
El Consejo de Estado rechazó la solicitud que buscaba suspender el pago del salario y las prestaciones sociales de Wadith Manzur, ahora exrepresentante a la Cámara del Partido Conservador y uno de los involucrados en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión y Desastres (Ungrd).
La petición se sustentaba en que Manzur tiene vigente una medida de aseguramiento ordenada por la Corte Suprema en el expediente por el caso judicial de la entidad nacional. El accionante también pretendía que se declarara una inhabilidad permanente contra el representante a la Cámara y senador electo cordobés.
No obstante, el alto tribunal consideró que la medida ya carecía de objeto, debido a que el entonces congresista había sido suspendido por la Corte Suprema de Justicia el 11 de marzo de 2026.
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“La medida cautelar que se pide dentro del presente trámite de pérdida de investidura carece de objeto, puesto que con ella se busca evitar que el congresista ejerza el empleo y devengue salarios y prestaciones sociales para salvaguardar la moralidad pública y el erario, pero tales aspectos el juez penal ya los protegió con la providencia del 11 de marzo de 2026 en la que dispuso suspenderlo de su cargo. Además, no se aportó prueba que permitiera determinar que la medida de aseguramiento y la suspensión ya fue levantada”, se lee en el fallo revelado por el citado medio de comunicación.
Wadith Manzur integra una de las familias políticas de mayor peso en Córdoba y fue elegido el 8 de marzo para ocupar una curul en el Senado en el período 2026-2030. Su elección se produjo pese a los señalamientos que ya existían en su contra por una presunta compra de votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para favorecer las reformas del gobierno de Gustavo Petro.
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Investigación contra Wadith Manzur
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación, el representante a la Cámara Wadith Manzur habría actuado como vocero de un grupo de congresistas que condicionó su apoyo a proyectos legislativos a la asignación de contratos y obras financiadas por la entidad en sus regiones, de acuerdo con los hallazgos atribuidos a la Corte Suprema de Justicia.
La Corte ordenó su captura en marzo de 2026 y lo vinculó con un esquema de compra de votos en el Congreso a cambio de beneficios económicos y cargos. En ese marco, el expediente menciona una sesión en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público descrita como la “sesión más eficiente”, por la rapidez inusual con la que se aprobaron seis de nueve operaciones de crédito público.
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En las diligencias también aparecen menciones a Manzur en declaraciones de exdirectivos de la Ungrd: Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes están recluidos en centros penitenciarios y detallaron una presunta entrega de dinero a legisladores para facilitar el trámite de leyes.

Así mismo, se identificó que el congresista electo por el Partido Conservador para el periodo 2026 - 2030 habría duplicado su patrimonio entre 2021 y 2023, un crecimiento que incluyó predios en Córdoba, cuentas bancarias, inversiones y actividades agropecuarias que ahora están bajo escrutinio judicial.
En el reporte entregado a las autoridades fiscales en 2023, Manzur informó un patrimonio bruto de 4.139 millones de pesos y deudas por 940 millones. Su patrimonio líquido quedó en 3.198 millones de pesos. Ese resultado implicó un aumento de 1.894 millones de pesos frente a 2021. La variación, de acuerdo con la información revisada, significó casi duplicar su fortuna en apenas dos años, según una investigación de la revista Cambio.
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A su vez, el medio detalló que el congresista acumuló 47 inmuebles en Córdoba, de los cuales cuatro están en Montería y 43 en Cereté. Entre estos últimos figuran seis predios contiguos en la urbanización Villa Rosa.

Incluso, la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides declaró ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sobre el papel que habría tenido Manzur en la red de corrupción que afectó a la Ungrd.
Según la declaración ante la justicia, citada por Semana, Benavides expuso conversaciones en plataformas de mensajería instantánea en las que, según su versión, Manzur, entonces presidente de esa comisión, pedía cupos indicativos y contratos a cambio de garantizar su voto en proyectos económicos. También afirmó que actuaba como vocero de otros senadores y representantes interesados en la distribución de contratos en la UNGRD y en Invías.
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Por medio de su defensa, el congresista ha negado haber ejercido presiones para direccionar contratos de obra e interventoría.
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