Director de la ANT denunció presunto despojo de tierras y amenazas contra campesinos: advirtió un “patrón de violencia” tras las elecciones

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, anunció que presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos casos de despojo de tierras, amenazas e intimidaciones contra campesinos beneficiarios de la reforma agraria, hechos que, según indicó, se habrían intensificado tras las recientes elecciones.

El funcionario explicó que las acciones judiciales buscan alertar a las autoridades sobre un posible patrón de violencia en predios recuperados por el Estado y entregados a familias campesinas, al tiempo que reiteró que la ANT continuará adelantando los procesos de formalización y adjudicación de tierras durante el empalme de gobierno.

Durante su pronunciamiento, Harman aseguró que la entidad ha identificado amenazas en varias fincas recuperadas para la reforma agraria y advirtió que podrían registrarse nuevos casos de desplazamiento forzado si no se adoptan medidas de protección.

“Ya hay un patrón de comportamiento en las fincas recuperadas por la reforma agraria. Hay más de seis fincas en las que han llegado a amenazar, a amedrentar a los campesinos en una semana. Nosotros no lo podemos pasar por alto, no podemos permitirlo. Y de forma clara y concreta, pongo en conocimiento de la Fiscalía quiénes serían los presuntos responsables de estas situaciones en cuatro regiones del país“, manifestó.

De acuerdo con el director de la ANT, las denuncias abarcan hechos ocurridos en departamentos como Córdoba, Meta y zonas del Magdalena Medio, donde, según afirmó, se estarían presentando fenómenos de intimidación, amenazas y presiones para que los beneficiarios abandonen los predios adjudicados por el Estado.

Harman mencionó a varios presuntos responsables en las denuncias

El funcionario señaló que dentro de las denuncias entregadas a la Fiscalía se identifican personas que, según afirmó, estarían relacionadas con las intimidaciones denunciadas.

“Estamos hablando de alias Don Julio, quien ha advertido a campesinos de las fincas de Puerto Boyacá y La Dorada que tienen que desocupar los predios; también en el departamento de Córdoba presuntamente estaría implicado en este fenómeno. Alias Gina estaría asociada a algunas amenazas que están recibiendo los campesinos de esta región. Y también un señor de apellido Meyendorff, de quien recuperamos dos fincas: una en Puerto López, Meta, donde llegaron incluso a golpear a los campesinos y a herirlos con arma larga; y otra en Buenavista, Córdoba, donde, bajo ese mismo esquema, actores armados les dieron 48 horas para abandonar los predios“, sostuvo.

Según explicó, estos casos hacen parte de la información entregada a la Fiscalía para que adelante las investigaciones correspondientes y determine las responsabilidades penales a que haya lugar.

La ANT pidió respaldo institucional para proteger a los beneficiarios de la reforma agraria

Harman aseguró que la Agencia Nacional de Tierras mantendrá el acompañamiento a las familias campesinas beneficiarias de la reforma agraria y pidió el respaldo de las instituciones del Estado para evitar nuevos hechos de violencia.

“No están solas, la reforma agraria llegó para consolidarse. El mensaje al país es rodear esas fincas de la reforma agraria. Lo que ocurra o pase en esas fincas va a desatar un nuevo ciclo de violencia y de despojo en este país. Nosotros no lo podemos permitir“, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado al nuevo Gobierno para que asuma una posición frente a las denuncias y garantice la seguridad de las comunidades campesinas. “Invito al nuevo gobierno a asumir una posición abierta sobre estos temas. Esto tiene que superar cualquier diferencia política, porque lo que no podemos naturalizar es que lleguen personas armadas a las fincas recuperadas para darle ultimátum a los campesinos y obligarlos a salir“, concluyó.

Las denuncias anunciadas por Harman se producen después de que la Agencia Nacional de Tierras emitiera un pronunciamiento público en el que rechazó la escalada de violencia registrada durante la última semana contra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes vinculadas a procesos de acceso a la tierra.

La entidad sostuvo que el recrudecimiento de los ataques obedecería, según su análisis, a una estrategia de actores criminales y particulares orientada a frenar los avances del Gobierno nacional en la implementación del Punto 1 del Acuerdo Final de Paz, relacionado con la reforma rural integral.

Entre los hechos mencionados por la ANT se encuentra el ataque ocurrido el 25 de junio en la vereda Nare, municipio de Puerto López (Meta), donde una familia campesina beneficiaria del programa de acceso a tierras en el predio La Primavera fue agredida por hombres armados que, según la entidad, ingresaron a la vivienda, golpearon a sus integrantes —incluida una menor de edad—, quemaron pertenencias y destruyeron sus medios de subsistencia.

La agencia también denunció amenazas de muerte contra campesinos beneficiarios en la Hacienda La Palmira, en Córdoba, predio recuperado por la ANT en julio de 2025; intimidaciones contra integrantes del consejo comunitario Zabaletas, en Tuluá, y amenazas contra un contratista de la entidad en Antioquia, atribuidas por la Agencia a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Además, recordó otros hechos recientes de violencia ocurridos en el país, entre ellos el asesinato del campesino Alfredo Vasco en el predio La Regina, administrado por la Sociedad de Activos Especiales, y el homicidio de la lideresa indígena Omaira Pancho en el municipio de Inzá, Cauca.