General (r) Óscar Murillo aseguró que su salida del Ejército fue por un compromiso con el ELN: “Pidieron mi cabeza”

El general en retiro Óscar Murillo, excomandante de la Séptima División del Ejército, aseguró que su salida de la institución estuvo atravesada por presiones de grupos ilegales y dijo que, durante la negociación con esa guerrilla, “en la mesa de negociación con el ELN, el ELN pidió mi cabeza”.

En un entrevista con Noticias RCN, Murillo afirmó que los hechos ocurrieron durante el periodo del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez. Al relatar un intercambio con el funcionario, contó: “Yo le digo: ‘Señor ministro, mire todo lo que se está haciendo, ¿no? Solicito saber qué está pasando conmigo’. ¿Y sabe qué me contesta el ministro de la Defensa? ‘Donde manda capitán, no manda marinero’”.

Según el general retirado, el ELN buscaba su desvinculación por los golpes contra cabecillas de grupos ilegales en operaciones realizadas en Antioquia, Córdoba y Chocó. En ese contexto, sostuvo: “El único error mío ha sido trabajar, afectar Clan del Golfo, ELN, Farc. Y le dije: ‘Eso duele’”.

El excomandante también denunció supuestos perfilamientos desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) contra generales y mencionó a un oficial en particular. “¿Sabe con quién habló esa persona de un alto cargo en el DNI? Con el coronel Juan Carlos Maso Giraldo”, afirmó, antes de cuestionar: “¿Qué hace un coronel de la República, dando, un visto bueno hacia uno, hacia un general? La DNI venía perfilando generales”.

Murillo también sostuvo que en su salida, al igual que en la de otros oficiales, “habrían incidido” organizaciones como el ELN y el Clan del Golfo, según la presentación del caso hecha en el informe televisivo.

De acuerdo con el mencionado medio, el general retirado entabló una tutela y una demanda contra el Estado y el Ministerio de Defensa para reclamar protección de sus derechos y el debido proceso. El medio informó que buscó al exministro Iván Velásquez, pero que “a la fecha no obtuvo respuesta”.

Se habría dispuesto el retiro de 35 oficiales con el fin de evitar obstáculos en los diálogos de paz con el Clan del Golfo

La remoción de 35 altos oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia en agosto de 2022 se posicionó nuevamente en la agenda pública tras la divulgación de audios y documentos que relacionan la decisión con esfuerzos para no “entorpecer” las negociaciones de paz con el Clan del Golfo, según reveló Noticias Caracol.

En el centro del debate quedó la cercanía temporal entre la depuración y una reunión bajo lupa, celebrada dos semanas después, en la que el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, mantuvo un encuentro con representantes de esa organización criminal. La secuencia de hechos despertó inquietudes sobre si la salida de los oficiales buscó facilitar ese acercamiento.

La salida masiva de oficiales, conocida como una de las “barridas” más amplias en la cúpula militar y policial en Colombia, se produjo pocas semanas después de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. El cambio implicó que los nuevos jefes militares pudieran formar su propio equipo de mando, generando críticas en varios sectores de la opinión pública.

En concreto, la decisión afectó a generales y comandantes de divisiones, brigadas y comandos especiales. El entonces comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, anunció los relevos a través de un comunicado oficial. Allí se justificó la medida como parte de la política de “Seguridad Humana por la Paz, el Desarrollo y los Derechos Humanos en todo el territorio”.

Según los documentos citados en la prensa, la alineación con las directrices del Gobierno nacional fue central en la explicación oficial para la reestructuración. “Las decisiones fueron adoptadas en línea con las políticas del Gobierno nacional y con los conceptos de Seguridad Humana”, se lee en el comunicado difundido tras la designación de los nuevos comandantes.

El listado de oficiales removidos incluyó figuras como el mayor general Ómar Esteban Sepúlveda Carvajal, subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas; el brigadier general Jhon Jairo Rojas Gómez, comandante del Comando Conjunto No. 2; y el brigadier general Olveiro Mahecha Pérez, del Comando Conjunto No. 3. También figuró la mayor general María Paulina Leguizamón Zárate, de la subjefatura del Estado Mayor Jurídico Institucional, entre otros altos mandos.

La controversia surgió porque la reestructuración se oficializó justo antes de la reunión de paz con emisarios del Clan del Golfo. Esto generó especulaciones sobre si la intención era evitar posibles obstáculos internos dentro de las Fuerzas Armadas durante el proceso de negociación con ese grupo armado.