliz de haber podido trabajar por una sociedad más justa e incluyente”.

Cuervo, que llevaba menos de cinco meses en el cargo, dejó así la cartera con más relevos de todo el mandato de Petro, a poco más de un mes de que termine el gobierno.

“Yo creo que no fue correcto darle estatus de negociación política a las disidencias de las Farc. Creo que el Consejo de Estado reafirmó eso en una decisión la semana pasada, porque eso violó el Acuerdo de Paz”, afirmó.

El respaldo judicial que citó Cuervo

El sustento que invocó Cuervo remite a la decisión provisional que el Consejo de Estado adoptó el 1 de julio. Ese día suspendió la resolución con la que la Presidencia había autorizado, en febrero de 2024, instalar una Mesa de Diálogos de Paz con la Segunda Marquetalia, la estructura ligada a Iván Márquez.

La medida cautelar congeló los efectos del acto mientras el tribunal resuelve de fondo la demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho y el exministro Wilson Ruiz.

Según la Ley 2272 de 2022, los grupos armados organizados al margen de la ley pueden entrar en negociaciones políticas orientadas a un acuerdo de paz. Las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto solo pueden acudir a fórmulas de sometimiento a la justicia y desmantelamiento.

El tribunal resumió esa diferencia con esta conclusión: “El acto demandado catalogó a la autodenominada Segunda Marquetalia como un grupo armado organizado al margen de la ley, sin que lo fuera”.

En su lectura preliminar, quienes se desmovilizaron mediante un acuerdo con el Estado y volvieron a delinquir encajan en la categoría de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. El texto también señala que la Segunda Marquetalia surgió en 2019 tras el rearme de excomandantes que habían firmado el Acuerdo de 2016.

Su comandante en jefe es Iván Márquez, quien firmó ese pacto como jefe de la delegación de las Farc-EP.

Las objeciones de Cuervo al diseño de la Paz Total

Cuervo extendió su reparo al diseño general de la paz total y señaló que las negociaciones arrancaron sin una base jurídica clara. A su juicio, esa ausencia abrió una incertidumbre que aún persiste en distintas mesas.

“El Ministerio de Justicia acompaña, por ejemplo, todo el tema de la negociación, con lo que fue en su momento la presentación, por parte del exministro Montealegre, del marco jurídico para la paz. Las funciones del ministerio son las de dar una cobertura jurídica al tema. Yo creo que ahí empezó el problema”, dijo.

Luego precisó el alcance de su crítica al trabajo de su antecesor Eduardo Montealegre. “Se debió tener un marco jurídico desde el primer momento del inicio de la negociación, porque eso generó incertidumbre. Incluso, esa incertidumbre permanece hoy en las distintas mesas de negociación”.

El Gobierno ya había recordado que desde noviembre de 2024 no tenía mesa activa con la Segunda Marquetalia. También sostuvo que las conversaciones vigentes son con otras facciones agrupadas en la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Antes de salir del cargo, Cuervo advirtió que levantar de golpe todas las mesas puede tener costos en seguridad. También planteó que las decisiones sobre este frente exigen responsabilidad estatal por su impacto en la seguridad y en las condiciones de vida.