El concejal de Bogotá Juan David Quintero denunció a través de sus redes sociales una presunta agresión protagonizada por integrantes del esquema de seguridad de Verónica Alcocer, primera dama, contra un ciudadano que les habría reclamado por estacionar un vehículo en un lugar que bloqueaba el acceso a su vivienda.
Según el cabildante, el incidente ocurrió luego de que el residente pidiera a los escoltas mover una camioneta. Quintero aseguró que esta situación no sería un hecho aislado, sino un problema recurrente que, de acuerdo con su denuncia, se presenta con frecuencia.
“Cada tres días le impiden la entrada y además lo agreden por pedirles que no se parqueen mal”, escribió el concejal en su cuenta de X, donde también solicitó a las autoridades de movilidad imponer una sanción “ejemplar” contra los responsables del supuesto hecho.
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Junto con la publicación, Quintero compartió un video en el que, según afirmó, se observa una discusión entre el ciudadano y varios integrantes del esquema de seguridad de la denominada primera dama. En las imágenes difundidas por el concejal, el conductor se retira visiblemente molesto y, posteriormente, uno de los hombres que lo acompañaban comienza a empujarlo, en un episodio que el funcionario calificó como una agresión.

Además, el cabildante publicó otro material audiovisual en el que, según indicó, aparecen las camionetas utilizadas por Alcocer y por su esquema de protección estacionadas de manera indebida en la vía pública.
Hasta el momento, Verónica Alcocer y su equipo de seguridad no se han pronunciado públicamente sobre la denuncia ni sobre los videos divulgados por el concejal.
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La denuncia se conoce en medio de una serie de controversias que han rodeado a Alcocer durante los últimos meses, tanto por investigaciones relacionadas con presuntos contratos públicos como por cuestionamientos sobre su permanencia en Suecia y el uso de recursos oficiales.
Uno de los procesos que actualmente genera mayor atención es el que analiza la Fiscalía General de la Nación, donde reposan denuncias sobre una presunta red de beneficios económicos que, según los denunciantes, habría estado relacionada con contratos públicos ejecutados a través de Rtvc.

De acuerdo con la información conocida por Semana, la sumatoria de los contratos asociados con esa cooperativa asciende a cerca de 23.000 millones de pesos. La denuncia sostiene que parte de esos recursos habría servido para financiar servicios de imagen personal mediante contrataciones de maquilladores y fotógrafos.
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El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía por el profesor Juan Carlos Portilla, quien solicitó investigar la posible comisión de delitos como estafa y uso indebido de recursos públicos. No obstante, hasta el momento no existe una decisión judicial que establezca responsabilidades sobre esos señalamientos.
A estas investigaciones se suman las recientes declaraciones del embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, quien rechazó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre una supuesta campaña de desprestigio contra Alcocer promovida desde la embajada colombiana en ese país.
Reyes aseguró que nunca existió financiación para afectar la imagen de la primera dama y sostuvo que los cuestionamientos surgieron por comportamientos registrados en espacios públicos de Estocolmo, los cuales, según dijo, fueron ampliamente cubiertos por medios de comunicación suecos.
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El diplomático afirmó que incluso recibió llamadas de autoridades suecas preocupadas por el impacto que esos episodios podían generar sobre la imagen de Colombia. Según explicó, las inquietudes no estaban relacionadas únicamente con el consumo de alcohol, sino con el ruido y los comportamientos que, de acuerdo con su versión, se presentaban en algunos establecimientos públicos.
En paralelo, también permanecen abiertos otros debates sobre la situación jurídica de Alcocer, luego de que el presidente Petro manifestara en 2025 que ambos llevaban varios años separados, aunque el vínculo matrimonial aún no se había disuelto legalmente.
Las controversias también incluyen una denuncia presentada en Suecia por el exsecretario de Transparencia Camilo Enciso, quien pidió investigar un supuesto soborno relacionado con la compra de aviones Gripen fabricados por la empresa SAAB. Alcocer ha rechazado esas versiones y ha sostenido que su estancia en ese país obedeció a motivos personales.
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