Polémica por convocatoria de Air-e: Paloma Valencia advierte posibles irregularidades

A pocos días de que finalice un proceso de contratación financiado por recursos públicos, una serie de modificaciones en las reglas encendió las alarmas de la excandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia. La exsenadora denunció que Air-e habría alterado aspectos clave de una convocatoria para contratar la interventoría de proyectos eléctricos, lo que, según afirma, genera dudas sobre el proceso de transparencia del proceso.

Los cuestionamientos fueron hechos públicos el jueves 2 de julio a través de un hilo en su cuenta de X, donde la dirigente política aseguró que las modificaciones ocurrieron cuando faltaban apenas dos días para el cierre de la convocatoria. A su juicio, ese momento resulta especialmente sensible porque podría afectar las condiciones de competencia entre los oferentes.

El proceso en cuestión corresponde a la Convocatoria Pública de Ofertas No. 047/81101226T1, cuyo propósito es seleccionar la interventoría de proyectos de normalización de redes eléctricas financiados con recursos del Programa PRONE 002-2025, iniciativa respaldada por el Ministerio de Minas y Energía.

Para Valencia, la preocupación trasciende el procedimiento administrativo. Según explicó, se trata de recursos destinados a fortalecer el servicio de energía en una región que durante los últimos años ha enfrentado múltiples dificultades en materia de prestación del servicio. “Estamos hablando de recursos públicos del Ministerio de Minas y Energía que deben destinarse a mejorar el servicio eléctrico, especialmente en la región Caribe”, señaló la exsenadora.

Uno de los puntos que más cuestionó tiene que ver con el esquema de pagos establecido en la convocatoria. De acuerdo con su explicación, el documento inicial contemplaba que el contratista recibiría el 60 % del valor mediante pagos mensuales y el 40 % restante conforme al avance de las obras, condicionado al cumplimiento de hitos de ejecución.

Sin embargo, aseguró que la Adenda No. 1 modificó por completo ese mecanismo. El nuevo esquema contempla un anticipo equivalente al 50 % del contrato, mientras que el 30 % se pagaría en cuotas mensuales y el 20 % restante dependería del avance del proyecto. En la práctica, indicó, la mitad de los recursos sería desembolsada antes de que el contratista ejecutara parte del trabajo.

Además del cambio en la forma de pago, Valencia señaló que también se endurecieron las exigencias relacionadas con la experiencia de los participantes. Según explicó, inicialmente bastaba con demostrar experiencia en proyectos del sector eléctrico. No obstante, la adenda expedida el 24 de junio de 2026 incorporó tres nuevos requisitos de manera simultánea.

El primero restringió la experiencia válida exclusivamente a proyectos desarrollados dentro del Programa PRONE. El segundo obligó a acreditar al menos un contrato relacionado con AGPE, correspondiente a Autogeneración a Pequeña Escala. Finalmente, el tercero incrementó el monto mínimo de experiencia exigido, que pasó de 3.500 a 3.890 salarios mínimos mensuales legales vigentes, un aumento de 390 SMMLV, equivalente al 11,14%.

Para la dirigente política, la coincidencia de estos cambios genera sospechas sobre la forma en que se estructuró la convocatoria. “Pareciera un acomodo para beneficiar específicamente a un contratista, evitando la competencia de otros”, dijo.

Otro aspecto que llamó su atención fue la inclusión, dentro de la documentación del proceso, de una recomendación para contratar los servicios de un corredor de seguros específico: Correcol S.A. Valencia sostuvo que ese tipo de referencias también merece explicaciones, al considerar que podría generar ventajas para determinados participantes dentro del proceso de contratación.

En su publicación insistió en que la discusión adquiere mayor relevancia debido al origen de los recursos comprometidos y al impacto que estos proyectos tienen sobre el suministro de energía en la región Caribe, donde las dificultades en la prestación del servicio han sido constantes. La exsenadora afirmó que modificar elementos estructurales de una convocatoria cuando el cierre está próximo constituye una señal de alerta que no debería pasar inadvertida, especialmente cuando se trata de procesos financiados con recursos estatales.

Por esa razón, pidió que se esclarezcan varios aspectos relacionados con la decisión. Entre ellos, solicitó conocer quién ordenó las modificaciones de última hora, cuáles fueron los estudios técnicos que las respaldaron y qué argumentos sustentaron la inclusión de una recomendación expresa para acudir a un corredor de seguros determinado. Hasta el momento, Air-e no se pronuncia públicamente sobre los cuestionamientos planteados por Valencia. Entretanto, la controversia vuelve a poner bajo la lupa los procesos de contratación asociados a proyectos de infraestructura eléctrica y el manejo de recursos públicos destinados a mejorar el servicio para miles de usuarios en la región Caribe.