Alertan sobre presunto perfilamiento a empresas del sector forestal en procedimientos de la Agencia Nacional de Tierras: director respondió

La Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas) lanzó el miércoles 1 de julio una dura advertencia sobre posibles prácticas de perfilamiento a empresas e inversionistas del sector forestal en Colombia, por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Y con ello se sumó a los señalamientos hechos por el abogado Mauricio Pava, que puso el tema en la discusión pública y pidió estar atentos.

El gremio de las maderas expresó su preocupación por informaciones que indicarían que la ANT estaría utilizando métodos que comprometen la seguridad jurídica y la confianza inversionista, pilares fundamentales para el desarrollo del sector rural. En su misiva, expresó que la estabilidad legal y la confianza son requisitos básicos para que el sector continúe aportando al crecimiento económico, ambiental y social en el país.

A su vez, consideran que cualquier alteración en estos principios afectaría gravemente la inversión y el empleo formal en zonas rurales. La inquietud nace tras conocer documentos asociados a procedimientos agrarios de la entidad en los que, según la federación, la búsqueda y cruce de información patrimonial se hace partiendo del NIT de las empresas e inversionistas, antes de analizar la situación jurídica y catastral de los predios.

“Un ambiente de confianza y certidumbre sobre inversiones de muy largo aliento, como aquellas que caracterizan a la red forestal, debe ser parte de las garantías brindadas por cualquier gobierno, convirtiéndose en base de las políticas de Estado para el desarrollo económico de los territorios”, afirmó sobre el particular Juan Miguel Vásquez, que funge como director ejecutivo nacional de Fedemaderas.

Duro pronunciamiento del sector de maderas a lo que sería la amenaza de la ANT

Asimismo, advirtió que, de confirmarse este enfoque, se abrirían interrogantes sobre el respeto a los principios de imparcialidad, debido proceso y seguridad jurídica que deben regir toda actuación administrativa. En especial, cuando involucra a la inversión privada nacional y extranjera en el sector rural, pues “la seguridad jurídica es el principal motor e impulsor que los gobiernos deben garantizar”, agregó.

Es válido destacar que la preocupación de Fedemaderas se concentra en empresas con presencia histórica en regiones como Antioquia, que han ejecutado proyectos productivos de largo plazo y han adelantado inversiones significativas. Estas compañías, de acuerdo con este importante gremio, generan empleo formal en zonas rurales y, de la misma manera, han contribuido al desarrollo económico y social de los territorios.

El pronunciamiento también reiteró que la recuperación de baldíos indebidamente ocupados y el ordenamiento de la propiedad rural son atribuciones legítimas del Estado, pero subraya que deben ejecutarse “con criterios técnicos, objetivos y transparentes, sin que exista la percepción de que determinados actores económicos puedan ser objeto de actuaciones focalizadas o previamente dirigidas”.

El gremio advirtió sobre el posible impacto internacional de estas prácticas. “En caso de que inversionistas extranjeros consideren vulnerados los estándares de protección previstos en tratados internacionales de inversión, Colombia podría enfrentar reclamaciones ante tribunales arbitrales internacionales, con eventuales impactos económicos para el Estado”, alertó la federación sobre este delicado asunto.

Y es que de acuerdo con la agremiación, el marco jurídico nacional prevé mecanismos para exigir responsabilidades individuales si actuaciones administrativas ilegales causan perjuicios patrimoniales, más allá de las investigaciones que deban adelantar las autoridades competentes. En este caso, el riesgo sería ante las actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras en relación con la valoración de los predios.

Abogado Mauricio Pava advirtió sobre lo que sería el proceder estigmatizante de la ANT

Por su parte, el abogado Mauricio Pava Lugo expresó por qué lo hecho por la ANT reviste de gravedad. “La entidad tiene la facultad de investigar predios, no de perfilar empresas o inversionistas. Los documentos que hemos conocido muestran una metodología que genera enormes preocupaciones, porque se identificaría a empresas e inversionistas extranjeros mediante su NIT", indicó en primer término el reconocido letrado.

A esto se sumaría que desde la Agencia Nacional de Tierras se rastrearía todo su patrimonio rural y, a partir de entonces, se estarían construyendo expedientes para iniciar procedimientos agrarios. “Esto que está confirmado y está documentado, no estamos frente a un simple debate de reforma agraria. Estamos frente a un problema de debido proceso, seguridad jurídica y respeto al inversionista extranjero”, sostuvo.

Y es que si Colombia modifica las reglas y convierte una política pública en un mecanismo de perfilamiento de actores privados, podrían producirse procesos. “El Estado podría enfrentar demandas ante tribunales internacionales por cientos de millones de dólares. Y esas condenas llegan por decisiones administrativas”, dijo Pava, que alertó que los responsables “no podrían esconderse” detrás de estas políticas.

Por ello fue claro en advertir que tendría que establecerse la responsabilidad de cada funcionario que intervino en esas actuaciones, aunque “al final, esos perjuicios, esos daños, son pagados por todos los colombianos”, como ha sucedido con grandes litigios en los que Colombia ha sido vencida ante estamentos de arbitramento por una mala concepción de este tipo de procederes, que causarían graves afectaciones.

ANT y su director respondieron a las denuncias sobre perfilamientos

Frente a la controversia, el director de la ANT, Felipe Harman, respondió de manera irónica a las acusaciones y con ello negó que estuvieran en prácticas de perfilamiento y acusó de manera indirecta a Pava de estar en contra de la misión de la entidad: establecer cuáles son los predios que están siendo utilizados para la acumulación de bienes baldíos en Colombia, como según él lo ordenó el presidente Gustavo Petro.

“Hoy salió un reconocido abogado a hablar del perfilamiento de multinacionales (...) porque la ANT busca en registro cuáles son las propiedades de las empresas para literalmente comprobar si existe o no existe indebida acumulación de bienes baldíos. Lo que hay que escuchar por estos días. Una consulta en registro es perfilamiento de corporaciones multinacionales. Ay, Dios”, expresó Harman en un video en sus redes.

A su vez, la entidad dijo que “no existe una política orientada a perseguir o discriminar a inversionistas nacionales o extranjeros”. E indicó que todas las actuaciones “se desarrollan en cumplimiento de la Constitución y la ley, con el propósito de identificar posibles casos de acumulación o apropiación indebida de baldíos por personas naturales o jurídicas, sin distinción de su nacionalidad o condición empresarial”.

Con ello, reafirmó que las consultas y verificaciones forman parte de las funciones asignadas para administrar el patrimonio público de la nación. Por ese motivo, la ANT rechazó “de forma categórica los señalamientos sobre presunto perfilamiento” y destacó que “las actuaciones administrativas pueden involucrar tanto a personas naturales como a jurídicas cuando sea necesario verificar la situación jurídica de los predios".

Sin que ello, agregó la entidad, “constituya un mecanismo de perfilamiento o una medida de expropiación”. Además, apuntó no se han presentado evidencias que demuestren la existencia de una actuación irregular de la agencia, por lo que reiteró que su misión es “proteger los bienes baldíos de la nación, evitar su acaparamiento y garantizar que cumplan la finalidad social para la cual fueron destinados”.