La ONU expresó preocupación por amenazas contra los campesinos tras la entrega de tierras

Las amenazas contra campesinos que recibieron tierra a través de la reforma agraria encendieron las alarmas de organismos nacionales e internacionales. En los últimos días, denuncias e intimidaciones llevaron a que la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos iniciara un seguimiento a la situación y solicitara medidas urgentes de protección.

Los hechos reportados abarcan distintas regiones del país y afectan a comunidades rurales que, tras acceder a predios entregados por el Estado, ahora enfrentan presiones para abandonar esos territorios. El organismo internacional advirtió que el patrón de agresiones resulta preocupante y pidió a las autoridades actuar con rapidez para evitar nuevas vulneraciones.

Mientras avanzan las denuncias, la ONU reiteró que garantizar la seguridad de las familias campesinas no solo implica proteger su integridad física, sino también asegurar que puedan permanecer en las tierras adjudicadas sin amenazas ni actos de violencia.

En un comunicado divulgado el jueves 2 de julio, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó que sigue de cerca los reportes conocidos durante la última semana. “ONU Derechos Humanos, de acuerdo con su mandato, está dando seguimiento a información muy preocupante recibida en la última semana, sobre agresiones y amenazas contra comunidades campesinas”.

Las denuncias involucran hechos ocurridos en Meta, Córdoba, Cundinamarca, Valle del Cauca y la región del Magdalena Medio, donde beneficiarios de la entrega de tierras reportaron intimidaciones, hostigamientos y otras acciones que ponen en riesgo su permanencia en los predios adjudicados.

Frente a este panorama, la oficina de la ONU rechazó los hechos de violencia y expresó su preocupación por las consecuencias que estas acciones pueden tener sobre las comunidades rurales. “Condenamos estas amenazas y agresiones para que las personas campesinas o que trabajan en zonas rurales dejen sus tierras y se desplacen de los lugares que el Estado les ha entregado”.

El organismo internacional advirtió que este tipo de ataques no solo afecta a quienes recibieron tierras mediante la reforma agraria, sino que también compromete el ejercicio de sus derechos y la estabilidad de los procesos de restitución y acceso a la propiedad rural impulsados por el Estado.

Las denuncias sobre un posible patrón de intimidaciones ya comenzaron a tener efectos en el ámbito judicial. El pasado 30 de junio, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, presentó una denuncia ante la Fiscalía por los presuntos hechos de violencia dirigidos contra campesinos beneficiarios de estos programas.

Con esa actuación, las autoridades deberán establecer si existe una estrategia sistemática detrás de las amenazas y determinar quiénes serían los responsables de los hechos denunciados en diferentes departamentos del país. Además del seguimiento a la situación, la Oficina de la ONU hizo un llamado para que las instituciones garanticen la protección integral de las comunidades afectadas y preserven los derechos adquiridos sobre los predios entregados. El organismo pidió proteger la vida y la integridad de las familias campesinas, “y que tanto este Gobierno actual como el Gobierno siguiente proteja jurídicamente sus tierras”.

En el mismo pronunciamiento insistió en la necesidad de que las autoridades avancen con celeridad en las investigaciones para evitar que estos casos permanezcan en la impunidad. “Autoridades a investigar, juzgar y sancionar, a los autores materiales e intelectuales, de las agresiones ocurridas en la última semana contra campesinos y personas que trabajan en zonas rurales”.

Las preocupaciones expresadas por la ONU coinciden con advertencias que previamente habían realizado la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Ambas entidades señalaron que la protección de quienes acceden a tierras mediante la Reforma Agraria continúa siendo uno de los principales desafíos del proceso. Según explicaron, garantizar la seguridad física de las comunidades resulta tan importante como ofrecer seguridad jurídica sobre los predios adjudicados, especialmente en zonas donde persisten conflictos por la tierra y presencia de actores armados.