
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) presentó ante la Fiscalía General de la Nación una ampliación de la denuncia penal contra Néstor Humberto Martínez Neira, exfiscal general, acusándolo de haber diseñado un esquema jurídico que permitió a Odebrecht eludir impuestos y obtener contratos públicos sin licitación.
La ANI sostiene que el exfuncionario fue un vehículo para defraudar al Estado colombiano en el megaproyecto Ruta del Sol II.
El eje de la denuncia: asesoría y contratos sin licitación
La nueva acción judicial fue radicada a través del abogado Alejandro Carranza, representante legal de la ANI, que pidió que se investigue el papel de Martínez tanto como asesor jurídico de la multinacional brasileña como en su paso por el gobierno de Juan Manuel Santos.
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Según el expediente, la denuncia se concentra en el contrato de estabilidad jurídica firmado el 31 de diciembre de 2012, el cual, de acuerdo con Carranza, fue elaborado bajo la recomendación de Martínez para favorecer a Odebrecht.
De acuerdo con lo registrado por Blu Radio, Carranza aseguró que el exfiscal recomendó la contratación directa, lo que permitió que la empresa accediera a contratos accesorios que incrementaron el valor del proyecto de $2 billones a $6 billones.

Carranza afirmó al medio citado que “el señor Néstor Humberto fue la persona que buscó que el Estado colombiano perdiera ingresos con el contrato de estabilidad jurídica”, detallando que el esquema redujo la tasa de renta para Odebrecht del 33% al 25% por 13 años. Además, denunció que el uso de facturas ficticias permitió que la multinacional dejara su impuesto de renta en cero, lo que configuraría “el mayor fraude fiscal para Colombia”.
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Vínculos con la muerte de Jorge Enrique Pisano y nuevos móviles
Uno de los puntos más delicados de la ampliación de la denuncia es la relación con el fallecimiento de Jorge Enrique Pisano. Carranza argumentó que los hallazgos de Pisano sobre facturación y contratos irregulares eran parte del esquema de fraude fiscal orquestado a través del contrato de estabilidad jurídica, del que Martínez tenía conocimiento.
“El homicidio de Pisano no es casualidad. Luego de su muerte, fue Néstor Humberto Martínez quien fue a recoger el iPad de Pisano y se lo llevó”, sostuvo Carranza, que solicitó a la Fiscalía que investigue un posible nuevo móvil en el caso.
En audios filtrados, Martínez habría advertido a Pisano que lo que encontraba eran “coimas” para ocultar un fraude mayor. “Esa es una coima, marica”, citó Carranza, refiriéndose a las grabaciones conocidas públicamente.
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Conflicto de intereses y actuación como ‘superministro’

La denuncia también cuestiona el paso de Martínez por el gobierno de Juan Manuel Santos como “superministro”, etapa en la que firmó el documento Conpes que autorizó un mayor endeudamiento para cubrir los costos inflados del contrato. Para Carranza, Martínez debió declararse impedido en este proceso, ya que antes, como abogado privado, había facilitado la contratación directa en beneficio de Odebrecht.
El jurista, que también representa al presidente Gustavo Petro, señaló: “Se materializan varias conductas posiblemente como el interés indebido en la celebración de contratos”. La ANI solicitó además que se compulsen copias del expediente a autoridades de Estados Unidos y a la Comisión de Acusaciones para determinar el alcance de las actuaciones de Martínez durante su periodo como fiscal general.
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Contexto: presión política y avances judiciales en el caso Odebrecht
La ampliación de la denuncia surge en un momento de tensión por las negociaciones entre directivos de Odebrecht y la Fiscalía General de la Nación para alcanzar un principio de oportunidad, tras el escándalo de sobornos por la adjudicación de la Ruta del Sol II.
En marzo de 2026, el presidente Petro reclamó a la rama judicial un compromiso para desmantelar los mecanismos de corrupción y llegar a la verdad sobre los sobornos pagados por la empresa brasileña.

Petro, en su cuenta de X, acusó a Néstor Humberto Martínez de encubrir el entramado corrupto y de intentar obstaculizar su proyecto político de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2026.
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“Son 50 millones de dólares pagados en sobornos a la más alta clase política del país y con la astuta colaboración jurídica de Néstor Humberto Martínez”, escribió el mandatario, criticando la falta de investigaciones sobre donaciones irregulares a campañas políticas, mientras la suya enfrenta indagaciones por presunta violación de los topes electorales.
Por su parte, la Fiscalía avanzó en la obtención de información bancaria y financiera que conecta los pagos corruptos con personas y empresas vinculadas a Odebrecht. El coordinador de fiscales destacó que por primera vez se logró rastrear el flujo de recursos y atribuir responsabilidades de forma precisa, gracias a la cooperación internacional.
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El expediente contra los exdirectivos de Odebrecht en Colombia, abierto desde 2017, sigue sin una resolución definitiva. En agosto de 2023, la Fiscalía anunció la imputación de cargos, pero la audiencia correspondiente no se celebró. Entre los pagos identificados, destaca el soborno de 6,5 millones de dólares entregado al exviceministro de transporte Gabriel Ignacio García Morales.
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