Nuevo capítulo en la polémica del Colegio Refous: institución alega que los acreedores pretenden “despojarla” de sus activos

Se intensificó el escenario de incertidumbre jurídica y financiera que enfrenta el Colegio Refous Roland Jeangros S.A.S. que continúa en el proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 de 2006, con pasivos que ya superan los 63.000 millones de pesos.

El curso del procedimiento entró en una nueva etapa preocupante para los acreedores de la institución, que insisten en cuestionar la información financiera presentada por la entidad educativa y advierten sobre nuevas inconsistencias en los activos reportados ante la Superintendencia de Sociedades.

Los nuevos detalles del litigio se centran en dos aspectos: además de las presuntas inconsistencias en la información financiera entregada por el colegio, se reportó la aparición de inmuebles en la relación de activos del colegio, cuya titularidad no correspondería a la sociedad, así como la ausencia de documentos de soporte.

Aunque la administración del Colegio Refous sostiene que solo identificó las matrículas de los terrenos donde opera la institución, los acreedores consideran que las explicaciones no resuelven las observaciones formuladas por la autoridad.

En medio del lío entre las partes, el equipo legal de los demandantes, entre ellos la firma Estructuración, acudió al mecanismo de ejecución de garantías, que, de acuerdo con la definición del Centro de Arbitraje y Conciliación —vigilado por el Ministerio de Justicia— es un servicio en el cual “el acreedor garantizado tiene la posibilidad de que en el momento en que el deudor incumpla con el pago de la obligación (crédito), pueda acceder a un procedimiento especial para hacer efectiva la garantía y obtener el pago de su acreencia”.

Al respecto, los demandantes reportaron que “las directivas del colegio sostienen que se busca afectar la operación educativa o ‘apropiarse’ de los terrenos”; sin embargo, justificaron el hecho como ”un ejercicio legítimo de recuperación de cartera y no una estrategia de despojo, como han sugerido algunos directivos del colegio".

“Cualquier acreedor que enfrenta un incumplimiento prolongado está facultado para acudir a las herramientas que le otorga la ley para proteger su crédito. Lo que se busca es recuperar el dinero que se prestó de buena fe, no quedarse con bienes de manera caprichosa. Ese nunca fue el objeto del negocio jurídico celebrado”, afirmó Carlos Ramírez, abogado de la firma afectada.

Adicionalmente, algunos demandantes consideran que las explicaciones suministradas desde la institución buscan “dilatar la revisión de los activos y la toma de decisiones dentro de la reorganización empresarial.

“La información incompleta o susceptible de interpretaciones genera nuevos requerimientos, solicitudes de documentos y verificaciones adicionales por parte de las autoridades”, indicaron los voceros de los demandantes.

Por su parte, la Superintendencia de Sociedades solicitó información complementaria y aclaraciones sobre lo ya aportado debido a las inconsistencias que persisten, y advirtieron las consecuencias legales del incumplimiento de las cargas procesales y la falta de claridad en los estados financieros. Hasta el momento, las partes siguen a la espera de una mayor transparencia.

Los padres de familia están preocupados por la situación

El proceso ya es de conocimiento por parte de los padres de familia que, ante las inquietudes, participaron en una reunión convocada por las directivas del plantel educativo. Durante el encuentro, la administración afirmó que la situación financiera y jurídica está bajo control y que la continuidad de la institución no corre riesgo.

Sin embargo, algunos padres señalaron que el hecho de “acogerse a un mecanismo de insolvencia — conocido como reorganización o admisión de deudor—" deja en evidencia dificultades financieras que requieren intervención y seguimiento, y cuestionan la supuesta protección total de los activos.

Pese a que se sigue desarrollando el proceso de reorganización, los acreedores indicaron a este medio que el patrimonio del deudor —el colegio—es la garantía general de sus obligaciones y que, si los bienes que respaldan la operación pertenecen a terceros, la viabilidad de un acuerdo a largo plazo se ve comprometida, con el riesgo de una posible liquidación judicial.

“Cientos de acreedores, que van desde entidades financieras hasta pequeñas y medianas empresas, enfrentan un complejo escenario de incertidumbre, congelamiento de flujos de caja y el reto de descifrar la verdadera realidad patrimonial de su deudor”, confirmaron.

Mientras tanto, la administración del colegio ha anunciado proyectos de internacionalización y la posible adopción del Bachillerato Internacional (IB), aunque varios padres consideran que la prioridad debe ser la entrega de información clara y verificable sobre la situación financiera del colegio.