José Jaime Uscátegui pidió al gobierno electo revisar contrato de escudo antidrones antes de comprometer $800.000 millones

El representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui solicitó al gobierno entrante una revisión integral del contrato del Escudo Nacional Antidrones, un proyecto considerado estratégico para la defensa del país.

La petición surge ante la inminente adjudicación de un contrato cuyo valor inicial asciende a 800.000 millones de pesos, con una proyección de hasta 6,3 billones en fases posteriores, y luego de un retraso significativo frente al cronograma anunciado oficialmente por el Ministerio de Defensa.

Uscátegui subrayó que, de acuerdo con el cronograma publicado el 19 de marzo de 2026, la contratación debía concluir el 7 de mayo. Sin embargo, transcurridos más de dos meses desde esa fecha, el proceso no ha finalizado y carece de explicaciones públicas sobre los motivos de la demora y los posibles cambios introducidos.

“No estamos cuestionando la necesidad de fortalecer las capacidades de nuestra Fuerza Pública. Todo lo contrario. Colombia necesita con urgencia un sistema eficaz para enfrentar la creciente amenaza de los drones. Lo que estamos pidiendo es que el nuevo Gobierno no firme a ciegas un proceso estructurado por la administración saliente sin verificar que cumple con los más altos estándares de transparencia, competencia y conveniencia para el país”, afirmó el congresista.

El llamado de Uscátegui está dirigido tanto al presidente electo Abelardo de la Espriella como al vicepresidente electo José Manuel Restrepo.

El representante pidió a los futuros mandatarios a ordenar una revisión técnica, jurídica y financiera antes de comprometer recursos públicos de tal magnitud.

“El proceso supera en más de dos meses el cronograma anunciado por el propio Ministerio de Defensa”, enfatizó, advirtiendo sobre la necesidad de examinar aspectos como la igualdad de oportunidades para los oferentes, la coherencia entre las especificaciones técnicas y las necesidades actuales de la Fuerza Pública, así como la conveniencia financiera de una inversión que podría alcanzar 6,4 billones de pesos en el largo plazo.

El proceso Escudo Nacional Antidrones fue presentado como una convocatoria internacional, reuniendo empresas de decenas de países y estableciendo un cronograma público para la evaluación tecnológica y posterior contratación. No obstante, la persistencia de interrogantes sobre los motivos del retraso y las condiciones de la evaluación genera inquietud sobre la transparencia y equidad de la selección.

Uscátegui planteó como elementos centrales de revisión las razones del incumplimiento del cronograma, el modo en que se evaluó a las empresas, la garantía de igualdad de oportunidades y la correspondencia entre las especificaciones técnicas y los desafíos actuales de la seguridad nacional.

El representante también advirtió que este contrato antidrones forma parte de un paquete de adquisiciones estratégicas anunciadas por el gobierno saliente, en el proceso de una inversión superior a los 40 billones de pesos.

Dicho paquete incluye la compra de aeronaves de combate, más de 100 aeronaves adicionales, vehículos blindados, embarcaciones militares y otros programas de modernización para la Fuerza Pública.

“El Gobierno entrante heredará algunas de las decisiones más importantes en materia de defensa de las próximas décadas. Precisamente por su enorme impacto estratégico y fiscal, cada una de ellas debe ser revisada con absoluto rigor técnico, jurídico y financiero. No se trata de frenar la modernización de nuestras Fuerzas Militares, sino de garantizar que cada peso invertido fortalezca realmente la seguridad nacional y responda exclusivamente al interés de Colombia”, manifestó Uscátegui.

El congresista anunció que continuará ejerciendo control político sobre el avance de este proceso. Insistió en la necesidad de que, antes de cualquier decisión definitiva, el gobierno entrante ordene una revisión independiente que brinde confianza a la ciudadanía sobre una contratación de alto impacto para la defensa y la seguridad del país.

“No se trata de frenar la modernización de nuestras Fuerzas Militares, sino de garantizar que cada peso invertido fortalezca realmente la seguridad nacional y responda exclusivamente al interés de Colombia”, reiteró.

El objetivo, según Uscátegui, es asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente, que la contratación responda a los retos tecnológicos y que la protección de la soberanía nacional sea el eje central de cada decisión estratégica.