En cárcel de Colombia extorsionaban a los internos para poder acceder a visitas conyugales: así operaba la banda Los Fantasmas

Lo que debía ser un derecho para las personas privadas de la libertad terminó convertido, presuntamente, en un negocio ilegal.

Una estructura delincuencial conocida como Los Fantasmas habría instaurado un sistema de extorsiones al interior de un centro penitenciario del país, donde cobraba dinero a los internos por acceder a servicios básicos, permanecer en una celda e incluso recibir la visita conyugal.

La investigación, dada a conocer por Noticias RCN, reveló que la organización no solo obtenía recursos mediante intimidaciones dentro de la cárcel, sino que también realizaba extorsiones telefónicas contra ciudadanos en diferentes regiones de Colombia. Además, cinco funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) son investigados por su presunta complicidad con estas actividades.

Según la información recogida por el medio, la banda había impuesto una serie de cobros obligatorios entre los internos para permitirles acceder a diferentes beneficios dentro del establecimiento penitenciario y uno de los pagos que más llamó la atención de las autoridades era el de 40.000 pesos para autorizar la visita conyugal.

Pero ese no era el único cobro, pues la estructura también exigía 20.000 pesos semanales por permitir que los reclusos permanecieran en sus celdas, 30.000 pesos por supuestas rifas que, al parecer, nunca se realizaban y 10.000 pesos mensuales para entregar artículos de aseo personal.

De acuerdo con la investigación realizada por RCN, las reos que no contaban con los recursos para cancelar estas sumas eran sometidos a agresiones físicas y otras formas de intimidación. Las víctimas eran golpeadas y posteriormente obligadas a permanecer encerradas en sus celdas mientras se recuperaban de las lesiones, con el propósito de evitar que las agresiones despertaran sospechas entre las autoridades penitenciarias.

Las exigencias económicas habrían generado una fuerte presión sobre los internos, quienes, en muchos casos, debían conseguir dinero dentro del penal o solicitar ayuda económica a sus familiares para evitar represalias.

La investigación señala que el sistema de “vacunas” impuesto por la organización convirtió necesidades básicas y derechos de los privados de la libertad en una fuente permanente de ingresos para la estructura delincuencial.

Mientras mantenían el control dentro del establecimiento penitenciario, los integrantes de Los Fantasmas presuntamente continuaban delinquiendo desde prisión mediante llamadas extorsivas dirigidas a ciudadanos de diferentes departamentos del país.

Las autoridades, según el informe presentado por RCN, indicaron que las víctimas residían en Norte de Santander, Caquetá, Antioquia, Valle del Cauca y Boyacá y que el método consistía en ofrecer falsas oportunidades laborales o supuestos negocios para atraer a las personas hasta determinados lugares.

Una vez las víctimas llegaban al sitio acordado, recibían llamadas en las que les aseguraban que se encontraban dentro del área de influencia de un grupo armado ilegal y que estaban siendo vigiladas.

Bajo esa amenaza, los delincuentes les exigían consignaciones de dinero a cambio de respetarles la vida y permitirles abandonar el lugar sin sufrir represalias.

Durante el operativo adelantado contra la organización, las autoridades lograron decomisar una gran cantidad de elementos que, presuntamente, eran utilizados para desarrollar las actividades criminales.

El coronel Édgar Andrés Correa, director del Gaula de la Policía Nacional, entregó detalles del procedimiento: “El grupo dirigía extorsiones, incluso, desde el centro carcelario, en el que sometía a pagos a otros privados de la libertad. En la operación en su contra fueron incautados 1.192 elementos, entre ellos armas de fuego, munición y equipos de comunicación. Reiteramos el llamado a la ciudadanía para que denuncien estos delitos a través de la línea 165”, confirmó RCN.

Las autoridades señalaron que el entramado criminal habría obtenido ganancias cercanas a 2.700 millones de pesos producto de las extorsiones y demás actividades ilícitas.

Cinco funcionarios del Inpec son investigados

Otro de los aspectos que concentra la atención de las autoridades es la presunta participación de funcionarios del Inpec, ya que la investigación arrojó que cinco servidores públicos habrían conocido el funcionamiento de la estructura criminal al interior del establecimiento penitenciario y, presuntamente, no solo permitieron que continuara operando, también se habrían beneficiado de las actividades ilegales.

Como resultado de las investigaciones preliminares, los uniformados fueron apartados de sus cargos mientras avanzan los procesos disciplinarios y judiciales que permitirán establecer su posible responsabilidad en los hechos.