Escoltas de la UNP estarían vendiendo información sobre sus protegidos al ELN, al Clan del Golfo y a las disidencias de las Farc: un grupo terrorista hizo la denuncia

En medio del empalme de gobierno entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro (suspendido por orden del presidente electo la mañana del miércoles 7 de julio de 2026), una nueva polémica sacude a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Luego de la carta que le envió el vicepresidente electo José Manuel Restrepo al director de la entidad, Augusto Rodríguez, en la que le pidió que se abstuviera de hacer nombramientos bajo el nuevo régimen de requisitos para oficiales de protección durante el periodo de transición presidencial, una grabación que se conoció en la red social X dejaría al descubierto una presunta práctica que relacionaría a escoltas que trabajan para la entidad.

El video de apenas seis segundos que se ha viralizado desde la mañana del martes 7 de julio, solo señala por parte del vocero del grupo armado ilegal ELN (Ejército de Liberación Nacional): “Comunicado: escoltas de la UNP venden información de protegidos”.

Adjunto a la grabación que compartió el analista y activista Santiago Alvarán (@SALVARANM), el usuario señaló que el grupo guerrillero estaría “vendiendo información sobre sus protegidos a ellos mismos, al Clan del Golfo y las Farc”.

Este complejo panorama que dio a conocer con su señalamiento Alvarán implicaría un riesgo para los beneficiarios de estos programas, que son reincorporados y líderes sociales, que podrían correr peligro de confirmarse esta denuncia.

Hasta el momento, en ninguno de los canales oficiales por parte de la UNP se han realizado pronunciamientos al respecto.

Infobae Colombia se intentó comunicar con la entidad y obtener una respuesta oficial, pero hasta la mañana del lunes 7 de julio no se obtuvo una respuesta formal.

Sin embargo, en diálogo con el exsubdirector de la UNP, Laureano Peñaranda, que calificó a la entidad como “un potro indomable”, al precisar la serie de inconsistencias que halló durante su permanencia en la entidad, pero durante su etapa no conoció una denuncia de este tipo sobre los escoltas.

Sindicato de trabajadores de la UNP se sumó a la petición de José Manuel Restrepo

El sindicato de trabajadores de la UNP pidió frenar los nombramientos en la entidad durante la transición presidencial y sostuvo que el gobierno de Petro deja una crisis profunda en el servicio de protección, en medio de la discusión por la futura vinculación de 6.870 cargos y por un decreto que cambia los requisitos para los Oficiales de Protección.

Así lo señaló la Asociación Sindical de Empleados de la Protección (Asep) a través de un comunicado que se difundió en redes sociales el viernes 3 de julio, y en el que se reclamó una mesa de trabajo para revisar la ampliación de la planta de personal y advirtió que la implementación de esa nueva estructura debe quedar en manos del gobierno entrante.

Para el sindicato, solo así se evitarán decisiones apresuradas que comprometan la estabilidad institucional.

En su pronunciamiento oficial, la organización respaldó la solicitud que el vicepresidente electo y coordinador del equipo de empalme, José Manuel Restrepo, envió al director de la entidad, Augusto Rodríguez, para que la UNP se abstenga de hacer nombramientos bajo el nuevo régimen de requisitos durante el cambio de mando.

Desde la Asep también se sostuvo que la reestructuración no puede limitarse a una discusión sobre cargos. El eje, afirmó el documento, debe estar en garantizar un servicio eficaz para los beneficiarios y en proteger la experiencia, la estabilidad y la igualdad de oportunidades de quienes durante años han trabajado en la protección de miles de colombianos.

Restrepo pidió suspender la provisión de cargos por el Decreto 0670 de 2026

El pedido concreto del equipo de empalme se apoya en el Decreto 0670 de 2026, citado por Restrepo en el comunicado del 28 de junio.

La norma modifica los requisitos de estudios y experiencia para acceder a los empleos de Oficial de Protección, Código 3137. Por esta razón Restrepo reconoció la legalidad y vigencia del decreto, pero advirtió que su aplicación inmediata, a las puertas del cambio de gobierno, puede limitar la capacidad de la próxima administración para definir su política de seguridad.

En el documento enviado a la UNP el líder del equipo de empalme de gobierno de Abelardo de la Espriella escribió: “El Equipo de Empalme reconoce que dicho Decreto fue expedido en ejercicio de las facultades constitucionales y legales del Presidente de la República… Por consiguiente, no es nuestro propósito cuestionar la validez jurídica del Decreto ni anticipar pronunciamiento alguno sobre su contenido”.

Aun así, el vicepresidente electo sostuvo que la provisión de cargos en este contexto “exige una valoración especialmente cuidadosa de su oportunidad, necesidad y conveniencia institucional”.

También afirmó que el gobierno saliente debe actuar con lealtad institucional y colaboración armónica, en especial cuando adopta decisiones con efectos permanentes sobre la organización y el personal de la entidad.

Por su parte, la Asep sumó a esa discusión un pedido de revisión “con absoluta objetividad y transparencia” sobre el proceso por el cual, durante la administración saliente, se habrían privilegiado ciertos requisitos académicos por encima de la trayectoria de los trabajadores.

El sindicato solicitó establecer si existieron intereses particulares en la definición de esas exigencias.

En ese punto, mencionó iniciativas ligadas a convenios con la Universidad San José, a la que señaló por ofrecer títulos académicos exprés que habrían favorecido determinados nombramientos. Entre ellos, uno de los casos más polémicos: el de Juliana Guerrero.