
Las comunidades afrocolombianas del Valle del Cauca mantienen bloqueada la vía Tuluá-Andalucía, generando desde la madrugada largas filas de vehículos y afectaciones en la movilidad de la región.
El martes 30 de junio, organizaciones convocantes atribuyeron la protesta a lo que consideran una “preocupante falta de voluntad política” de parte del Gobierno Nacional y de varias entidades estatales.
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Los representantes agrupados en el Frente Nacional Afrocolombiano (Frenacol), la Guardia Cimarrona de los Valles Interandinos y diferentes Consejos Comunitarios publicaron un comunicado donde afirman: “Ante los reiterados incumplimientos del Gobierno Nacional y el constante desconocimiento de los derechos de las comunidades negras afrocolombianas, nos hemos visto obligados a iniciar una Toma Ancestral Pacífica como mecanismo legítimo de exigencia y defensa de nuestros derechos constitucionales, territoriales y colectivos”.
La jornada de protesta fue definida por las organizaciones como una “Toma Ancestral Pacífica”, sostenida como “mecanismo legítimo de exigencia”.

Según su declaración, la medida surge tras meses de diálogo y concertaciones formales con el Estado, en los que “participaron en mesas de trabajo, concertaciones y reuniones con diferentes entidades”, logrando acuerdos que, según denuncian, no han sido respetados.
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En el documento, los colectivos enfatizaron que los “compromisos han sido incumplidos de manera reiterada, evidenciando una preocupante falta de voluntad política y un irrespeto permanente hacia nuestros procesos organizativos”.
La inconformidad, señalaron, se dirige especialmente a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Dirección de Consulta Previa, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio del Interior. Sostienen que estas entidades “desconocieron los compromisos asumidos con nuestras comunidades y han vulnerado nuestros derechos fundamentales y colectivos”.
Durante la protesta, los líderes recalcaron que la decisión de bloquear la vía fue adoptada tras agotar todas las instancias formales de diálogo. Detallaron que en los últimos meses suscribieron acuerdos orientados a garantizar el acceso a la tierra, la protección de líderes y lideresas, el respeto por la consulta previa y el fortalecimiento de los Consejos Comunitarios, pero que “los procesos no avanzaron”.
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Las comunidades reclaman el respeto pleno a sus derechos territoriales, étnicos y al derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Solicitan, además, la adopción de medidas efectivas para garantizar la protección de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.
Otro de los puntos centrales de su exigencia es el cumplimiento de los compromisos relacionados con el acceso a la tierra, la reparación histórica y el fortalecimiento de los Consejos Comunitarios.
El bloqueo de la ruta Tuluá-Andalucía se mantiene activo, con reportes en redes sociales de extensas filas de vehículos y demoras considerables para los habitantes que transitan por este corredor vial.
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La protesta busca una respuesta concreta del Gobierno Nacional, reclamando la presencia de funcionarios con capacidad de decisión que permitan “dar soluciones reales y definitivas a las problemáticas planteadas”.

Las demandas de las comunidades afrocolombianas tienen como eje la adjudicación de predios y el cumplimiento de acuerdos previos suscritos con el Estado. El malestar se agudizó al considerar que los avances pactados en mesas de concertación no se han materializado, lo que llevó a la movilización y al cierre indefinido de la vía como medida de presión.
El reclamo de las comunidades afrocolombianas del Valle del Cauca responde a un acumulado de acuerdos incumplidos sobre acceso a la tierra y garantías para la protección de sus derechos.
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A pesar de haber participado en diálogos y mesas de concertación con diversas entidades gubernamentales, los líderes sostienen que las soluciones no han llegado, por lo que decidieron bloquear el corredor vial Tuluá-Andalucía en demanda de respuestas y presencia de altos funcionarios.
Entre las exigencias finales, los voceros insisten en la necesidad de “la presencia de funcionarios con capacidad de decisión”, reclamando además que las soluciones sean “reales y definitivas”. La expectativa de las comunidades es que el Gobierno Nacional atienda sus requerimientos y avance en la resolución de los temas pendientes, evitando que la protesta se prolongue indefinidamente y continúe afectando la movilidad regional.
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