Abogado del Clan del Golfo rechazó acusaciones de Gustavo Petro tras reactivar extradición contra ‘Chiquito Malo’: “La sinceridad no se refuta en X”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la reactivación de la orden de captura con fines de extradición contra Jhobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como alias Chiquito Malo o Comandante Javier, máximo cabecilla del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

En su visión, expuesta el miércoles 1 de julio de 2026 en su cuenta de X, el mandatario colombiano afirmó que esta decisión obedece a que esa organización armada no ha mostrado su voluntad para avanzar en el proceso de paz que se tiene establecido desde septiembre de 2025 en Doha, Catar.

Igualmente, en el mismo mensaje, Petro sostuvo que no hubo sinceridad en la negociación con ese grupo y afirmó que la Fiscalía no respaldó el proceso por influencia de Estados Unidos.

“He firmado el decreto que quita la suspensión de la orden de extradición al señor alias Chiquito Malo. Si es capturado inmediatamente debe ser extraditado (...) Para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad. Sinceridad no hubo”, indicó el jefe de Estado en la red social, agregando que las autoridades capturaron a un sujeto identificado con el alias de El Zarco, adscrito al EGC.

Sin embargo, las declaraciones del primer mandatario de los colombianos generaron cuestionamientos por parte del equipo jurídico del Ejército Gaitanista de Colombia.

Ricardo Giraldo, penalista y apoderado del Estado Mayor Conjunto del grupo armado, cuestionó la postura del presidente Petro, al considerar que si hubo muestras de voluntad para avanzar en el espacio socio jurídico.

En su declaración expuesta en la misma red social, el jurista rechazó las declaraciones del mandatario nacional y dijo que dejan constancia de un deterioro del proceso originado, a su juicio, en decisiones oficiales posteriores.

“La sinceridad, señor Presidente, se mide en documentos: el 7 de agosto de 2022 el EGC decretó cese unilateral contra la Fuerza Pública el día mismo de su posesión; entre 2022 y 2026 liberó personas retenidas, respetó las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 2026 sin un solo incidente atribuible en zonas de su presencia según el Mecanismo Tripartito, autorizó el desminado humanitario el 24 de abril, sustituyó voluntariamente cultivos con centenares de familias vinculadas en Belén de Bajirá y Riosucio, aceptó públicamente el 19 de mayo su exigencia de excluir extraditables —lo cual usted mismo celebró en X ese día— y preagrupó 400 combatientes para el 25 de junio”, indicó Giraldo.

Mientras que el Estado, según el apoderado del Clan del Golfo, “cumplió sustantivamente solo dos de los catorce compromisos de Doha”, así como modificaciones a las resoluciones establecidas por la Oficina de la Consejería Comisionado de Paz.

Otras falencias del Gobierno Petro, según Giraldo

Uno de los episodios que señaló ocurrió después de una reunión en febrero de 2026 entre Gustavo Petro y el presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con el abogado, tras ese encuentro se declaró objetivo de alto valor para ambos países al jefe del Clan del Golfo, en lo que describió como una incoherencia abierta con la suspensión vigente de su orden de captura, amparada por una resolución de 2025 expedida por el propio Gobierno.

El apoderado agregó que las reuniones previstas para el 3 y 4 de marzo de 2026 no pudieron realizarse por incumplimientos del protocolo de seguridad y por la presencia inesperada de la Fuerza Pública.

También ubicó otro quiebre el 8 de marzo, día de las consultas interpartidistas presidenciales, cuando Petro escribió en X que el EGC “ha roto su propio acuerdo y debe ser objeto de desmantelamiento armado y judicial”.

Posible violación a los acuerdos

Para Giraldo, el mensaje emitido por el presidente Petro se produjo sin un canal institucional previo con la delegación gubernamental en la mesa y vulneró el protocolo firmado entre las partes.

“Sostener hoy públicamente que en este proceso ‘sinceridad no hubo’ no es un reproche al Ejército Gaitanista Colombiano: es una acusación contra la totalidad de quienes hemos conducido, verificado y acreditado formalmente estas conversaciones”, manifestó.

Adicional a ello, el abogado precisó que ese señalamiento no solo alcanza al EGC, sino que incluye a la delegación del Gobierno, a los países garantes y a los demás actores que participaron en la verificación y acreditación del proceso.

A partir de ese punto, sumó otros reparos sobre decisiones del Gobierno relacionadas con la situación jurídica de varios líderes de la organización, además de otros supuestos incumplimientos estatales que, según dijo, fueron documentados por el propio mecanismo tripartito.

Incluso, Ricardo Giraldo señaló que la reactivación de la orden de captura contra ‘Chiquito Malo’ sería en respuesta a su disposición de continuar el proceso con el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

“¿Reprocha usted al EGC haber ratificado el 24 de junio su voluntad de continuar el proceso con el gobierno entrante del Presidente electo Abelardo de la Espriella, entendiéndolo como acuerdo con el Estado y no con un gobierno de turno, o se desvincula anticipadamente de los escándalos que hoy comprometen a excomisionados, exdirectores de inteligencia y exjefes de contrainteligencia del propio Gobierno Nacional, todos ellos objeto de indagación previa por la Procuraduría y todos ellos ajenos a la delegación jurídica del EGC? (...) Cualquiera que sea la respuesta, ninguna alcanza. La sinceridad no se refuta en X: se refuta en el expediente institucional”, complementó.

En el cierre del documento, Giraldo dejó constancia formal de su posición para los efectos legales que correspondan y para las acciones que considere pertinentes en defensa de la integridad del proceso y de su actuación profesional.